QUE EL TLC SE LES CONSULTE A LOS COLOMBIANOS

Jorge Enrique Robledo


Existe confusión sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, pues muchos piensan que sus gravísimas amenazas se limitan
al sector agropecuario y los medicamentos genéricos. Pero, en realidad,
modificará negativamente un sinfín de aspectos claves de la vida del país, y
lo hará mientras dure su vigencia, que está pensada sea para siempre.

Lo que se firme sustituirá aspectos fundamentales de la Constitución
Política de Colombia, al reglamentar muchas de las actividades del país en
su relación con los ciudadanos estadounidenses y los de los otros países con
los que Estados Unidos suscriba acuerdos similares. Para hacerse a una idea
de la amplitud de los cambios debe saberse que el TLC entre Estados Unidos,
México y Canadá ocupa 450 páginas de letra menuda, definiendo una maraña de
reglamentaciones. Y reemplazará la Constitución, porque en el ordenamiento
jurídico colombiano los acuerdos internacionales, una vez ratificados por el
Congreso y aprobados por la Corte Constitucional, adquieren vigencia de
orden superior. En adelante, cuando se vaya a aprobar una ley o expedir una
norma, más que mirar la Constitución para saber de su legalidad, habrá que
observar si lo autoriza el TLC.

Si Estados Unidos logra clavarle a Colombia lo que no pudo imponerle a la
mayoría de los países del mundo en la Organización Mundial del Comercio, que
es de lo que se trata con el TLC, el país perderá una parte medular de su
soberanía y, en especial, la que le permite emplear las mismas palancas que
usaron las naciones desarrolladas para llegar a ser tales. Por ejemplo,
desaparecerán los aranceles y demás mecanismos que protegen al agro, como se
sabe, pero también a la industria, cuyas pérdidas serán aún mayores, como se
deduce de lo ocurrido en los pasados catorce años. Al dárseles “trato
nacional” a los gringos, Colombia no podrá utilizar sus propias normas para
privilegiar los intereses de sus nacionales. Tampoco podrá el Estado
colombiano reservar sectores claves de la economía para su control o el de
los colombianos. Con los tribunales de arbitraje, a las transnacionales se
les creará una juridicidad especial y hecha a su medida. La suma de los
aranceles de cero por ciento más el incremento de los estándares en propiedad intelectual

y patentes intensificará el grado de barbarie científica y tecnológica en el que ya se
encuentra el país. Al convertirse en “servicios”, es decir, en vulgares
mercancías, no podrán ser derechos ciudadanos la educación, la salud, la
cultura y el medio ambiente. Y pegadas de cambios legales y económicos tan
grandes, vendrán consecuencias sociales todavía peores que las sufridas en
la primera etapa del neoliberalismo.

Para empeorar las cosas, una vez se firme el TLC será muy difícil echar para
atrás las normas lesivas aprobadas a partir de 1990, pues para hacerlo
habría que denunciar el Tratado. Por ejemplo, durante su vigencia no podrá
derogarse el contenido principal de las leyes 100 y 142, sobre salud,
pensiones y servicios públicos domiciliarios, pues la privatización es una
de las políticas que ratificará y amarrará el acuerdo.

Si lo que se pretende deroga aspectos fundamentales de la Constitución
Política de Colombia o los torna insustanciales, haciéndoles daño a tantos,
¿por qué se tramita como si fuera un tratado internacional corriente? Si
solo una Asamblea Constituyente puede hacerle cambios medulares a la
Constitución, y ella implica un gran debate nacional y una elección popular,
¿por qué no se somete el TLC a un referendo? Y con más razón aún si se
considera que el candidato Uribe Vélez dijo tan poco sobre el tema en su
campaña, que su “Manifiesto Democrático” ni siquiera menciona un tratado de
libre comercio con Estados Unidos.

Los próximos 9 y 10 de febrero, los indígenas del Cauca le van a dar otro
ejemplo de democracia y valor civil al país. Convocados por sus alcaldes,
los habitantes de Jambaló, Toribío, Caldono, Silvia e Inzá votarán sí o no a
la pregunta: “¿Está Usted de acuerdo con que Colombia firme un Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos?”. ¿Cuánto tiempo demorará el gobierno en
advertir que no les preguntará lo mismo a todos los colombianos?

Bogotá, 25 de enero de 2005.