El Nuevo Día, julio 13 de 2005
Productores de arroz de Tolima, Huila y Meta
quieren hablar con Minagricultura
$38 millardos dejarían de recibir los arroceros en Tolima
Las
pérdidas de los productores de arroz podrían llegar este año a los 79 mil 800
millones de pesos por la depresión en el precio que arrancó esta semana en la
compra de carga de paddy verde. Para el caso del Tolima esta cifra se ubica en
38 mil millones de pesos.
Las
cifras fueron reveladas por Agameta, Usosaldaña, Asorrecio, Asoprado, Usocoello,
Usoguamo y Salvación Agropecuaria.
Efectivamente, la caída sustancial
del precio en los Llanos Orientales y en el Tolima evidencia que existe una
crisis económica sin precedentes, que comenzó el año anterior, y que en el 2005
presagia la quiebra definitiva de muchos productores nacionales. Otros
distritos que se sumaron en las últimas horas a la protesta son Campoalegre,
San Alfonso, El Juncal y tres más del Huila.
Ante esta situación, los
representantes legales de los distritos de riego en mención señalaron que
requieren con urgencia que el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias
Leiva, los atienda lo más pronto posible.
En una cumbre arrocera que se
cumplió en Ibagué, los afectados redactaron un documento en el que señalan que
“la nueva fórmula del incentivo al almacenamiento, y sobre todo el precio
mínimo de compra al productor, de 68 mil pesos por carga de arroz, constituye
un valor ruinoso que se reflejará en la quiebra de miles de productores y en
una drástica reducción de las áreas de siembra hacia el futuro”.
Crisis
Para los distritos de riego esta situación tocó fondo, pues el sector no
aguanta dos años de constante crisis.
Las alarmas sonaron más fuertes el
día anterior cuando Sara Agudelo, de Agameta, sostuvo que en los Llanos el
precio de arroz se encuentra entre 63 y 65 mil pesos (valor impuesto por los
diferentes molinos).
Esta situación es crítica en la
actualidad. Según cultivadores de los Llanos, los costos de producción son del
orden de los tres millones 150 mil pesos por hectárea.
Una hectárea entre los Llanos
Orientales y el Casanare tiene una media de 80 bultos, es decir 40 cargas.
Si se multiplica el número de cargas
(40) por el precio fijado por la molinería en promedio (64 mil pesos), esto da
un resultado de dos millones 560 mil pesos por hectárea.
Es
decir, 590 mil pesos menos a los costos de producción que demanda una sola
hectárea (tres millones 150 mil pesos).
Esto indica, que si bien, en los
Llanos se espera recolectar 70 mil hectáreas, los recursos que dejarían de
recibir los productores por la depresión en el precio podrían ser de 41 mil 300
millones de pesos.
En
el Tolima
Para
el caso del Tolima, el precio quedó en 72 mil pesos arroces grado A y
sorpresivamente el Cimarrón, arroz que se pagaba como A quedó en B, con un
precio de 68 mil pesos.
Esto
es un promedio de 70 mil pesos para este departamento y para Huila.
Los distritos señalaron que los
costos de producción en promedio para el Tolima Grande son de cuatro millones
200 mil pesos.
Una hectárea, en promedio, tiene 55
cargas (110 bultos).
Ahora
bien, si se multiplica las 55 cargas por 70 mil pesos, esto arroja, tres
millones 850 mil pesos, es decir 350 mil pesos menos a los costos de producción
(4.200.000).
Si se multiplica, la pérdida (350 mil pesos) por el número de hectáreas totales
(110 mil), esto arroja un déficit de 38 mil 500 millones de pesos.
“Las pérdidas de Tolima, Huila y
Meta arrojan 79 mil 800 millones de pesos para los productores, recursos que no
ingresarán a la economía de los municipios; y, que sumadas a las pérdidas de
2004, estimadas en 112 mil millones de pesos para Meta y Casanare, arrojan una
pérdida global por 200 mil millones de pesos para 2004 y 2005 para los
productores de arroz”, sostuvo Ángel María Caballero, presidente
de Salvación Agropecuaria.
“Un solo renglón agropecuario del
país, estaría perdiendo 200 millardos.
Esto
no lo puede aceptar ni permitir el Gobierno nacional.
“Esta es la crónica de una muerte
anunciada. Quieren acabar el cultivo de arroz para incrementar las
importaciones en el TLC”, afirmó Caballero.
Si bien, el Gobierno nacional ha
sostenido que no compra la cosecha nacional y que no puede obligar a los
actores de la cadena a ponerse de acuerdo en un precio, los distritos y
Salvación sostienen que tampoco los productores manejan las zonas francas de
Medellín y Barranquilla, por donde ingresa arroz para ser re-exportado y que la
postre se queda en el país.
“Qué culpa tienen los productores de
que exista contrabando y de que no pueda ser controlado (150 mil toneladas
habrían ingresado al país), tampoco legislamos sobre los precios de los
agroquímicos, no dictamos políticas, ni nos comprometemos con la compra de
contingentes de otros países andinos. No negociamos, pero nos impactan”,
sostuvo Caballero Lían.
Temas
e inconsistencias
Varios son los
puntos que los productores señalan como no concordantes con la realidad de los
arroceros nacionales:
* Para los distritos, el argumento que utiliza
la industria de participar en la compra de la cosecha con base en la oferta y
la demanda es falaz, pues los precios de referencia deben ser acordados de
acuerdo con los costos de producción nacional.
Además, los precios deben ajustarse pero al
mercado colombiano, pues los impuestos y la compra de insumos se hace en el país y no en Estados Unidos.
* En cuanto a la responsabilidad del Gobierno,
los productores señalaron que las importaciones y las zonas francas jugaron en
contra del proceso. Sin embargo, lo peor es la falta de autoridad frente a la
molinería, que si bien utiliza los créditos blandos del Estado en tiempos de
cosecha se olvidan de los productores y piensan únicamente en sacar el mejor
provecho posible a costa de los demás actores de la cadena.
* La molinería que no quiso estar de acuerdo con
el incentivo al almacenamiento son los mismos que venden arroz empaquetado en
Colombia, y al consumidor no le han bajado el precio ni lo harán. Se trata de
las mismas marcas que se observan por televisión de arroz.
Entonces le dan
con todo al productor y al consumidor, y hacen negocio doble, señalaron los
representantes de los distritos.
El arroz empaquetado está a 15 mil 500 pesos por
arroba, es decir 90 mil pesos por bulto, que indica que a los productores sí se
les pudo otorgar un precio decente, pero queda claro que estos agentes no
quisieron.
El Tiempo, julio 13 de 2005
Arroceros
inconformes
Los
cultivadores de arroz representados por las Asociaciones de Usuarios de los
Distritos de Riego manifestaron su inconformidad con la nueva fórmula del
incentivo al almacenamiento fijada por el Gobierno y que, según ellos, parte de
un precio mínimo al productor de 68.000 pesos por carga, lo que califican como
ruinoso. Por eso están pidiendo una reunión con el Ministro de Agricultura,
Andrés Arias.