NEOLIBERALISMO Y DESASTRE AGROPECUARIO[1]
Jorge Enrique Robledo Castillo[2]
Los problemas del sector agropecuario colombiano no
empezaron con la apertura. Con anterioridad a esta política también existían
sesgos en su contra, en comparación a como trataban los gobiernos de los países
desarrollados a sus agricultores y ganaderos. En un país en el que no se
producían tractores ni maquinaria agrícola, los aranceles a los equipos
importados eran de los más altos del mundo. Tampoco había crédito abundante y
barato como se requería. Los costos de los agroquímicos siempre fueron de
monopolio. Los precios de sustentación, cuando y en los cultivos en que
existieron, nunca satisficieron por completo las necesidades de los
productores. Las redes institucionales de comercialización en general brillaban
por su ausencia. Los distritos de riego, claves en la modernización
agropecuaria, no tenían la extensión deseada. Y la educación, investigación y
asistencia técnica especializadas estaban bien distantes de las que se disfrutaban
en las potencias. En consecuencia, la modernización empresarial no tenía los
niveles de los países que se hallaban en la vanguardia tecnológica y productiva
y buena parte del sustento alimentario nacional se apoyaba en las débiles
espaldas de un campesinado pobre o medio que, para agravar las cosas, en una
proporción muy considerable laboraba en las empinadas laderas andinas.
Entre las trabas oficiales al incremento de las
productividades de antes de 1990 también contó, y de qué manera, que las importaciones
de productos agropecuarios constituyeron un flagelo que azotó periódicamente a
los productores, siempre con el pretexto de combatir la inflación. A lo largo
de este siglo también hubo aperturas en 1935, 1954, 1966 y entre 1973 y 1982,
además de las numerosas importaciones puntuales que generalmente llegaron en el
preciso momento en que salían las cosechas nacionales, según las denuncias de
las agremiaciones del sector. Cómo olvidar que Colombia fue autosuficiente en
trigo hasta 1956, año a partir del cual los gobiernos decidieron entregarle el
mercado nacional a los llamados “excedentes” de los Estados Unidos,
importaciones que se hicieron baratas hasta cuando lograron el cometido de
desaparecer en la práctica la producción nacional.
Al agro también lo afectaba negativamente el
contrabando, actividad que en Colombia siempre ha contado con la evidente
complicidad de todos los gobiernos. El sesgo antiagrario de antes de la
apertura aparece igualmente en el trato dado a los caficultores, sometidos desde
siempre a gravámenes discriminatorios y regresivos, exacciones que Rodrigo
Marín Bernal calculó en 3.600 millones de dólares entre 1970 y 1995.
Por esa falta de garantías para producir en el campo,
buena parte de su atracción a los inversionistas estuvo, más que en la
producción propiamente dicha, en el incremento del precio de las tierras,
valorización que justificaba sostener negocios con rentabilidades relativamente
bajas a la espera de que en la venta de las fincas se hiciera una ganancia
capitalizada. Por su parte, los campesinos y los indígenas sobrevivieron
amparados por débiles economías de autoconsumo que se fundamentaban en la
sobrexplotación de la mano de obra familiar y en su notoria pobreza.
Entonces, una de las grandes falacias sobre las que
se montó la apertura consistió en señalar que el agro nacional estaba
excesivamente protegido y que si no se había desarrollado más era porque los
empresarios y los campesinos habían abusado del llamado “paternalismo” estatal.
Pero, y a aquí el pero es del tamaño de una cordillera, también era cierto que
si bien el sector no funcionaba como debía, de él derivaban su sustento
campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios, quienes, además, le hacían
aportes significativos al desarrollo del país.
Estando así las cosas, con un desarrollo mediocre en
el agro (y también en la industria), se facilitó el ardid neoliberal de
plantear que el proteccionismo había fracasado y que, por tanto, la felicidad
cubriría a los colombianos si se abría el país a las importaciones foráneas y
si se eliminaba o reducía hasta el mínimo el apoyo del Estado a los
productores. Los conceptos “protección”, “subsidio” y “respaldo” fueron
proscritos porque, según decían los aperturistas, alcahueteaban la ineficiencia
y la pereza de los empresarios y los campesinos y estimulaban la corrupción
estatal. Para justificar la doctrina de “sálvese el que pueda” y dejar
expósitos a los nacionales ante las asechanzas foráneas, también se dijo, y sin
ruborizarse siquiera, que el país invadiría al mundo con sus productos.
Fue tanta y tan sistemática la ofensiva ideológica de
los aperturistas, que para los que no estaban al tanto pudo parecer que sus
recetas tuvieron respaldo unánime. Eran los días en que cualquiera que se
declarara neoliberal disfrutaba de enjambres de micrófonos que le amplificaban
sus ocurrencias y como por encanto lo convertían en sapiente estadista. La
celada se completó calificando de “dinosaurios”, “seres del pasado”,
“paternalistas”, “enemigos del progreso” y hasta “cómplices de la corrupción
oficial” a quienes nos opusimos al engendro, apelando al manido truco de
reemplazar el análisis sobre las hechos por el ataque a las personas.
Pero a pesar de la andanada neoliberal, los
opositores dejamos nuestras constancias, optimistas con el resultado que a la
postre tendría el debate, porque sabíamos que el “bienvenidos al futuro” de
Gaviria no era más que el intento de meter como novedoso el refrito de las
doctrinas que en los siglos XVIII y XIX acuñara Adam Smith, ciudadano inglés que
había teorizado para servirle al imperio del cual era súbdito y con el obvio
propósito de impedir que Francia, Alemania, Estados Unidos y los restantes
países que podían competirle pudieran salir del atraso productivo y desarrollar
economías capitalistas prósperas.
En letras de molde quedaron las advertencias de que
la aplicación del modelo neoliberal conduciría la nación al matadero. Así se
dijo en los muchos análisis publicados en las revistas Deslinde y Agricultura
Tropical en estos nueve años y en los de analistas tan autorizados como
Abdón Espinosa Valderrama, Jaime Carvajal Sinisterra, Fabio Echeverri Correa,
Antonio Alvarez Restrepo, Samuel Hoyos Arango, Jorge Child y, especialmente,
Eduardo Sarmiento Palacio, quien, por nueve años y en una valerosa columna
semanal, ha desmontado uno a uno los infundios neoliberales y dejado en
ridículo la supuesta sabiduría de sus más connotados voceros. Inclusive, y
cuando Gaviria aun no había culminado su compraventa de conciencias, Salomón
Kalmanovitz, en ese momento un simple profesor universitario, sometió al
escarnio público a Rudolff Hommes, porque éste había escrito, antes de que lo
nombraran ministro y refiriéndose a la apertura, que “los mercados
internacionales son oligopolios más competitivos y la primera víctima de la
competencia internacional sería la industria nacional”[3].
Entre las muchas cosas que quedaron claras en los
orígenes de la apertura estuvo la de que ella no era el producto de la
genialidad de algún cerebro criollo y que se estaba ante la definitiva
concreción de una emboscada que se intentaba desde antes. Dos años antes de
definirla, el 7 de noviembre de 1988, en el periódico El Tiempo, el ex ministro de hacienda Edgar Gutiérrez Castro
advirtió que Colombia estaba siendo sometida “a un peligroso desmantelamiento
de los controles sobre sus importaciones”, por cuenta de “una política dictada
por el Fondo Monetario Internacional”. Por su parte, a los pocos días de
aprobada la definitiva desprotección del mercado interno, Abdón Espinosa Valderrama,
ministro de hacienda del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, explicó la
decisión como el producto de un chantaje y agregó que se estaba ante una
estrategia ya ensayada y fracasada en Colombia. Según éste,
“El equipo económico del gobierno (de Barco) ha dado, en sus
postrimerías, prueba de heroico estoicismo al guardar escrupuloso silencio
sobre el origen de la mal llamada apertura de la economía colombiana. Ha
preferido asumir valientemente su responsabilidad a compartirla con la
institución de donde provino su exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento de sus créditos.
En efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos, (...).
Si (el gobierno) quería obtener nuevos préstamos, siquiera equivalentes al pago
de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones, o, en términos más
benignos, abrir su economía...
Anteriores experimentos de liberación de importaciones, también
impuestos desde afuera como supuestos requisitos de la aceleración del
desarrollo, tuvieron adversos resultados: estrangulamiento exterior en 1966 y
recesión económica en 1981-82”[4].
También se advirtió que en el caso de los productos
agropecuarios que hacían parte de la oferta de las grandes potencias, los
agricultores y ganaderos colombianos no darían ni un brinco, porque en esas
naciones trabajaban, entre otras ventajas, con el respaldo de unos subsidios
que sumaban la enorme suma de 320 mil millones de dólares anuales, aportes que
no iban a ser desmontados por la retórica del mal llamado “libre comercio”,
como quedó demostrado en la Ronda de Uruguay, donde Estados Unidos y sus socios
en el control del Banco Mundial apenas aceptaron disminuirlos en 21 por ciento,
dejándolos en 252.800 millones de dólares al año (!)[5],
promesa que por supuesto tampoco cumplieron. Y que ese comercio internacional
de productos agrícolas y pecuarios era aun más corrupto que las muchas
corruptelas nacionales que usaban los aperturistas como pretexto para dejar
indefensos a los productores colombianos, lo explicó Carlos Gustavo Cano,
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, cuando dijo:
“(se) sabe que el comercio internacional de dichos bienes no solo no es
diáfano sino que es muy oscuro y que, bajo su turbia sombra, la supuesta
corrupción de los organismos públicos que intervienen en él es apenas un pálido
reflejo de la del sector privado y transnacional”[6].
Otra de las afirmaciones que se hicieron anticipando
la gravedad del impacto de la apertura sobre toda la nación fue la muy certera
de Darío Múnera Arango, presidente de la Junta Nacional de la Andi, quién
señaló:
“entonces yo llego a la tesis de que la competencia no es entre empresas
sino entre naciones, naciones completas (...) en el ámbito internacional, más
que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial juega
la capacidad nacional de competencia”[7].
Significaba con ello Múnera Arango que en el precio
de cualquier mercancía que se envía por el mundo, lo principal, lo
determinante, no es la voluntad de los individuos que la producen sino las
circunstancias en que ellos actúan, es decir, las condiciones nacionales que les hayan permitido, o no, acumular
grandes capitales y las tecnologías que de ellos se derivan, y si se benefician
de maquinarias con precios razonables, de créditos abundantes y baratos, de
insumos con precios bajo control, de altos niveles de educación, investigación
científica y asistencia técnica, de grandes y pudientes mercados internos, de
enormes obras de infraestructura, de fletes internos baratos, de subsidios
abiertos y encubiertos, de barreras proteccionistas arancelarias y
fitosanitarias y de las restantes garantías que, en últimas, determinan quién
vence a quién en la competencia internacional. Lo determinante del papel de las
condiciones generales de la economía en el éxito o fracaso de los individuos,
lo ilustra bien un ejemplo: por inteligente y fuerte que sea y por mucho que
entrene un nadador, poco saca si el encargado de ponerle la temperatura al agua
de la piscina la sube a cien o la baja a cero grados, así éste le monte una
cantaleta acusándolo de no mover bien los brazos o de no respirar
adecuadamente, como hacen los aperturistas con los productores nacionales.
Una vez se hizo el ejercicio de comparar cómo se
producía en el agro de Colombia y en el de Estados Unidos, por ejemplo, quedó
claro que la capacidad nacional de
competencia de los colombianos era bastante menor, y no solo porque los
subsidios de esa potencia a su sector agropecuario sumaban unos 80 mil millones
de dólares al año. Cuando la apertura empezó, toda la producción se hacía allá
con equipos de significativo poder y, con frecuencia, por auténticos monopolios
que controlaban capitales e inversiones inmensas, porque no existía la
producción campesina, entendida ésta como la que hacen quienes carecen de
manera absoluta de un capital o lo tienen de muy escaso monto y deben entonces
laborar con sus manos y las de su familias, sin contratar mano de obra
asalariada o en muy poca cantidad, y sin el empleo de maquinarias que les aumenten
la productividad de su trabajo. También se señaló que los precios de
sustentación norteamericanos eran tan efectivos que hasta habían permitido
garantizarles el ingreso a los agricultores para que no sembraran o pagarles,
por cuenta del Estado, el sacrificio de millares de vacunos y el derrame de
millones de litros de leche, para impedir superproducciones consideradas
indeseables. Eran tan notorias las diferencias en las tasas de interés de los
créditos, que no es del todo exagerado decir que allá los productores pagaban
por el dinero en un año lo que aquí se les cobraba en un mes, con esos
intereses menores expresándose también en las cartas de crédito utilizadas por
los intermediarios de otros países que compraban sus exportaciones, negocios
que solían ser impuestos a los países atrasados con la complicidad de los
organismos financieros internacionales. En tanto aquí el riego apenas
respaldaba una porción pequeña del área sembrada, allá era prácticamente
omnipresente, gracias a que desde la década de 1930 el Estado había hecho por
su cuenta grandes inversiones en represas y canales. Mientras en esas tierras
los fletes se abarataban por el común empleo de ríos y ferrocarriles como
sistemas de comunicación, en éstas casi todo se cargaba por carretera, el sistema
de transporte más costoso que existe después del aéreo. En tanto allá existía
una formidable red de universidades públicas gratuitas y multitud de centros de
investigación financiados por el gobierno, que ponían a disposición de los
productores especialistas a porrillo y casi que a diario semillas mejoradas y
avanzados recursos para controlar las plagas, aquí apenas había unas pocas
facultades de agronomía y veterinaria signadas por la escasez de recursos, y
los institutos de investigación, mal dotados y financiados, eran la excepción y
no la norma, a pesar de que en los países de las zonas templadas los gélidos
inviernos se encargan de hacer fuertes controles fitosanitarios cada año,
mientras que en las regiones tropicales las plagas se reproducen y mutan con
extraordinaria rapidez, realidad que genera diferencias naturales enormes y de
grandes consecuencias a la hora de competir. Para completar el cuadro de las
desemejanzas, allá solo se producía en tierras planas y aquí buena parte de la
agricultura y la ganadería se hacía en las montañas, donde ni siquiera era
posible beneficiarse de muchas de las posibilidades que ofrece el empleo de la
rueda. En resumen, a cada agricultor y ganadero norteamericano lo llevaban de
la mano el Estado y la capacidad nacional
de competencia que los gobiernos habían creado y mantenían, cuando en
Colombia ocurría todo lo contrario. Y las garantías en Europa y Japón eran aún
mayores.
Las diferencias anotadas entre las capacidades
nacionales de competencia son las que en últimas explican las grandes
distancias entre las respectivas productividades del trabajo, el indicador que
por excelencia marca los niveles de tecnificación de las faenas y de desarrollo
de las naciones. En el caso del arroz, por ejemplo, los trabajadores norteamericanos
tienen una productividad 4.6 veces mayor que la de los colombianos[8],
así las producciones del cultivo por hectáreas sean similares.
También se explicó que si todos los gobiernos de
todas las potencias protegían sin escrúpulos a su agro, no lo hacían porque
sufrieran de una particular estupidez que los indujera a convertir en perezosos
a sus pueblos -como podría deducir algún neoliberal ignorante-, sino en razón
de las conveniencias de sus monopolios y del conjunto de sus naciones. Porque en
el capitalismo el agro termina por desaparecer sin la debida protección del
Estado, porque los menores precios de los alimentos disminuyen el precio de la
mano de obra y, por esa vía, de todas las mercancías, porque los consumos de la
producción agropecuaria jalonan la industria y el resto de la economía, porque
las exportaciones de productos agrícolas constituyen una parte vital de sus
comercios exteriores, hasta el punto que en 1995 las norteamericanas superaron
los 50 mil millones de dólares, y, por sobre todo, porque país que no garantice
la seguridad alimentaria de su
pueblo perderá su soberanía nacional y será indefectiblemente sometido a lo que
le quieran imponer los que le vendan y controlen su comida, y especialmente los
cereales, el alimento estratégico por excelencia.
Sin lugar a dudas, en la campaña neoliberal tendiente
a convencer a los colombianos de que la soberanía nacional ha caducado en la
era de la "globalización", también cuenta que así se prepara el
terreno ideológico para eliminar o reducir hasta la insignificancia la
producción cerealera, sin que se generen protestas proporcionales al tamaño del
atentado. Así se entiende porqué la ministra de agricultura de Samper, cuando
le preguntaron qué opinaba acerca de que las importaciones de maíz hubieran
pasado de 17 mil a 1.7 millones de toneladas a partir de 1990, tuvo el descaro
de responder:
“Colombia tiene que entender que no puede ser un país competitivo en
producción de cereales”[9],
afirmación que si se hubiera hecho en cualquiera de
los países desarrollados que los aperturistas criollos dicen imitar, habría
provocado la destitución fulminante de la funcionaria o la caída del gobierno.
Lo otro que se aclaró fue por qué el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional, los cancerberos de los intereses de los
monopolistas norteamericanos y de las restantes potencias, decidieron pisar el
acelerador de la política aperturista precisamente en ese momento. Según Lester
Turow, decano de la escuela de administración del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT):
“tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo,
calcule a cuanto habrá de comprarlo el mundo, y habrá cuanto menos un 30 por
ciento de exceso de capacidad de producción”[10].
Y para el caso del agro, Turow detalló:
“el mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer
los que tienen dinero para pagar. Ningún gobierno firmará un acuerdo que
obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus
tierras a retirarse de la agricultura”[11],
con lo que dejó claro que la humanidad padece por una
de las clásicas crisis de superproducción que periódicamente azotan a las
economías de mercado, que la apertura busca sacar tierras, agricultores y
ganaderos del negocio agropecuario como solución
a ese exceso de capacidad productiva y que cuando habla de “ningún gobierno” no
se refiere a los de Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, sino a los de Estados
Unidos y de las restantes potencias.
La ruina de millones de productores urbanos y rurales
en todo el mundo no es, entonces, una consecuencia impensada de las
orientaciones neoliberales, sino su principal propósito. Si en esta etapa los
monopolistas y en general los empresarios de los países desarrollados no logran
eliminar competidores en todo el orbe, la política habría fracasado. Es obvio
que la idea de crear mercados de envergadura global presupone la consolidación
de capitales de esa misma amplitud, es decir, de carácter monopólico y
transnacional, los únicos capaces de actuar en cada rincón de la tierra, y
presupone, también, la tendencia al desaparecimiento de todas las formas
económicas no monopolistas, bien sean empresariales y, naturalmente,
campesinas. Entonces, otra de las mentiras de la época consiste en decir que la
apertura estimula la competencia entre todos los productores, como si fuera
posible que ella se diera haciendo caso omiso del tamaño de los competidores,
razón que explica porqué en el deporte, la actividad humana competitiva por
excelencia, se compite pero dentro de categorías precisamente establecidas. Sin
duda alguna, el público reclamaría indignado contra un promotor de boxeo que
metiera en el mismo ring a un peso pesado y a un peso pluma, así a éste lo
hubiera tramado dictándole varios cursos para mejorarle su autoestima.
Que por diversas razones que no es del caso detallar
aquí, en Estados Unidos, Japón y Europa exista una política que se empeña en
mantener con vida a sectores de productores no monopolistas en su agro, no debe
entenderse como que éstos, y los del resto del mundo que logren sobrevivir,
quedarán exentos de tributarle al gran capital transnacional. Aun si a esos
productores se les permitiera mantenerse en el negocio indefinidamente, jugando
el papel de concentrar parte de la producción alimentaria del mundo, serán cada
vez más una especie de siervos de los monopolios de agroquímicos, de semillas y
comerciales. Que se trata de empresas que poseen poderes cada vez más
descomunales y que actúan en los más diversos campos, como corresponde con la
época de la definitiva consolidación del capital financiero como el amo y señor
del capitalismo, lo muestra bien el caso de Cargill, conglomerado que tuvo
ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996 y que controla el 25 por ciento
de las exportaciones de grano, un quinto del procesamiento de maíz y un cuarto
del triturado de semillas oleaginosas de Estados Unidos, país donde también
posee trescientos elevadores de grano. La diversidad de intereses de Cargill,
que tiene 79.000 empleados, activos en 65 países y comercia con 100, incluido
Colombia donde compra café, se entiende mejor cuando se sabe que
“produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú.
Desarrolla una semilla de maíz en Pakistán, para alimentar los pollos que
sacrifica en Tailandia y se consumen en Japón"[12]
El corolario de estas políticas de concentración de
la riqueza podría ser la adquisición de las mejores tierras de todos los países
que lo permitan por parte de las transnacionales de los imperios, en todo de
acuerdo con el acaparamiento que ya se observa en las finanzas, la industria y
el comercio. Lo ocurrido en Argentina, donde el área comprada por dos
inversionistas, uno norteamericano y otro europeo, suma más de medio millón de
hectáreas, alerta lo que podría terminar ocurriendo en Colombia y en todas
partes.
Además, era previsible que países distintos a los
desarrollados también pusieran en aprietos la producción nacional, como sucede
con el Ecuador, pues dado su menor desarrollo relativo poseen costos de mano de
obra substancialmente inferiores a los colombianos. Eso es lo que ocurre con
Tailandia, país que en el arroz tiene una productividad del trabajo 21 veces
inferior a la colombiana[13]
y, sin embargo, es el primer exportador del mundo.
Y que no digan los neoliberales que no se les
advirtió que las licencias de importación de la apertura le darían “patente de
corso” al contrabando, forma de corrupción que, además, se facilitó con las
primeras determinaciones legales del gaviriato; o que no era obvio que los
acuerdos subregionales, como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
podían servir para triangular importaciones norteamericanas o de cualquier otra
parte, como en efecto ha ocurrido.
La tesis neoliberal de que el agro colombiano debía
dedicarse exclusivamente a los productos tropicales de exportación, porque en
ellos las ventajas del clima liberaban al país de tener que competir con los
productos de las zonas templadas de Europa, Estados Unidos y del hemisferio
sur, también fue rebatida. Y lo fue porque era apenas natural que más de medio
centenar de países pobres dedicados a sembrar lo mismo agravarían la tendencia
a la superproducción de esos cultivos y la caída de los precios, experiencia ya
comprobada en el banano y el café; porque carecía de sentido común emplear las
posibles exportaciones de pitayas, por ejemplo, como pretexto para justificar
las importaciones de maíz; y porque en esos productos de exportación los
cultivadores nacionales terminan por dejar de ser campesinos y empresarios
libres para convertirse en una especie de peones de las transnacionales que
monopolizan la comercialización internacional, como gráficamente lo explicara
un bananero del Magdalena. Por otro lado, este disparate teórico genera una
nueva amenaza, en estos días en que la ingeniería genética abre posibilidades
hasta hace poco insospechadas: si en el futuro la manipulación de los genes de
las plantas permitiera sembrar banano en la Florida, café en Alemania y los
demás cultivos tropicales en cualquier parte donde el clima hoy no lo permite,
¿la nación colombiana también deberá resignarse a abandonar lo que le han
autorizado producir las potencias en esta etapa y aceptar que sus tierras solo
sirvan para cargar rastrojos? ¿Será a esto a lo que aspiran las concepciones
más agresivas del imperialismo ambientalista, las cuales buscan crear en el
orbe zonas “pulmones” que descontaminen lo que contaminan las potencias?
Por lo demás, la preocupación anotada atrás de que
las transnacionales vienen hasta por la producción agropecuaria, incluida la de
los cultivos tropicales, ya tiene base material en Colombia. Fuera de desalojar
de buena parte de la comercialización del banano de Urabá a las empresas
nacionales, las compañías extranjeras han incursionado en la producción
bananera de esa región, donde ya poseen más de seis mil hectáreas. Lo más
reciente al respecto es que Dole ya
adquirió tres de las principales empresas que cultivan flores en la sabana de
Bogotá, compra que no por casualidad coincidió con la decisión norteamericana
de cesar en las acusaciones de dumping
en las Cortes de ese país en contra de las exportaciones colombianas.
Obviamente, también se resaltó que la apertura
llevaría a un rotundo descalabro por otra razón, además de las ya anotadas: la
existencia de una pavorosa violencia que se ha enseñoreado particularmente del
campo y que, por supuesto, hace bien difícil, cuando no imposible, atender como
se debieran la agricultura y la ganadería.
A pesar del conocimiento de estas verdades, las
cuales se encuentran todas en los textos elementales de economía, los
neoliberales empotrados en el poder decidieron aplicar la totalidad de unas
recetas en las que apenas jugaron el melancólico papel de traducirlas del
inglés, sólo que tuvieron que hacerlo con un inconveniente: quedaron impedidos para
defenderse alegando que nadie les había anunciado lo que sucedería, aun cuando
la verdad es que hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para conseguir la
unanimidad del pensamiento, mediante la oferta de puestos, prebendas y
contratos y el empleo de amenazas, exclusiones y castigos.
Luego de los análisis reseñados, no había que ser
adivino para prever cuál sería el resultado de la introducción del llamado
"mercado libre" en el comercio internacional del café, de la baja de
los aranceles a los productos agropecuarios importados y de la eliminación o el
debilitamiento del respaldo estatal al agro nacional. ¿Y qué ocurrió?
¿Progresaron la agricultura y la ganadería? ¿Creció la riqueza y el empleo? ¿Se
redujeron la pobreza y la miseria? ¿Hubo un salto hacia el futuro o Colombia
cayó como una piedra hacia el pasado?
Entre 1992 y 1999 desaparecieron cerca de seis
millones de sacos de café de la cosecha nacional y los cafetales que superaron
la edad crítica pasan del 40 por ciento del total, todo lo cual agravó la
pauperización de los cafeteros que venía de atrás: el 95 por ciento sobrevive
con cafetales de menos de cinco hectáreas, el 88 por ciento con menos de tres y
el 60 por ciento con menos de una, situación que el editorial de La República del 11 de diciembre de 1997
resumió como que "se avanza en un acelerado proceso de
proletarización" del sector. Si las cosas no son peores, fue porque con la
lucha de los agricultores, en la que ocupó papel importante la orientación de
Unidad Cafetera, se consiguió la condonación total de cerca de cien mil deudas
bancarias anteriores a 1994. Pero no obstante este logro, lo cierto es que la
caída de la producción interna es tan grave que ya el ministro de hacienda, con
todo desparpajo y sin proponer medidas de fondo para evitarlo, anunció la muy
probable importación de café en el año 2000 (!!!). Ver para creer.
La situación de los otros renglones es, si se quiere,
más grave. Los cultivos transitorios disminuyeron en 800 mil hectáreas y la
participación del agro en el Producto Interno Bruto se redujo en casi cuatro
puntos, una pérdida enorme si se tiene en cuenta que se trata de un indicador
macroeconómico y que los productos de pancoger le ayudan a las cifras porque
son muy resistentes a la ruina, dada la proverbial capacidad campesina para
apretarse el cinturón. Prácticamente desaparecieron el algodón, el maíz, la
cebada, el sorgo, el tabaco y la soya, en tanto disminuyeron el arroz y tantos
más. Las rentabilidades, claves porque de ellas depende el futuro de los productos,
han caído en picada en los sectores sobrevivientes, como lo ilustra el caso de
la ganadería, otrora símbolo de prosperidad. Y son decenas de miles los
agricultores y ganaderos entrampados por créditos impagables, que amenazan con
despojarlos hasta de la propiedad de las fincas y parcelas, mientras los bancos
no aceptan los predios rurales como garantías hipotecarias. De ahí que no tenga
nada de extraño que 72 de cada 100 habitantes en las zonas rurales ya no sean
pobres sino miserables, pues aparecen por debajo de la “línea de pobreza” que
define el gobierno.
Cada una de las causas del desastre es conocida.
Utilizando una supuesta lucha contra la corrupción como el pretexto favorito
para justificar cualquier atentado contra los colombianos, se eliminaron o
debilitaron las medidas e instituciones que en algo respaldaban el agro. Así se
liquidó el Idema y con él los precios de sustentación que algún control
ejercían sobre las maniobras de los intermediarios; las tasas de interés de los
créditos para el sector se igualaron con las comerciales y éstas se llevaron a
niveles confiscatorios; el precio de los insumos se dejó al arbitrio de los
monopolios de agroquímicos; a la Caja Agraria se le redujeron sus recursos
hasta anquilosarla, primero, y liquidarla, luego; la investigación se redujo a
casi nada y se le quiere entregar la responsabilidad de hacerla a las débiles
agremiaciones de los productores y los precios de los combustibles y las
tarifas de los servicios públicos y los impuestos se escalaron para poder
auspiciar las privatizaciones y compensar las bajas de los aranceles a las
importaciones.
Como era de esperarse, los productos de exportación
no se salvaron de la crisis, colocando nuevamente al desnudo la estulticia
neoliberal, la cual los propuso, y con cinismo lo sigue haciendo, como la
salida del sector. El café, además se sufrir por las mismas razones del resto
del agro, fue la primera víctima de las concepciones neoliberales. El
rompimiento del Pacto que le ordenaba su comercio internacional le entregó a
las transnacionales la libertad de esquilmar sin contemplaciones a los
productores, mediante el establecimiento de precios de compra tan bajos que
alcanzaron a ser de casi un tercio de los vigentes antes del rompimiento. A su
vez, los bananeros han sufrido por los precios de monopolio y por los pleitos
entre las comercializadoras europeas y norteamericanas, y el Banco Mundial ya
anunció que el exceso de producción y la disminución de los consumos deberá
deprimir aún más las cotizaciones internacionales de los productos tropicales,
hasta el punto que en la próxima década las de café y del aceite de palma
africana serían inferiores en un 30 y 40 por ciento, respectivamente.
Pero lo que definitivamente desquició el agro
nacional fueron las fuertes reducciones de los aranceles a las importaciones
agropecuarias, por lo que éstas pasaron de 700 mil toneladas -que ya era mucho-
a siete millones de toneladas, en una política que tiene a los colombianos
comprando de todo en el extranjero: trigo y maíz, arroz y soya, carne de res,
de cerdo y de pollo, leche y huevos, yuca y plátano, aguacates y sapotes,
manzanas y naranjas, ajos y cebollas, sin excluir hasta panela y las hojas en
las que se envuelven los tamales, con lo cual no sólo se reemplaza la
producción interna sino que se debilitan los precios de venta de los productos
nacionales que no desaparecen. Inclusive, la Nestlé importa café soluble y se
sabe que en las conversaciones con el Mercosur y en la nueva ronda de la
Organización Mundial del Comercio están sobre el tapete la apertura en azúcar y
café verde -los únicos productos agrícolas que no son de libre importación al
país-, importaciones que destrozarían a los caficultores colombianos, quienes
producen con costos superiores a los brasileños, en tanto que las de azúcar
borrarían del mapa la producción azucarera y podrían liquidar de carambola a la
caña panelera y a setenta mil pequeños y medianos trapiches artesanales, si los
grandes ingenios vallecaucanos se transforman en productores de panela, camino que
ya parece han iniciado con su decisión de montar un entable panelero de 30 mil
millones de pesos en el departamento del Cauca.
Estas importaciones se facilitaron por otro de los
engendros neoliberales: una notable disminución en el control del precio del
dólar, la cual le facilitó a los especuladores nacionales y extranjeros actuar
a su antojo y en contra del interés nacional, política que revaluó el peso y
generó la casi increíble situación de golpear, al mismo tiempo, a los que
producían para la exportación y a los que producían para el mercado interno. En
la revaluación de la moneda también contó el haber pasado la deuda externa de
15 mil a 34 mil millones de dólares en solo ocho años, con el propósito de
reemplazar por préstamos la destrucción del trabajo nacional, adicción al
crédito que, a su vez, impulsó hacia arriba las tasas internas de interés, como
una forma de atraer capitales especulativos a un país que está quebrado, como
todo el mundo en el exterior lo sabe.
Para completar el cuadro, el desastre del agro
nacional también se agravó porque su propio hundimiento, y el de la industria y
el del resto de la economía, llevaron el desempleo y la caída de los consumos a
niveles nunca vistos en el país, por lo que los sectores que sobreagüan no encuentran
a quien venderle sus productos. Ni siquiera de la reducción de la inflación
pueden vanagloriarse los neoliberales, pues ésta no es el fruto del desarrollo
y el progreso sino de todo lo contrario. Mucho de lo que se está ofreciendo a
menosprecio, incluidos los alimentos, contiene el germen de la ruina que
acompaña a quienes venden a pérdida. A las causas de la debacle del sector
agropecuario colombiano solo resta sumarle el rotundo fracaso de las políticas
neoliberales como medio para resolver los problemas de la economía mundial,
pues es notorio que la caída de los precios de los productos agrícolas en los
mercados internacionales también tiene que ver con las quiebras de países de
todos los continentes y con la cada vez más notoria incapacidad de Estados
Unidos para actuar como locomotora del mundo, haciendo de gran consumidor de
última instancia, para no mencionar lo que ocurrirá si se produce el muy
probable colapso de la burbuja especulativa que sustenta la glotonería de las
capas medias y altas de ese país.
Pero en honor a la verdad hay que decir que este
desastre lo encontró Pastrana, a quien hasta el 7 de agosto pasado apenas se lo
podía sindicar por haber sido de los más conspicuos gaviristas del país y por
no haberle censurado a Samper su decisión de continuar con las políticas de
apertura y privatización de su antecesor.
No obstante, a quienes escucharon y leyeron con la
debida atención al ganador de las elecciones cuando todavía era candidato, les
quedó claro que “el cambio” que ofrecía no pasaría de ser el consabido de la
rosca que se apoltrona en los altos despachos oficiales. Así se hubiera ganado
unos votos con fracesillas demagógicas como aquélla de que en su gobierno la
bandeja paisa se volvería a hacer con productos nacionales, lo cierto es que la
jerga neoliberal de “globalización”, “eficiencia”, “competitividad” y demás
eufemismos usados para ocultar el propósito de entregarle el mercado nacional a
los intereses foráneos, siempre calificó sus afirmaciones.
Una vez al mando, hasta sus más fervorosos adherentes
electorales han tenido que admitir que Pastrana anda en más de lo mismo:
completarle doce años a Gaviria o, si se quiere, ocho a Samper. Su Plan de
Desarrollo, a pesar de utilizar las mismas cifras indicadoras del desastre que se
emplean en este texto, no dice una palabra sobre echar atrás el modelo
neoliberal e insiste en que la prosperidad del agro descansará en los productos
de exportación, en dejar a los restantes sometidos a la dolorosa suerte que les
impone la apertura y en acabar de desmontar la institucionalidad agropecuaria
que aún queda.
Por si hubiera dudas, ahí están los hechos: nada de
precios de sustentación, menos de créditos baratos, ninguna solución a los
problemas de deudas, IVA a los insumos agrícolas, protección a los abusos de
los monopolios de agroquímicos, alzas en las tarifas de los servicios públicos
y la gasolina, sepultura de la Caja Agraria, la toma de 298 mil millones de
pesos del Fondo Nacional del Café, que es la plata del precio interno del
grano, para el "rescate" del Bancafé y, especialmente, continuar con
la importación masiva de productos agropecuarios, como lo muestra de sobra la
autorización para importar 150 mil toneladas de arroz y una nueva disminución
de los aranceles a las importaciones de maíz. Y ahí está, por sobre todo, la
determinación pastranista de someter el país de una vez por todas a los ucases
del Fondo Monetario Internacional, órdenes que, como se sabe, exigen
profundizar en la apertura y la privatización y en el fallido intento de
reemplazar con deuda externa condicionada y usurera la riqueza que las víctimas
del modelo neoliberal ya no pueden producir, así la normal impudicia de quienes
ferian la soberanía nacional de Colombia intente presentar el fracaso implícito
en los acuerdos con las banqueros norteamericanos como un gran éxito de sus
políticas y al FMI como una institución que "ya no es el ogro que era
antes".
El caso de las importaciones de arroz ilustra bien la
realidad de la producción agropecuaria nacional y las orientaciones de
extinción a las que la tiene sometida la práctica aperturista. Esas compras se
autorizaron a pesar de que Colombia es autosuficiente en ese cereal y que la
productividad promedio del cultivo
de los arroceros colombianos es la primera entre los países tropicales y está
cerca del nivel de la de Estados Unidos, a la cual iguala o supera en el caso
de los productores más tecnificados; aun cuando se produce sin el respaldo de
otros cultivos que permitan rotar las tierras y en muchos casos sin el beneficio
de los distritos de riego; no obstante que el subsidio promedio al arroz en los
países de la OCED llega al 80 por ciento y que hay casos como el de Japón donde
los productores reciben un pago seis veces superior a la cotización del grano
en el mercado mundial; sin importar que por lo menos una porción considerable
del arroz despachado por los comerciantes ecuatorianos sea simple triangulación
de cereal norteamericano y que el arroz sea el último pilar de la seguridad
alimentaria nacional; haciendo caso omiso de que las importaciones y el
contrabando de 1998 y 1999 tienen a los cultivadores colombianos en una crisis
que puede arruinarlos y que si ello ocurre quedarán sin trabajo 21 mil familias
de productores y se perderá el equivalente a 175 mil jornales permanentes; que
sufrirán consecuencias negativas todas las actividades económicas de un
importante número de municipios de Tolima, Meta, Huila, Casanare, Norte de
Santander, Valle y la Costa Atlántica y que si ese cultivo desaparece no habrá
qué hacer con las tierras que hoy utiliza. Y, además, sin considerar que su
ruina podría arrastrar la de la industria molinera, pues sería extraño que los
países exportadores siguieran pagándole fletes internacionales a la cascarilla
del arroz y no se dieran el gusto de emplear a fondo sus molinos, enviándonos
arroz blanco ya empacado e inclusive precocido.
En términos comerciales acabar con el cultivo del
arroz no tiene misterio, como ya se vio con el algodón. Ni siquiera se requiere
reemplazar con importaciones y de un día para otro toda la producción nacional.
Basta con que el grano importado reduzca los precios de compra del nacional
hasta el punto de que a los agricultores no les quede alternativa distinta que
tomar la decisión de no sembrar, para que el gobierno quede políticamente
autorizado para abastecer con importaciones lo que requiera el consumo del
país.
A los que les puedan parecer muy severas estas
advertencias, hay que recordarles que en la apertura hasta las peores
pesadillas se han convertido en realidad y contarles las declaraciones de Linda
Kotschwar, ponente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en
el XIII Congreso Internacional de Induarroz, en octubre de 1998, quien,
refiriéndose a las exportaciones de arroz de su país, dijo:
“En 1997/98 América Latina se ha convertido en un mercado muy
importante, específicamente Colombia y Ecuador (...) También es factible
-agregó- que Colombia se convierta en un mercado regular para el arroz norteamericano”[14].
Esta amenaza tampoco suena exagerada si se sabe que
el mercado mundial arrocero es todavía muy pequeño, porque lo corriente es que
casi todas las naciones sean autosuficientes y apenas se exporten excedentes
temporales, lo que podría estimular el diseño de una estrategia tendiente a concentrar
su producción en unos cuantos países y a entregarle a las transnacionales del
comercio agrícola del mundo la intermediación de esos grandes volúmenes, tal y
como ocurre con el trigo, el maíz, la cebada y en general con todos los
cereales.
Para acabar de complicar las cosas en el arroz y en
todo el agro, la apertura no ha concluido. Apenas va en la primera etapa. Los
aranceles deben bajar más, de acuerdo con lo diseñado por la banca
internacional y el gobierno norteamericano, que insisten en hacer un solo gran
mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, orientación en la que los
acuerdos subregionales, como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
apenas tienen como fin servirle de mascarones de proa al gran imperio que viene
detrás. Y el actual gobierno ha ratificado, en la teoría y en la práctica, que
continuará con esta política de destrucción del ahorro y del trabajo
nacionales.
El pensamiento del neoliberalismo colombiano sobre el
tema lo expresó con cierta franqueza el funcionario del Banco de la República,
Carlos Felipe Jaramillo, en el mismo congreso de Induarroz. Allí dijo:
"En las negociaciones internacionales el tema del arroz y del
azúcar siempre genera discordia y rechazo entre nuestros socios. Se suele
preguntar: ¿por qué Colombia protege estos dos cultivos? ¿Qué tienen de
especial esos cultivos? ¿Qué es lo que están escondiendo? Si las protecciones
fueran relativamente bajas, de niveles de 10%, 15% o 20%, se podría argumentar
que esos niveles son normales y se generarían menos presiones. El problema es
que el arroz y el azúcar son los únicos cultivos con niveles de protección del
60% y 70%",
al tiempo que ocultó que la "protección" de
la que habla no tiene origen en los estímulos que reciben los arroceros
colombianos sino los extranjeros. Y agregó:
"participé en las negociaciones del GATT y en la formación de la
OMC. Conozco la naturaleza de estas discusiones y debo advertirles que el arroz
en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable. Durante la nueva
ronda de negociaciones del GATT que se inicia en 1999, a Colombia le van a
reclamar por la protección elevada del arroz. Esto también ocurrirá en las
negociaciones de una zona de libre comercio de las Américas"[15].
La situación de los agricultores y ganaderos
colombianos se parece a la del sapo que se echa en una olla de agua fría y
flota complacido. Y al prenderse el fogón y subir la temperatura, lejos de
advertir el peligro y saltar, se acomoda aún más, porque mientras más se
calienta el agua más se relaja amodorrado. Y así, poco a poco y más y más,
hasta que se sancocha y se muere. Pero que eso sí, muere "contento".
Cuando los neoliberales han desnudado su verdadera
naturaleza y han anunciado que los tiene sin cuidado que sus teorías no
funcionen y que las seguirán aplicando aun cuando no cuenten con el respaldo de
la nación, porque les basta y les sobra con la bendición del imperio
norteamericano, con el aplauso de los contados nacionales que se lucran de la
hecatombe y con los beneficios personales que se derivan de dirigir el Estado y
de ingresar a las burocracias de las agencias internacionales de crédito, los
colombianos y en particular las gentes del agro no tienen sino dos opciones. O
resignarse a la manifiesta arbitrariedad con que los tratan y desentenderse de
las consecuencias personales y nacionales de lo que ocurre, aceptando esos
lavados cerebrales tan en boga que venden como muy sabio convertir la cobardía
en una virtud y que enseñan “cómo morirse de hambre y ser feliz", u
oponerse a que sus vidas y la de la nación acaben por perderse en un infierno
de destrucción productiva, desempleo y miseria, que hará que Colombia se
parezca cada vez más al continente africano.
Lo que hay que conseguir no es nada excesivo y ya lo
ha planteado en su programa la Asociación por la Salvación Agropecuaria, la
novel organización que encabezó durante 1999 las más amplias, masivas y
esclarecidas luchas que el sector haya dado en muchos años. Que la agricultura
y la producción pecuaria cuenten con las mismas garantías con que cuentan en
los países soberanos donde tienen éxito, es decir, con precios de sustentación
remunerativos y estables y garantizados por el Estado, créditos suficientes,
oportunos y baratos y definitiva solución a los problemas de las deudas que ya
existen, control a los costos de los insumos, tarifas e impuestos, activo papel
del Estado en respaldo a la financiación, comercialización, investigación,
asistencia técnica, infraestructura y demás necesidades del agro, debida
atención a los asuntos particulares de las regiones y productos y,
especialmente, definición de una política que desestimule las importaciones y
que defina como de máxima prioridad conseguir el autoabastecimiento y la
seguridad alimentaria nacional.
En la medida en que se logre el gran acuerdo nacional
en torno al programa que propone Salvación Agropecuaria, el cual ni siquiera de
manera remota amenaza los intereses de ningún propietario del campo y en el que
caben agricultores y productores pecuarios, y campesinos, indígenas y
empresarios, al otro aspecto al que hay que atender es al de la creación de
mecanismos organizativos y de reclamo que permitan generar el gran movimiento
gremial y social que se requiere para poder detener y reversar el modelo
económico de desmantelamiento agropecuario que se padece. Para tal efecto, es
obvio que en la unidad deben caber todas las agremiaciones del sector, sin
excepción alguna, y todos los productores individualmente tomados sin importar
filiaciones políticas ni de ningún otro tipo, siempre y cuando también acepten
que los mecanismos de presión que se empleen no podrán rebasar los marcos de
las conocidas normas de la democracia y la civilización.
A los colombianos de finales del siglo XX la historia
nos impuso una dura prueba: la de ser capaces de dejarle una patria mejor a
nuestros descendientes, principal deber de un ser humano en su paso por la
tierra, o ser inferiores a ella y, aún peor, ni siquiera intentarlo. La
actividad de la inteligencia, que le otorga la razón a los patriotas que
luchamos en defensa del cabal ejercicio de la soberanía nacional, el requisito indispensable del desarrollo del
país, y el reconocido valor del pueblo colombiano autorizan a pensar que no
todo está perdido y que la victoria será nuestra. Hagamos votos porque con
nuestros esfuerzos así sea.
Manizales, 30 de noviembre de 1999.
PROGRAMA DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA
1. Porque cesen las políticas
que inducen la importación de productos del agro que puedan producirse en
Colombia y porque, en consecuencia con esto, se defina como máxima prioridad
garantizar la seguridad y el autoabastecimiento alimentario nacional, requisito
indispensable para el desarrollo de cualquier país.
2. Por precios de
sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.
3. Por un efectivo control de
los costos de los insumos agropecuarios, tarifas de los servicios públicos,
impuestos y demás costos de producción. Porque se suspenda inmediata e
indefinidamente la estratificación de los predios rurales.
4.
Por
créditos suficientes, oportunos y baratos.
5. Por la condonación total de
todas las deudas del sector agropecuario, de forma que cesen los procesos
judiciales, los embargos y los remates y los productores vuelvan a ser sujetos
de crédito.
6. Porque el Estado mantenga y
desarrolle su papel de protección del sector agropecuario en las garantías de
comercialización, precios, créditos, investigación, asistencia técnica,
construcción de distritos de riego y demás labores que defiendan y estimulen
las actividades del sector.
7. Por los demás asuntos de
interés particular de los sectores del agro o las regiones tendientes a
impulsar el progreso del campo colombiano y la unidad entre sus productores, y
en la especial exigencia de que el gobierno nacional cumpla de manera estricta
los acuerdos que ha firmado, producto de la lucha, con agricultores y
ganaderos.
CARTA ABIERTA
AL XXX CONGRESO NACIONAL DE LA SAC
Señores delegados:
Cuando se decidió la definitiva
desprotección de la economía del país, hubo quienes advertimos que esa política
arruinaría a una porción inmensa de la producción industrial y agropecuaria,
que no podría sobrevivir a los descomunales ataques que llegarían del exterior.
Por su parte, la alta burocracia gavirista y los otros pocos que podían eximirse
o beneficiarse de la nueva política, más los ingenuos de siempre, repitieron
las tesis populistas que les dictaban desde afuera del país los que habían sido
escogidos por el modelo neoliberal para inundar a Colombia de capitales
especulativos y de mercancías de todo tipo. Hoy, nueve años después, los hechos
finiquitaron cualquier debate al respecto: las importaciones de productos del
agro pasaron de 700 mil a siete millones de toneladas, desaparecieron más de
800 mil hectáreas de cultivos transitorios, el arroz y la caña de azúcar están
amenazados de muerte, la ganadería sufre por la pérdida de su rentabilidad, las
transnacionales empezaron apoderarse de los cultivos de banano y flores y el
ministro de hacienda ya habla de importar hasta café (!!!). Además, nadie puede
afirmar que por causa de las orientaciones neoliberales se haya creado un sólo
empleo en el agro nacional y, como ustedes bien saben, si la apertura y la
privatización siguen -como lo tienen determinado Estados Unidos, el FMI y el
gobierno de Andrés Pastrana- terminará por destruirse casi todo lo que queda
del sector agropecuario.
Ante esta realidad, los colombianos que
piensan como piensan los principales favorecidos por el desmantelamiento del
agro nacional, ya pasaron de la demagogia al cinismo: "el neoliberalismo,
la apertura, la privatización y la globalización, aunque no funcionan, son
irreversibles", dicen, mientras dedican todos sus esfuerzos a ayudar a
mantenerlas y a colocarse en algún punto -público, privado o gremial- en el que
puedan evitar los efectos negativos de lo que ocurre o, mejor aún, convertirse
en parte del grupito de criollos que se lucran de la intermediación de los
bienes, ideas y servicios foráneos. A los de esa minoría, por supuesto, la
suerte de la nación colombiana le importa una higa. De manera muy conveniente
para su tranquilidad y sus bolsillos, peroran sobre la "caducidad" de
la patria, del patriotismo y de la soberanía nacional. No es que les vaya bien
aunque al país le vaya mal, sino que les va bien porque al país le va mal.
En el otro polo estamos quienes con la
práctica hemos confirmado que sin el cabal ejercicio de la soberanía nacional
ninguna nación se alejará del atraso y la pobreza; quienes no ayudaremos ni
alcahuetearemos la africanización de Colombia; quienes voluntariamente atamos
nuestra suerte personal a la suerte de todos los colombianos y, en
consecuencia, estimulamos la resistencia -civilizada y democrática, pero
resistencia al fin y al cabo- contra un modelo económico que ha producido
ruina, desempleo y hambre en todos los países en los que se ha impuesto.
El propósito de esta Carta Abierta es,
entonces, el de invitarlos a que ese Congreso no se niegue a tomar la verdad de
los hechos, descarte la necia ilusión de pensar que a Colombia la salvarán los
mismos que la emboscan y con valor civil vincule a la Sociedad de Agricultores
de Colombia (SAC) a la tarea de configurar un gran frente de resistencia
nacional de empresarios, campesinos e indígenas contra las políticas
destructivas del neoliberalismo aperturista y privatizador, de forma que el
agro y el país despejen su futuro. Si así lo hicieren, cuenten con que se
embarcarán en un empresa que aun cuando no es imposible sí es complicada, pero
que a cambio cumplirán con el primer deber de los patriotas, ganarán el
reconocimiento de sus agremiados y el de la nación y podrán darle la cara a sus
descendientes cuando éstos les pregunten qué hacían contra la ruina y por la
prosperidad de Colombia en el cambio de un milenio a otro.
Atentamente.
Angel María Caballero Lián
Presidente
Jorge Enrique Robledo Castillo
Secretario
Asociación
Nacional por la Salvación Agropecuaria
Ibagué, 26 de noviembre de 1999.
[1] Texto con base en la
ponencia presentada en el Foro "El impacto de la apertura en el sector
agropecuario", organizado por la Asociación Nacional por la Salvación
Agropecuaria el 8 de junio de 1999 en Ibagué.
[2]
Coordinador Nacional de Unidad Cafetera. Secretario de la Asociación Nacional
por la Salvación Agropecuaria. Profesor Titular y Maestro Universitario,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
[3] Citado por Kalmanovitz,
Salomón, El Espectador, 9 de
septiembre de 1990, p. 5B.
[4] Espinosa
Valderrama, Abdón, "La mal llamada apertura", El Tiempo, 27 de febrero de 1990, p. 5A.
[5] El Espectador, diciembre 9 de 1993, p. 7B.
[6] “Preferimos el monopolio
estatal al privado: SAC”, El Tiempo,
septiembre 20 de 1990, p. 12A.
[7] Múnera Arango, Darío, Revista Andi, Nº 102, p.15. Subrayado en
este texto.
[8] El rendimiento en kilos de
arroz por cada 10 horas de trabajo y
por hectárea es de 3.526 en Estados Unidos y de 757 en Colombia. Revista Induarroz, marzo de 1999, p. 53.
No confundir este indicador con el de la productividad de arroz por hectárea,
el cual se comentará adelante.
[9] El Tiempo, 1º de noviembre de 1.997.
[10] Thurow, Lester, El Tiempo, 14 de febrero de 1993.
[11] Thurow, Lester, La guerra del siglo XXI, p.73, Vergara, Buenos Aires, 1992.
[12] El Tiempo, 7 de enero de 1997, p. 4B, separata The Wall Street Journal Americas.
[13] El rendimiento en arroz en
kilos por cada 10 horas de trabajo y
por hectárea de Tailandia es de 36. Revista
Induarroz, marzo de 1999, p. 53.
[14] Revista Induarroz, Op Cit. Subrayado en este texto.
[15] Ibid., p. 70.