HOMMES SE DELATA

Transcribimos esta columna de Rudolf Hommes, publicada en el periódico El Tiempo y luego incluida con algunas modificaciones en uno de los tomos del Manual de Historia de Colombia de Editorial Planeta, porque con jactanciosa prepotencia devela los instrumentos con los cuales Gaviria y su panda neoliberal extorsionaron al Congreso con la amenaza de revocarlo para obtener sin mayor resistencia la aprobación de todas las medidas económicas de la apertura, mientras distraían al país con el cuento de que la reforma política a través de la Constituyente era la panacea que iba a solucionar todos los problemas del país.

Ahora con Uribe, la historia se repite. Replican la campaña de intimidación contra el poder judicial, a través de las declaraciones del ministro Londoño Hoyos, y el chantaje al Congreso para que trabaje bajo la amenaza de la revocatoria, esta vez incluida en el referendo antidemocrático. Mientras tanto, este mismo ministro repite los elogios que le hiciera Gaviria al parlamento de su época como "congreso admirable", poco antes de realizar la emboscada donde lo revocó. Además, llegaron con todo el paquete de normas elaborado, como lo prescribe este empleado de la banca de inversión internacional, convertido simultáneamente en asesor informal pero decisorio del nuevo gobierno, según podrán avizorarlo en esta lectura.

INTIMIDADES DE LA APERTURA

Por Rudolf Hommes

El Tiempo, 27 de marzo de 1999

Al final de los 80, Colombia pasaba por una difícil etapa de incertidumbre y de búsqueda de su identidad política. El país estaba sufriendo uno de los brotes más radicales de terrorismo y violencia criminal de su historia, debido al desafío abierto al gobierno, que provenía del cartel de las drogas de Medellín. Después de haber sufrido los asesinatos de varios candidatos presidenciales, entre los que descollaba el líder reformista liberal Luis Carlos Galán, y en el ambiente que se creó después de los acuerdos de paz con el M-19 y el EPL, el país se puso en plan de reforma.

Cuando el Congreso enterró en diciembre de 1989 la reforma constitucional que había propuesto la administración Barco, un grupo de estudiantes y de activistas organizaron un referendo –ni permitido ni previsto por la Constitución–, distribuyeron la “séptima papeleta” en las elecciones de marzo de 1990, y el electorado aprobó la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente con cerca del noventa por ciento de los votos. El gobierno Barco tomó al paso atrevido y valeroso de pedirle al Consejo Electoral que contara estos votos. En diciembre de 1990, los colombianos volvieron a las urnas a votar por los delegados a la Constituyente. Este cuerpo se reunió regularmente durante el primer semestre de 1991, cautivó a los colombianos y promulgó la nueva Constitución en julio de ese año. Las reformas económicas de la administración Gaviria no hubieran sido posibles en ausencia de este revolcón político.

La perspectiva de los cambios políticos que se preveían en la nueva Constitución debilitó las coaliciones que defendía el statu quo económico y distrajo su atención. Montados sobre el entusiasmo público con el cambio y el deseo del Congreso de demostrar tardíamente que también podía trabajar, ante la inminencia de una revocatoria, Gaviria y sus colaboradores aprovecharon la ocasión y lograron que se aprobara la mayoría de las leyes que conformaron la espina dorsal de las reformas económicas conocidas como la Apertura durante la última legislatura de 1990, mientras el país y los grupos de presión estaban encantados y distraídos por la discusión y los eventos políticos. Aprovechar esa ventana de oportunidad, que pocos hubieran podido prever, fue posible porque el equipo de Gaviria llegó al gobierno con los proyectos de reforma entre el bolsillo y los tenía listos para presentárselos al Congreso en septiembre de 1990.

Por otra parte, como ya se observó, el efecto de distracción del revolcón político fue tal que la mayoría de los grupos de presión se desentendieron casi por completo de los cambios legislativos que estudiaba el Congreso en ese final del año 1990. Un ejemplo de esta distracción fue la sorpresa y el estupor que se produjo en el Comité Nacional de Cafeteros un jueves de diciembre de 1990, cuando se enteró de que la Comisión Tercera del Senado había aprobado el día anterior una reforma radical del régimen del Fondo Nacional del Café (1). A partir de ese día, dos subgerentes de la Federación de Cafeteros permanecieron día y noche en el Congreso hasta que se aprobó la ley que reformó el régimen cambiario (y el cafetero).

Fue en medio de esa distracción como pasaron por el Congreso las principales reformas legislativas del proceso de apertura. Sin duda, estas políticas serán reformadas y contrarreformadas. Pero capturaron la imaginación del público, han sido financieramente viables, amistosas con la inversión privada, y han contribuido al crecimiento económico. Pero el mayor logro de las reformas liberales de 1990 y 1991 fue haber demostrado que Colombia tiene capacidad para cambiar radicalmente a través de sus instituciones. Esto era impredecible porque instituciones tan rígidas como la Corte Suprema de Justicia solo se volvieron flexibles precisamente en el momento en que fueron llamadas para liderar el cambio.

Tomado del Manual de Historia de Colombia, publicado recientemente por Planeta. Nota (AT): En el Manual de Historia omiten la referencia a la revocatoria que aparece en El Tiempo (1). Esa reforma le significó a los caficultores, en medio de la peor crisis de su historia la aprobación de un nuevo impuesto que les ha costado aproximadamente un billón de pesos.