LA ENCRUCIJADA DEL ARROZ EN EL TOLIMA

Por cuenta del TLC, en este departamento todos coinciden en que el arroz tiene los días contados.

En medio de esta cuenta regresiva, buscan alternativas que puedan sustituir los $500.000 millones anuales que este producto les aporta a los diversos sectores de la economía regional. En municipios netamente arroceros, como Saldaña, la incertidumbre es total, pues todo gira al alrededor del grano.

El mensaje del presidente Álvaro Uribe fue contundente: En las 22.000 hectáreas que se van a irrigar en el distrito de riego del sur del Tolima, donde están ubicados los municipios más deprimidos del departamento, y en el cual se van a invertir $343.000 millones, no se puede sembrar una sola mata de arroz. La advertencia fue hecha en días pasados en una reunión con productores en las instalaciones de la Universidad del Tolima, en Ibagué. Para los asistentes, la advertencia es el presagio de lo que puede pasar con este cultivo por cuenta del TLC. Por eso, en las zonas arroceras del departamento, como Saldaña, el ambiente está caliente no solo por el clima que supera los 30ºC, sino por la incertidumbre que ya se empieza a apoderar de sus habitantes, en un municipio donde el 80% de la actividad económica gira en torno al arroz desde hace más de 40 años.

Eugenio Villanueva, presidente del distrito de riego de Saldaña, lleva toda su vida en el negocio, al igual que lo hicieron sus padres. A este ingeniero industrial le preocupa que cuando empiece a llegar el arroz procedente de Estados Unidos, 79.000 toneladas a partir del primer año de entrada en vigencia del tratado, se pierda todo el esfuerzo y la plata que ha invertido para tecnificar su cultivo. "Tenemos lo más avanzado en tecnología para la producción de arroz como es la nivelación con láser, para bajar los costos de producción. Sin embargo, está previsto que el arroz de Estados Unidos, que llega subsidiado, entrará mucho más barato y no podremos competir". A los productores del Tolima también los afectan el contrabando de arroz que llega de Ecuador y Perú, unas 200.000 toneladas anuales, y los crecientes precios de los combustibles y los agroquímicos, que representan más del 25% de los costos de producción.

En este distrito de riego hay 1.700 productores, de los cuales 1.300 son propietarios de cultivos de menos de 10 hectáreas. Por eso, el 15 de mayo marcharon por las calles de Saldaña para protestar contra el TLC. Aún no les cabe en la cabeza que vayan a tener que cambiar una vocación que ha visto crecer generaciones enteras y que anualmente le inyecta al departamento recursos por $500.000 millones, en unas 110.000 hectáreas que se cultivan anualmente en 14 municipios como Espinal, donde el arroz genera el 65% del empleo. También son arroceros El Guamo, Ibagué (la meseta), Prado, Purificación, Armero, Ambalema, Alvarado, Lérida, Guayabal, Venadillo y una parte de Mariquita. Por eso, algunos creen que si el cultivo de arroz deja de ser rentable, algunas poblaciones como Toca y Ataco se convertirán en pueblos fantasmas.

De eso están seguros hombres como Rafael Duarte, quien hace 35 años tiene un taller de mantenimiento de combinadas en Saldaña. Se estima que en este municipio y sus alrededores hay unas 200 de estas máquinas recolectoras de arroz y unos 850 tractores que requieren constantemente repuestos y reparación. "Imagínese, qué me pongo a hacer si se van las combinadas. Apague y vámonos. Y no solo yo, sino los 7 talleres que como este hay en el pueblo, que en mi caso genera 12 empleos directos. También se cerrarían los almacenes de repuestos, tornillos, empaques. De esta actividad viven muchas fundidoras a pequeña escala y microempresarios de Bogotá e Ibagué. Creo que el impacto, en su totalidad, aún no ha sido medido. Son muchas, pero muchas las empresas que van a llevar del bulto", advierte Duarte con cara de preocupación.

La misma incertidumbre la tiene Marco Fidel Fajardo, quien lleva 25 años en el negocio del transporte de arroz en el Tolima. Tiene un viejo camión Ford con el que ha sostenido a su esposa y a sus tres hijos. En él ha transportado la carga de muchos cultivadores de la región y no sabe hacer otra cosa. "Si se acaba el negocio del arroz no veo, a estas alturas de mi vida, muchas opciones de hacia dónde partir. En Saldaña hay unos 40 camiones, en su mayoría viejos, que solo transportan en el plan del Tolima. Estos carros, a su vez, consumen llantas (las cuatro valen $1'400.000 financiadas), combustibles y repuestos de lo que viven muchas otras personas", dice.

El gobierno, por su parte, presentará al Congreso un proyecto de ley para implementar el programa Asís: 'Agro, ingreso seguro', con el que buscará compensar el impacto del TLC en los sectores más vulnerables como los productores de arroz, maíz, sorgo, soya, fríjol, trigo, cebada, arroz, avícolas y porcícolas. Según explicó el Ministerio de Agricultura, el gobierno destinará hasta $500.000 millones anuales para financiar este programa, para lo cual utilizará varios instrumentos como apoyos monetarios directos por hectárea, fortalecimiento de los planes de control sanitario, recursos para el fomento de inversiones en modernización y capitalización rural y el diseño de líneas de crédito blandas para la reconversión. Condiciones: tasa DTF - 2%, 7 años de plazo y 3 de gracia. En el caso del Tolima, no hay un plan de contingencia específico, pues se considera que en el TLC se le brinda al cultivo la suficiente protección durante los próximos 19 años.

EFECTO DOMINÓ

Para el arrocero y dirigente gremial Ángel María Caballero, el impacto se sentiría en todos los sectores de la economía regional, pues el arroz contribuye con el 30% del PIB del departamento. "Talleres, comercio, transporte de carga y de pasajeros, molinería, bancos, almacenes de agroquímicos, fábricas de bicicletas, maquinaria, almacenes de repuestos, venta de combustible… La cadena es interminable. Esto agravaría la ya precaria situación del Tolima que tiene un desempleo del 20%, un índice de pobreza en el campo que supera el 80% y un desplazamiento anual de más de 3.000 personas del sector rural a la ciudad", advierte.

Según los cálculos de los productores, no es tan cierto que el arroz tenga una protección de 19 años (es el plazo para llegar al pleno comercio con arancel 0), pues en el TLC se aprobó un incremento anual de 4,5% sobre el primer contingente que entrará al país con cero arancel a partir de la entrada en vigencia del tratado: 79.000 toneladas en arroz blanco o en cáscara (paddy). Esto significa que durante los primeros 7 años habrán ingresado 634.000 toneladas de arroz estadounidense. El principal temor es que este grano llegue y se subaste, en promedio, a $62.000 la carga de 125 kilos, cuando en el mercado interno está costando $76.000. Según Caballero, a ese precio no subsistiría ningún productor de arroz en Colombia porque se pierde el valor del arriendo y más de $100.000 de utilidad por hectárea. "El gobierno no negoció una salvaguardia de precios, o sea, un arancel que se dispare cuando el precio internacional baje. Entre 1990 y 2002, en promedio, fue de US$220 la tonelada. Pero los productores de Estados Unidos pueden bajar el arroz a US$178, porque tienen subsidios. En un mercado potencial de un millón de toneladas, a esos precios, los productores colombianos no aguantarían ni una sola cosecha", sostiene el dirigente.

Otro temor se debe a que no se negoció la estacionalidad del contingente. "Pueden entrar el arroz en cualquier mes del año. ¿Qué tal qué lo hagan en agosto en plena cosecha del Meta y del Casanare? No queda un arrocero ni para una foto. Tampoco se negociaron los subproductos que pueden entrar sin aranceles: harina, cristal y granza (cascarilla). El cristal, o arroz partido, vale la mitad del precio del cristal nacional. La industria molinera tiene que vender los cristales a mitad de precio y cargarle la cuenta al arroz paddy del agricultor para poderse defender de las importaciones", explican los agricultores.

LA RECONVERSIÓN

El presidente Uribe ha venido insistiendo en la necesidad de empezar un proceso de reconversión del cultivo de arroz en el Tolima. Una de sus propuestas es sembrar caña para producir alcohol carburante. La idea, sin embargo, no ha calado mucho entre los productores. Bernardo Eche Garay, un cultivador del sur del departamento, considera que esa región no es propicia para sembrar caña por el nivel freático (capa de agua subterránea formada por la filtración) y la calidad del suelo. "Sería la ruina total. Hay que hacer estudios serios al respecto. Otros cultivos propuestos son a muy largo plazo, como la palma, entre otros. ¿De qué va a vivir la gente durante 4 ó 5 años? En Saldaña no hay otra industria diferente a la del arroz y cambiar toda esta infraestructura de 55 años será muy difícil. Son 24.000 hectáreas en este distrito de riego que generan 5.000 empleos directos en el campo".

Otro cultivador de la región tampoco cree en esta posibilidad, por lo que él llama la vocación del suelo. "Son tierras muy bajas que se inundan muy fácilmente, pues el arroz requiere mucha agua. No son eficientes para otros cultivos como la palma o el algodón. Tenemos toda la mano de obra, la maquinaria y la disponibilidad técnica para el manejo del cultivo. Eso no lo podemos perder y es muy difícil transferirlo a otro cultivo. Si nosotros, que llevamos 50 años cultivando arroz, en solo 12 meses nos cambian una variedad y tenemos problemas de transferencia de tecnología, cómo será si nos toca cambiar de cultivo. No estamos preparados para ese cambio", dice.

La única zona en donde se podría cambiar el cultivo de arroz por el de caña sería en la meseta de Ibagué, porque el clima es más propicio. Sin embargo, los cultivadores siguen teniendo sus dudas. Según sus cuentas, una planta de alcohol carburante que produzca 150.000 litros diarios cuesta US$30 millones y requiere 8.000 hectáreas de producción que generen 7 cortes al año. Entonces se preguntan de ¿dónde saldría el dinero para la destilería? Según Caballero, las tierras de la meseta son distintas a las del Valle del Cauca, lo que encarecería los costos en un 40%; a eso se suma que no hay suficiente agua y que de todos modos la rentabilidad del negocio tampoco está garantizada, pues en el Valle la tonelada de caña para azúcar se paga a $55.000 y para alcohol a $25.000. "Los ingenios son los mismos dueños de las destilerías. Entonces, de los conflictos con los molineros, pasaríamos a unos mucho más complejos con las plantas de alcohol que concentrarían el negocio", aclara.

Si bien reconocen que el TLC tendrá un impacto severo en algunos sectores vulnerables como el arrocero, tanto Edgar Rodríguez, director ejecutivo de Fenalco, seccional Tolima, como Luis Fernando Criales, presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, coinciden en que no hay que descartar por ahora ninguna posibilidad de reconversión ante la inminencia de la firma del convenio comercial con Estados Unidos. Los dos gremios han hecho parte activa en la agenda interna de competitividad y productividad del Tolima, en la cual se identificaron varias apuestas productivas, entre las cuales figuran el turismo, la industria del biocombustible, la explotación forestal, la industrialización de los frutos de agua dulce (piscícolas), el cultivo de cafés especiales y el impulso a la cadena algodón-textil-confección, entre otros.

Un factor a favor de la reconversión es que el departamento se va a beneficiar de macroproyectos como la doble calzada desde Bogotá, el túnel de La Línea y la posible construcción de un aeropuerto alterno en Flandes. También se prevé la recuperación del transporte fluvial del río Magdalena, y la conexión del corredor férreo Buenos Aires-Puerto Salgar con el de Bogotá-Santa Marta. Para Rodríguez, estas ventajas comparativas tienen que convertirlas en ventajas competitivas. A su juicio, la región se ha quedado en una actitud muy contestataria frente al TLC. "Solo hemos visto la parte negativa y muy pocos están viendo las oportunidades que genera. Que el TLC nos va a hacer cambiar de vocación, es un hecho. Pero ese es un tratado que no tiene vuelta atrás y ahora hay que ver cómo lo podemos aprovechar".

En medio de la resignación, algunos ya están buscando nuevas oportunidades. Se sabe de varios productores, especialmente grandes, que ya están pensando en sembrar palma. Otros, como Roberto Mejía, están incursionado en la cría de ganado con sombrío. La Cooperativa Serviarroz Ltda. está haciendo estudios previos para la construcción de una planta de alcohol carburante en la región. Y en la hacienda El Escobal, a 15 minutos de Ibagué, tienen 200 hectáreas dedicadas al cultivo y estudio de la caña en la meseta. También están en remojo algunos proyectos de estevia, un endulzante natural.

Sin embargo, en el sur del departamento, la incertidumbre todavía es grande. Nadie sabe a ciencia cierta de qué va a vivir si el arroz deja de ser negocio. Nadie tiene, por ahora, una respuesta concreta a ese gran interrogante. Por lo menos en Saldaña, no.

En el distrito de riego de Saldaña hay 1.300 productores con lotes que no superan las 10 hectáreas.

Este terreno, en plena cosecha, está a 5 minutos del casco urbano del municipio.

El agricultor y dirigente gremial Ángel María Caballero sostiene que el impacto se sentirá en todos los sectores de la economía regional.

RAFAEL DUARTE. "Este taller lleva 30 años prestando servicio de mantenimiento a las combinadas.

Se estima que hay unas 200 en la región y unas 850 tractores".