El ALCA culminará la devastación de la producción nacional

El cumplimiento de las condiciones impuestas por Estados Unidos implica consolidar en Colombia el incesante trabamiento de sus fuerzas productivas en ciudades y campos, lo que equivale a volver permanente el derrumbe económico. A medida que la ausencia de capacitación, la legislación antilaboral y el alto desempleo, todos a una, extremen aún más la baratura de la fuerza de trabajo, la producción se destinará a renglones industriales menores y a determinados productos agrarios, en nuestro caso los llamados tropicales, que llegarán a precios de ganga a los mercados de Estados Unidos y de otras naciones desarrolladas. Y eso contando con que la “libre competencia” con las mercancías de deprimido valor procedentes de otros países de producción más raquítica que la nuestra, como dice un ansioso dirigente de los exportadores, no nos “gane la pelea”. A este destino de estancamiento económico y social le calza como guante esa estrategia de lo pequeño que llena las ilusiones de Uribe Vélez: bajo formas cooperativas, comunitarias o familiares, impulsar la pequeña producción realizada por parte de unidades empresariales pequeñas y distribuida a través de pequeños establecimientos comerciales para darle forma a un país de pequeños propietarios. Si se tiene en cuenta que en la gran división internacional del trabajo entre las naciones que entraña la política de globalización, Colombia queda en general excluida de los gigantescos y modernos avances industriales y tecnológicos mediante el expediente de confinarla a una economía cuya producción tenga el prefijo micro como distintivo, y en la que se expandan los tipos artesanales e informales del trabajo, el sueño que desvela a Uribe es la esclavización del país.

Como complemento de tal embotellamiento de la producción nacional, los monopolios norteamericanos, en una implacable toma, inundan el mercado nacional con sus mercancías salidas de los laboratorios, fábricas y granjas en Estados Unidos o de sus plantas y maquiladoras ubicadas en otros países y se apoderan de los grandes establecimientos y redes comerciales. Queda servido así el país para que el capital financiero de las multinacionales le aplique en grande la modalidad de la maquila en algunos sectores o industrias seleccionados. La cual no se limitará a las zonas especiales, ya que en armonía con el “manifiesto democrático” de Uribe, operará en toda la geografía nacional. Colombia recolonizada será una nación-maquila que terminará compitiendo con las semejantes extendidas en todo el mundo. Como las de Blangadesh, donde se paga a 220 pesos la hora de trabajo; o las de China, donde un obrero fabril recibe por dos días de trabajo lo que su similar japonés se gana en una hora, por lo que ya están venciendo a punta de salarios de hambruna a las de México, con la natural corrida de capitales hacia países como esos. Y a propósito, ese México así vencido, que fue pionero en tratados de libre comercio con Estados Unidos, refleja de cuerpo entero el futuro que se nos anuncia: allí, 97% de los componentes que utilizan en sus “maquilas” todavía hoy son importados y, como anotaba un obrero, “a pesar de que México ha albergado muchas fábricas de carros, nosotros no sabemos cómo hacer uno”.  

Todo este proceso neoliberal lleva en nuestro país tres lustros y sigue en marcha causando la mencionada hecatombe social. Para intensificarlo y consolidarlo, no sólo en Colombia sino en todo el hemisferio, el imperio norteamericano tiene como política central la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Con esta se intenta coronar el proceso de apertura abriendo plenamente los mercados al capital financiero y a los productos norteamericanos, lo que llevará a la pérdida del mercado nacional, a la carencia de seguridad alimentaria y a la postración de la industria y la agricultura, seguida de su suplantación por las de origen foráneo. Así, a la nación no solo le estará vedado el desarrollo sino que se le hará retroceder a sombrías épocas de atraso. En las determinaciones sobre economía y comercio que finalmente contengan lo acordado se patentizará la recolonización que enfrenta Colombia.  

Para la constitución del ALCA, proyectada para el final del año 2005, Estados Unidos ha manifestado que está dispuesto a llegar a ella a través de negociaciones con grupos subregionales ya existentes, tales como el formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Mercosur, Caricom y la Comunidad Andina de Naciones, de la cual hace parte Colombia. Pero simultáneamente se empeña en alcanzar acuerdos mediante negociaciones bilaterales con los países que así lo deseen, como es el caso de las que está a punto de culminar con Chile, o con aquellos que considere necesario, “dependiendo de las condiciones prevalecientes en el momento dado”, según expresa el subsecretario de Estado de EE.UU., Otto J. Reich. De todos modos, sean multilaterales o bilaterales las negociaciones, el imperio norteamericano ya cuenta con una situación de supremacía que le permitiría imponer su voluntad. No obstante, es innegable que esa supremacía sería apabullante para el país que entre en tratos bilaterales. Como se ve, la división que utiliza Washington para reinar en los treinta y tres países de América Latina, empieza por la actual división para negociar.  

Como lo más previsible es que el gobierno de Bush imponga mediante el ALCA su ley en la economía del continente y el de Uribe la acate e inicie su ejecución, se abrirá entonces un prolongado período en el que los millones de compatriotas vulnerados a causa de esa política solo tendrán una genuina alternativa: desplegar los valores patrióticos y democráticos que atesoran a fin de emprender múltiples acciones de resistencia contra este intento de consumar la recolonización.  

Los trabajadores aquilatarán la táctica de sus luchas

Puesto que expedientes como el ALCA son punta de lanza de la política que al servicio del capital financiero norteamericano lleva a cabo el gobierno de Bush, los trabajadores deben librar junto al resto de la población una lucha igualmente política y a fondo en su contra. Máxime cuando, como elemento esencial de la intensificación de la apertura neoliberal que esa política exige, el gobierno uribista está gestionando ante el Congreso reformas que arrasarán con más derechos laborales y escamotearán las pensiones de los trabajadores. De allí que, con la mira puesta en la ineluctable batalla, la clase obrera, en particular su movimiento sindical, al examinar las distintas modalidades que adoptó la aplicación de esa apertura, deberá analizar rigurosamente las no menos variadas resistencias que se le opusieron. En la síntesis de tales experiencias aparecerá sin duda la necesidad de cambiar enfoques y conductas que han estorbado la eficacia de su acción.  

No han sido pocas las ocasiones en que la lucha se ha desvirtuado debido a la figuración de un puñado de dirigentes sindicales que siempre están en plan de abandonar furtivamente las posiciones de combate para ameritar así las gratificaciones de variada especie que otorgan funcionarios y patronos. No es extraño que al conocerse estas rentables fugas, sus palabras suenen como monedas de palo en recintos, calles y plazas cuando los trabajadores exponen y discuten sus derechos, celebran sus paros o conmemoran sus luchas. Igualmente dañina ha sido la tendencia de algunos directivos de las centrales y federaciones sindicales a convertirse en funcionarios del gobierno de turno, ¡preferentemente en el Ministerio de Trabajo!, o de instituciones afines, como emulando la conducta antipatriótica de gentes tipo Hommes y Junguito quienes, cual si se moviesen graciosamente entre los caballitos de un tiovivo, van y vienen cínicamente de cargos en ramas del Estado a los de las organizaciones financieras o sus gremios y, lo que es más abyecto, a los de organismos internacionales que se ensañan en el país. Con la diferencia de que, al hacerlo, estos no se salen de los circuitos del poder financiero o imperialista, mientras que aquellos ingresan a ellos.  

La necesidad de orientar y educar a las bases de los trabajadores sobre la táctica adoptada ante cada acometida del gobierno, labor que corresponde a las direcciones sindicales, se ve a menudo socavada por declaraciones, tanto escritas como orales, en las que gastadas quejumbres reemplazan la denuncia y se esquivan con insulsas expresiones los llamados concretos a la lucha, como si la intención fuera escenificar simulaciones de oposición. Actitud que se desprende de la tendencia a centrar la defensa de los intereses de los trabajadores en melifluas posiciones de concertación y reconciliación. Se abre campo así la indigna rutina de llegar a las lamidas oficinas de funcionarios y gerentes a imprimirle la dosis de “controversia” que precisan las medidas y disposiciones antiobreras y antinacionales, episodios que estos aprovechan para presentarlas como resultantes de un proceso de discusión democrática. Es obvio que en estas circunstancias la desviación no reside en que se tengan las necesarias conversaciones y debates con funcionarios y patronos, sino en que se celebren con las fronteras de los contrapuestos intereses borradas y creyendo que la mesura y la concertación son más efectivas que las protestas, movilizaciones, huelgas y paros, las preciadas armas en manos de las bases sindicales que en tales casos se dejan en los anaqueles antes de cruzar la puerta de entrada a las reuniones de concertantes.  

Hoy más que nunca, todos los trabajadores precisan un cabal conocimiento del contenido y los fines de las políticas que la globalización neoliberal descarga sobre la producción y el trabajo nacionales, pues esa comprensión es un componente necesario del ánimo que les es menester para disponerse a las batallas, darlas a tiempo y afrontar sus peripecias y altibajos. Durante la última década los sindicatos han hecho reales progresos en superar el recortado ámbito de lo meramente gremial a fin de convertirse en destacamentos vivos, capaces de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre ellos. Las opresivas disposiciones que rebajan salarios, esquilman prestaciones, raponean pensiones y niegan derechos de organización, tienen un carácter político estampado por el imperialismo y la burguesía financiera, por lo que necesariamente antiimperialista y obrera debe ser su respuesta, allanando las tendencias ideológicas y partidistas presentes en las organizaciones sindicales. A la orden del día se pondrá la urgencia de dar esa respuesta teniendo en cuenta que tan importante como combatir a los ensoberbecidos funcionarios uribistas que impulsan esas políticas, así como a los altaneros presidentes de gremios que les hacen coro, es examinar constantemente hacia dónde se inclinan quienes vacilan frente a ellas y apoyar franca y resueltamente a quienes en cualquier grado lo hacen hacia la resistencia.

El imperialismo y la oligarquía ganan con la crisis que causan

Es necesario reiterar que el aspecto clave de la crisis de Colombia es su pérdida de soberanía económica y su manifestación más evidente es el atraso de la producción fabril y agrícola. Como fatal secuela, cada vez es más azarosa la situación de las personas afectadas: trabajadores con su energía y capacidad desechadas y empresarios no monopolistas con sus capitales en continuo detrimento; gentes que por oleadas son compelidas a desplazarse hacia los suburbios urbanos huyendo del marchitamiento agrario y las implacables ráfagas de la violencia, y familias que en los asentamientos urbanos se les deteriora y agota la vida a medida que los ingresos salariales se les reducen y los servicios públicos, en funesta hora entregados a la codicia privada, tanto nacional como extranjera, se les encarecen o simplemente se les niegan. Estas facetas de la situación, desprendidas todas de las políticas propugnadas e impuestas por Washington, revelan que el imperialismo, innombrable por algunos al apartarse de la izquierda y empezado a nombrar por otros al adquirir sensatez, es hoy el principal enemigo a enfrentar. Mas como en la globalización, que es su política, no hay crisis sin ganadores, a sus nefastos efectos sobre el país y las mayorías que lo habitan corresponde la bonanza monetaria para los bancos y corporaciones financieras gringas y la consabida tajada para la oligarquía financiera criolla.  

Basta mirar el monto de la deuda pública, el cual es un haber en la bolsa de los prestamistas, y el monto del servicio en intereses que demanda, para saber a manos de quién van a parar los valores de la producción y el trabajo que se les despojan a más de 40 millones de colombianos cuya situación se degrada a diario. No tiene nada de extraño que sobre esta realidad, al comparársela con la que soportan otros países, se registre que Colombia retrocedió a los niveles económicos que tenía hace dos décadas y que, como lo señala un índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas, las condiciones de vida de la población han descendido debido principalmente a la disminución del ingreso por habitante.

Cuando se menciona que a la economía, entendida como la que impone y aprovecha la élite financiera, le va bien mientras al país le va mal, no puede quedar oculto que el bienestar de aquella se engendra a costa de los reveses de la nación. De allí que los índices sobre mejoras o recuperaciones de la economía, que se esfuerzan los funcionarios del gobierno y los presidentes de los gremios por anunciar, vienen acompañados, en caso de ser ciertos, del agostamiento de los sectores productivos nacionales.  

Al cese del enfrentamiento armado se debe llegar mediante una solución política negociada

A la comprometida situación económica la viene acompañando una desaforada violencia que la empuja a insoportables extremos. Desde las trasnochadas elucubraciones de Belisario Betancur sobre las “condiciones objetivas” que la generaban, y que dieron pie a muchas de las irracionalidades de su nefasta administración, la violencia ha sido tratada de manera acomodaticia por los diversos gobiernos. Sacando a relucir sus bárbaros rasgos y el tremendo impacto que produce en la opinión pública, la presentación que de ella se hace ahora como germen de todos los males del país, tiene el doble propósito de ocultar el hecho de que la causa motriz de la debacle económica y social de la nación ha sido la política neoliberal impuesta por Estados Unidos y servir de pretexto, tanto a este, que se ha apresurado a encuadrarla dentro de su cruzada mundial contra el terrorismo, como al gobierno de Uribe, para justificar los planes antidemocráticos y antinacionales que están implantando. Negar tales artilugios que conducen a confundir los principales blancos de la resistencia civil, no implica desconocer que la violencia, principalmente la generada en el enfrentamiento armado de agrupaciones insurgentes con las fuerzas militares del Estado, se ha venido convirtiendo en un factor político de gran incidencia en la vida nacional, puesto que sus secuelas exacerban la crisis de la ya debilitada estructura económica de la nación.  

Ha sido siempre nuestro criterio que a ese enfrentamiento se le debe buscar una solución política negociada. Pero esta posición del MOIR, si bien coincide en su formulación general con lo expresado por las más disímiles fuerzas políticas, tiene fundamentos y propósitos que la diferencian de todas ellas. Lo que motiva al gobierno norteamericano y a la oligarquía colombiana a querer que cese el conflicto es garantizar ganancias en una calmada situación de “seguridad democrática” que haga viable en el país la expedita aplicación del recetario neoliberal del libre comercio, ahora empacado en ese súmmum de la apertura que es el ALCA. Por su parte, lo que anhelan las fuerzas y estamentos patrióticos y democráticos es que al cesar el violento enfrentamiento se extinga el azote que soportan amplios sectores de la población, se detengan los graves daños ocasionados a la producción nacional y se suprima el pretexto que -enmarcado en una amalgama de “luchas”, la vieja contra el narcotráfico y la más reciente contra el terrorismo- el imperio norteamericano aduce para su intervencionismo recolonizador en Colombia. Pretexto que la elite financiera nativa, ahora con el gobierno de Uribe a la cabeza, alcahuetea y aprovecha para marchitar derechos democráticos que la ciudadanía requiere a fin de sacudirse la opresión política y económica a que la tienen sometida ambos. Establecida la diferencia entre los diversos propósitos, el hecho es que con tal cese amplios sectores de la población tendrán mejores condiciones políticas y sociales para desarrollar su resistencia contra quienes constituyen la génesis de sus males.  

Esa resistencia por parte de las clases mayoritarias, incluidos los sectores de la burguesía nacional en quienes aliente una posición patriótica y democrática, deberá adquirir un desarrollo que ocupe cada vez mayores espacios políticos, cualifique la lucha de clases al concentrar esfuerzos en la lucha contra la globalización norteamericana y unifique con tal propósito a todo el país. Convencidos de que sólo la marcha que en esta dirección emprendan las mayorías puede proporcionar una salida salvadora a la nación, hemos rechazado las pretensiones de involucrar forzadamente a la población en el actual enfrentamiento bélico, ya que es al Estado y a las organizaciones insurgentes a quienes les corresponde dirimirlo. Cuestión esta confirmada por los intentos militares y diplomáticos, así desafortunadamente hayan sido infructuosos, que ambos han hecho durante lustros buscando una solución.  

Los colombianos, de tiempo atrás víctimas de los aguijonazos de la desaforada violencia, se ven sometidos ahora por el gobierno de Uribe Vélez a medidas económicas que desgracian aún más su existencia y a decretos que restringen y pisotean sus ya reducidos derechos y libertades democráticos, como los expedidos al amparo del Estado de Conmoción Interior. Y para redondear esta embestida, ese gobierno se empeña en convertirlos en sujetos de guerra, lo que significaría que a la política de sudor y lágrimas que tan expresamente anunció y tan acuciosamente les está haciendo sufrir, le quiere agregar ahora la sangre, como si no bastase con la que han venido regando aun estando al margen del enfrentamiento armado. No tiene ninguna razón legítima –ni ética, ni política, ni constitucional- un gobierno como el de Uribe, que se rige por una política antinacional y antipopular, para forzar a los nacionales, ya abiertamente ya mediante artilugios, a que se conviertan en cruzados de su belicismo, mientras les coarta las condiciones económicas y los espacios democráticos que precisan para empezar a sacudirse, con sus propios esfuerzos y respondiendo a sus propios y caros intereses, todas y cada una de las violencias que los agobian.

Nuestra presencia en el Senado

La campaña electoral para elegir el nuevo Congreso nos permitió exponer ante un mayor número de gentes que sólo la resistencia civil por la soberanía, el trabajo y la producción que ellas mismas forjen podrá extirpar sus crecientes adversidades. Y les expusimos también que su apoyo electoral a la candidatura del compañero Jorge Enrique Robledo nos permitiría introducir en una importante rama del Estado a un impecable vocero de esa resistencia. Al depositar su voto, más de 45.000 personas posibilitaron la conquista de la curul en el Senado y demostraron así su consecuencia en la defensa de los intereses de la nación y de los principios democráticos que deben regir en la sociedad. La votación obtenida por la Unidad Cívica y Agraria-MOIR posee un contenido que trasciende las comparaciones meramente cuantitativas y refleja la existencia de un núcleo avanzado de colombianos que jugaron un papel activo en ella. Por los nítidos perfiles de la campaña que la obtuvo y los escasos recursos con que se realizó, constituye un éxito político que, inscrito en el contexto de la prolongada marcha de la resistencia, sobrepasa con creces las adhesiones personalistas y clientelistas de muchas de las candidaturas a los cuerpos legislativos. Sus rasgos distintivos se conservarán en la actividad parlamentaria del compañero Robledo, sin que este hecho excluya, y más bien sirva de confiable y firme base, a la necesaria confluencia con otras fuerzas políticas en defensas concretas de los intereses nacionales.

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