Correo – Aurelio Suárez – 13 de noviembre de 2005
El día 12 de
diciembre de 2005 se reunieron en Pereira 405 delegados de 75 municipios, de
nueve departamentos en la Asamblea Nacional de Unidad Cafetera. Adjunto está el
archivo que contiene las declaraciones principales aprobadas en esa reunión.
Las envío para su conocimiento y difusión. Puede estudiarlas todas o leer las
que sean de su interés. (Van en un solo archivo). Especiales
Agradecimientos por su atención.
En su orden son:
1. En memoria de
uno de nuestros fundadores; Leonidas Arango Escobar
2. Sobre la
Política Cafetera del Gobierno de Álvaro Uribe.
3. Sobre el TLC
4. En solicitud de
la condonación de las deudas cafeteras refinanciadas en el PRAN
5. Sobre las
importaciones de café hacia Colombia.
6. En respaldo a
la recuperación de tierras de las comunidades indígenas del Cauca
7. Sobre las
Tiendas Juan Valdez
8. En respaldo a
las Cooperativas Cafeteras.
9. Carta al
Contralor General de la República sobre el manejo del Fondo Nacional del Café.
Desde que un grupo de ilustres caficultores, como
Fernando Londoño y Londoño, Fabio Trujillo Agudelo y Octavio Mejía
Marulanda, desde APROCAFÉ, promovieron una actitud crítica frente a las políticas
cafeteras y demandaron que ellas se concentraran principalmente al servicio de
los productores, Leonidas Arango Escobar estuvo con ellos.
En la década de los años noventas, como compañero
entrañable de Fabio Trujillo, participó en la fundación de UNIDAD CAFETERA y también en todas las tareas que impidieron que
centenares de miles de familias campesinas y caficultoras desaparecieran de la
producción nacional del cultivo. Don Leo contribuyó en las gestas que
obtuvieron la condonación de las deudas en 1995, en las faenas que arrancaron
de las autoridades el auxilio indispensable para combatir la devastadora plaga
de la broca y en las constantes labores por mantener un precio interno rentable
y remunerativo.
Por todas estas razones, unidas a sus invaluables
condiciones humanas, la Asamblea Nacional de Unidad Cafetera, reunida en
Pereira el 12 de diciembre de 2005, deplora el fallecimiento reciente de Don
Leonidas Arango Escobar, les transmite a sus familiares y amigos cercanos su
sentida voz de condolencia, guarda un minuto de silencio en su memoria y coloca
su vida como ejemplo de consecuencia en la defensa de los intereses auténticos
de los cafeteros de Colombia.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005.
DECLARACIÓN
SOBRE LA POLÍTICA CAFETERA DEL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE
Luego de algo más de tres años de políticas cafeteras
del gobierno del presidente Álvaro Uribe, originadas en el Comité Nacional de
la Federación de Cafeteros, continúa la situación de penuria y estrechez de la
gran mayoría de las familias productoras, el deterioro social acosa a las
principales regiones donde se cultiva el café como surtidor principal de ingreso
y sigue la pérdida de participación de Colombia en las exportaciones y la
producción mundiales. Para casi todos los productores se ha convertido en una
actividad de supervivencia, en la cual los consumos para sus hogares y las
culturas agrícolas para mantener sus cultivos se han reducido paulatinamente
hasta límites mínimos.
Tal estado de cosas obedece a lo erróneo de las
políticas oficiales. Empezando por la concesión tolerada a Estados Unidos, a
fin de facilitar su reingreso a la Organización Internacional de Café, de
permitirle a él y a los demás países
compradores la adquisición de embarques de café con granos defectuosos, lo cual
estaba prohibido por resoluciones anteriores de esa misma Organización. Eso
dejó todavía más libres las manos a las empresas multinacionales para procesar
cafés de mínima calidad en detrimento de los de mayores atributos como el
colombiano. No sólo es censurable la conducta cómplice del gobierno al respecto
sino que es incomprensible que reclame -como un triunfo de “su diplomacia”- el
regreso de la superpotencia norteamericana en dichas condiciones.
A lo anterior debe añadirse el arreglo del gobierno
con la alta burocracia de la Federación en la transformación de las
instituciones en instrumento para su beneficio privado. Los inventarios, ahora
en los más bajos niveles históricos, ya no se utilizan para controlar
la oferta, y la decisión de no sostener el precio a los productores descarga en
ellos todas las evoluciones negativas del mercado internacional, bien cuando
cae la cotización o bien cuando se reciben menos pesos por cada dólar. De igual
forma, el usufructo de alhajas del patrimonio del Fondo Nacional del Café, como
la marca Juan Valdez por parte de la empresa privada PROCAFECOL o de los
productos de la Fábrica de Café Liofilizado, a manos de la firma BUENDÍA LLC en
Estados Unidos, también de propiedad
privada de la Federación, y los altos
costos que significa para los cafeteros el mantenimiento de esa burocracia, son
, entre otros, hechos muy negativos que llegan a poner en duda la vigencia de
la propia institucionalidad al ser falseados los propósitos iniciales para los
que fueron creadas.
En términos de la principal variable del ingreso
cafetero, el gobierno ha manipulado el
mecanismo de fijación del precio interno, con la intención, como ya se
dijo, de trasladar siempre a los productores los factores negativos que lo
afectan. Esa injusticia cobra mayor gravedad si se sabe que en 2003, 2004 y
2005, los caficultores colombianos han entregado en forma de Contribución
Cafetera, sin tener en cuenta la porción que se destina para el pago de los
pasivos del Fondo Nacional del Café, más
de cien mil millones de pesos por año que, como reza la Ley correspondiente,
deberían “aplicarse al ingreso del productor”. Es inexplicable que no se
hubiera procedido así, ello acarrearía
que al menos la última cosecha mayor, con cotizaciones internacionales
favorables, hubiera sido adquirida a precios equivalentes en términos reales al valor histórico de
$490. 000 por carga. No satisfacen las explicaciones de la Federación de
Cafeteros acerca de los usos dados a dicha Contribución, en renglones como
asistencia técnica, servicios al caficultor u obras públicas. Hasta las
“aventuras del Profesor Yarumo” se
financian con ella.
Para atender tan grave crisis, se ha presentado como
“varita mágica” la “especialización en especiales”, una iniciativa que no
consigue mayores valores sino para menos del 10% de los caficultores y en la
cual se discrimina inclusive a las organizaciones que no se prestan de manera
incondicional al manejo privatizador y ventajoso que en él quiere imponer la
Federación de Cafeteros. Mientras Brasil y Vietnam aumentan su intervención en
el mercado masivo mundial, Colombia cede
terreno en él a cambio de rebuscar nichos exclusivos de demanda, que no son, hoy por hoy, ni el 8%
de la caficultura mundial. La estrategia oficial, pese a que se presenta a
nombre de “los cafeteros” es, en esencia, la que se acomoda a las ambiciones
del grupo burocrático que se está apropiando, sin escrúpulo ni recato, de las
instituciones y que ha abandonado como prioridad la atención a las carencias de
la inmensa mayoría de los productores.
En resumen, no solamente no se han corregido los
males heredados de administraciones anteriores sino que se han creado algunos
más; en particular, la privatización descarada de los usufructos del patrimonio
público del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. La crisis no se ha conjurado, el café no
ha podido retomar el rumbo como fuente segura de empleo, ahorro y progreso
social y, en torno a negocios particulares, el gobierno y las autoridades
cafeteras, en una provechosa conjunción de intereses políticos y económicos,
han orquestado una campaña propagandística con el fin de aparentar ante la
opinión una realidad virtual muy contraria a la que de verdad viven los hogares
cafeteros de Colombia que son el 35% de los hogares rurales del país.
UNIDAD
CAFETERA
persistirá en su labor de denuncia de todas estas arbitrariedades, abre a nivel
nacional el debate y la discusión en torno a ellas y, al ratificar sus puntos
programáticos, reitera su decisión de
movilizar a los campesinos y a los productores de café del país cuando sea
necesario para resistirlas y echarlas atrás.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ HACIA COLOMBIA
En una noticia sin precedentes, el país registró que
uno de cada tres tintos que los colombianos consumirán en 2005 será hecho con
café venido de Perú, Ecuador y Vietnam. Nunca se había producido un hecho como
éste en la historia de nuestra nación en más de 100 años.
Además de quedar establecido que los problemas de la
caficultura colombiana se reflejan
también en que su producción no puede abastecer el mercado externo y el
interno, dentro de las pesquisas adelantadas en torno a los hechos que han
rodeado tan insólito acontecimiento, se ha encontrado que la Federación
Nacional de Cafeteros convino con estas importaciones a sabiendas de los riesgos
sanitarios que pueden ocasionar, que admitió el engaño que se ha cometido
contra los consumidores, tanto en términos de la calidad como del precio del
café procesado con orígenes más baratos y menos suaves, y, lo peor, que
sacrificó posibilidades de los productores de vender a altos precios granos
nacionales en aras de favorecer a algunas de las empresas tostadoras más
poderosas de Colombia quienes están involucradas en estas compras externas.
Aunque figuran de manera directa como importadores
algunas personas naturales, se conoce de las conexiones de ellas con compañías
que venden café para el mercado interno. El acuerdo que la Federación y las
empresas tostadoras nacionales hicieron más de 20 días después de conocerse
estas denuncias, aparecidas en El Tiempo y que ya habían sido nombradas en el
periódico Unión Cafetera, no solamente es una pantomima sino que en la práctica
es una aceptación de la presencia de café extranjero para el consumo
nacional.
La Asamblea Nacional de UNIDAD CAFETERA exige que cesen por completo y de manera inmediata
las importaciones de café hacia Colombia y así mismo condena la actitud cómplice del gobierno y de la
Federación de Cafeteros con ellas. Exige de las autoridades competentes la
sanción a quienes de manera deliberada han infringido las normas sanitarias y
comerciales del país y advierte sobre la estafa que se está cometiendo e invoca
a los consumidores a estimular la compra de aquellos cafés que garanticen que
son hechos totalmente con producto colombiano.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS. (TLC).
Desde el 18 de mayo de 2004, Colombia inició un
proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Dicha negociación está comprendida dentro de la estrategia de expansión
imperial norteamericana a nivel mundial y, en particular, en el Continente
donde ha insistido en la creación de “una zona franca desde Alaska hasta la
Tierra del Fuego”.
La ASOCIACIÓN
NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA, organización de la cual UNIDAD CAFETERA es filial, indicó desde
ese primer momento que, de acuerdo con las experiencias en países como México,
en esos tratados se causa la destrucción de muchas áreas económicas y sociales
y de manera muy grave la del sector agropecuario. Luego de 19 meses de
negociaciones y a las puertas de su finalización, no hay ninguna duda que en el
caso de los países andinos, incluida Colombia, la historia se repetirá sin
apelación. El proceso ha consistido en cómo Colombia va entregando una a una
las posibilidades de protección de su economía y de su agricultura mientras
Estados Unidos se queda con todas las ventajas que le permitirán inundar a
estos países con sus géneros vendidos, mientras se quiebra a los productores
locales, a precios por debajo del costo de producción. Las ventajas que en el
capítulo de Agricultura, uno de los 23 que se están negociando, se le han otorgado ya a Estados Unidos, de
las cuales disfrutará desde que comience el TLC, valen más de 600 millones de
dólares mientras las que se han concedido a Colombia no llegan a valer más de
un millón.
Lo que ha sucedido en Agricultura se repite y, en
algunos casos con mayores pérdidas para el país, en todas las demás mesas
negociación. Las inversiones, las mercancías, incluidos las usadas, las de
calidades inferiores y hasta los residuos y desechos, gozarán de privilegios
mayores que las nacionales. Es, como se ha dicho en múltiples oportunidades, la
recolonización del país. Dentro de los abusos del TLC, está el requerimiento de
Estados Unidos de ingresar a Colombia con artículos procesados con materia
prima de otros países. En el capítulo de Normas de Origen, Colombia ya ha accedido
a esa solicitud y trata de lograr una excepción con relación al café;
además de que ya se permitió la
importación de café verde sin impuestos aduaneros después de 10 años de
vigencia del TLC.
Los caficultores no solamente sufriremos con el TLC
como consecuencia de las jugarretas norteamericanas en el sector agrícola y
comercial, amparadas por los negociadores colombianos y el gobierno de Álvaro
Uribe, sino que otros temas donde Estados Unidos ha impuesto su voluntad y
ambición nos lesionan enormemente. En Propiedad Intelectual, donde se otorgará
el monopolio por 25 y 30 años sobre medicamentos, semillas, insumos y droga
veterinaria a las multinacionales dueñas de las patentes; en Servicios, donde
el derecho al agua, a las comunicaciones, a la energía y al saneamiento básico
se pierde en beneficio de las empresas privadas que solamente los prestarán a
quienes puedan comprarlos, e igualmente sucederá con la educación y la salud.
Contrario a lo que muchos proclaman, los cafeteros seremos perdedores en el TLC,
junto con casi todos los 44 millones de colombianos, exceptuando a la ínfima
minoría que está asociada a los intereses estadounidenses que se beneficiará de
las desgracias colectivas.
Así como muchas organizaciones sociales, las
comunidades indígenas del Cauca, los productores de arroz del interior del país
y los de bienes agropecuarios y cereales de clima frío, lo hicieron en
consultas ciudadanas, los 500 delegados presentes, representantes elegidos
democráticamente entre los afiliados a UNIÓN CAFETERA, en 120 municipios de
Colombia, en Antioquia, Risaralda,
Caldas, Quindío, Valle, Cauca, Huila, Tolima y Nariño decimos NO al TLC con
Estados Unidos y solicitamos en nombre de nuestros representados al gobierno que
se levante de inmediato de la mesa de negociaciones.
No es posible detener la hecatombe que se avecina con
el TLC con las “limosnas temporales” que el presidente Uribe ofreció a los
delegados al LXV Congreso Cafetero. Cualquier colombiano con el más mínimo
sentido común sabe que se trata de paliar con engaños los efectos políticos que
firmar el TLC puede significarle al presidente Uribe. La misma Sociedad de
Agricultores de Colombia ya los desechó.
Por tanto, la Asamblea Nacional de UNIDAD CAFETERA llama a todos los
caficultores de Colombia a participar en 2006 en las tareas de resistencia
contra la firma, aprobación y ratificación del TLC con Estados Unidos, a
oponerse hasta el último momento a que se cristalice este daño histórico contra
la nación colombiana; en otras palabras, a luchar denodadamente contra el TLC,
así “caigan rayos y centellas”.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE LA PRÓRROGA DEL PERIODO DE GRACIA A
LAS DEUDAS DE 85.000 CAFICULTOIRES REFINANCIADAS EN EL PRAN.
En el marco del LXV Congreso Cafetero, el Gobierno
Nacional anunció que para el caso de préstamos de los caficultores adscritos al
PRAN, se prorrogará el periodo de gracia de tres a cinco años, lo que les implicaría al mayor número
de ellos que los abonos a capital no se iniciarán en 2006 sino en 2008.
Ese aviso oficial, surgido por el temor de la
rebeldía cafetera a no cumplir con la honra de las deudas debido a la incapacidad financiera de los deudores,
evidencia un reconocimiento en que la tan publicitada política cafetera no ha
redundado en el ahorro suficiente para que los deudores tengan el dinero
disponible para cumplir oportunamente con sus amortizaciones a los créditos
refinanciados. Es, de hecho, una
confesión de boca de la ineficacia de esas políticas oficiales.
Sin embargo, si bien para los caficultores
entrampados en la deuda puede ser un alivio temporal, hay que observar que esa
medida conlleva un encarecimiento adicional de los pagarés y no existe ninguna
perspectiva seria que asegure que en 2008 sí se podrá cumplir con la
cancelación oportuna de las cuotas de las acreencias aumentadas.
En consecuencia, UNIDAD
CAFETERA reclama, por las razones ya expuestas, la CONDONACIÓN INMEDIATA DE
TODOS LOS CRÉDITOS DE LOS CAFICULTORES, partiendo de la propia exposición de
motivos del gobierno al decretar la prórroga por dos años más del periodo de
gracia. No existe impedimento legal, como ya se hizo en 1995, ni impedimento de
tipo económico para tratar como es debido un problema que cada vez se vuelve
más insoluble. Sería una forma mínima de compensación por tanta afectación
recibida en muchos años de una crisis que no ha cesado en sus terribles secuelas.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE EL PROYECTO DE LAS TIENDAS JUAN
VALDEZ.
A partir de noviembre de 2002, antes que el LXII
Congreso Cafetero y el Comité Nacional de Cafeteros lo aprobaran, la firma
privada PROCAFECOL inició, sin pagar contraprestación alguna, la explotación de
la marca JUAN VALDEZ de propiedad del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ para su proyecto
particular denominado TIENDAS JUAN VALDEZ.
Este despropósito le ha valido a los altos directivos
de la Federación y al ministro de Hacienda, entre otros, el inicio de un
proceso por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, la
Federación de Cafeteros mantiene registrada a su nombre la marca JUAN VALDEZ y
la Superintendencia de Industria y Comercio certificó que no existe ante esa
entidad ningún contrato de usufructo de ésta ni de ninguna otra marca de
propiedad del Fondo Nacional del Café, contraviniendo inclusive normas de la
Comunidad Andina de Naciones que exigen dicho procedimiento.
Para vender como benéfico ese proyecto privado, el
gerente de la Federación, Gabriel Silva, lo presenta como la tabla de salvación
para los cafeteros de Colombia. Hasta la fecha, luego de tres años y de haberse
instalado más de dos decenas de esas cafeterías, la compra de café a los productores
colombianos apenas supera los 6.000 sacos, de un total de más de 33 millones
que se han tenido que colocar en los mercados en ese periodo. Una cifra
irrisoria para una cantidad de tan descomunal tamaño. Es claro que mediante el
establecimiento de esas tiendas no se le da salida a la industria del café de
Colombia y que los réditos que llegare a reportar serán para los dueños de
PROCAFECOL, a través del tráfico de la marca y la venta de franquicias. Vale
destacar que en la Junta Directiva de esa compañía se encuentra el jefe de
debate de la reelección y ex consejero presidencial, José Roberto Arango.
Precisamente para cubrir las apariencias se lanza con
bombos y platillos la venta de acciones de PROCAFECOL a los caficultores. Al
respecto, cabe preguntar: ¿Si son de ellos por qué deben vendérselas otra vez?,
es claro que se trata de una cortina de humo para justificar luego la
colocación de acciones en bolsas de valores de Colombia y el exterior; donde
aparecerán los verdaderos dueños de esta ilegítima iniciativa que se pretende
lavar poniendo como mampara a candorosos caficultores que así se prestarán para
el entresijo. Mientras más caficultores se vuelvan accionistas, menos
utilidades obtendrá cada uno de su “inversión” y, mientras menos lo sean, más
privado será el proyecto.
Las Tiendas Juan Valdez son otro invento de la cúpula
burocrática que se ha apoderado de las instituciones para intentar su propio
salvamento, explotando el patrimonio público del Fondo Nacional del Café, así
sea en detrimento de los varios centenares de miles de familias pobres
productoras de Colombia. Lo mismo está haciendo con distintos proyectos como el
de bebidas gaseosas, la comercialización del café de la fábrica de Liofilizado
en Chinchiná y de las “almohadillas” y demás iniciativas para servicios
empresariales de café en Estados Unidos donde está asociada con empresas
privadas norteamericanas.
UNIDAD
CAFETERA
objeta de manera total los procedimientos abusivos como se ha adelantado el
proyecto de las Tiendas Juan Valdez y los demás con los cuales se están
beneficiando grupos privados de los activos
construidos con el esfuerzo de varias generaciones de caficultores. Por
consiguiente, demanda que todas esas iniciativas se coloquen exclusivamente en
cabeza del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, como única manera de derramar las
eventuales utilidades derivadas de ellas para todos los productores sin
excepción, sin innecesarias divisiones, y de acrecentar adecuadamente el
patrimonio público.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE EL APOYO A LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES
La red de cooperativas de caficultores ha garantizado
la compra de la cosecha por varias décadas a los productores de Colombia. Durante
muchos años, antes que César Gaviria y Rudolf Hommes cambiaran el mecanismo
para establecer el precio interno del café y que los gobiernos subsiguientes han perfeccionado,
fue el pilar para el mantenimiento de un precio interno de sustentación.
Como consecuencia de la implantación de los dogmas
neoliberales, se decidió que las cooperativas deben intervenir en el comercio con recursos
propios y, en los últimos años, el acceso a los recursos del Fondo Nacional del
Café se ha endurecido en menoscabo de sus
reales capacidades de compra de las cosechas. Una situación agravante
también resulta tanto el fomento de ventas directas de grupos de productores,
los pocos que pueden, en los mercados de futuros como de la imposición desde
2003 del pago de impuestos de renta a las cooperativas y, en ciertos casos
exorbitantes, cobros de industria y comercio.
El resultado de la aplicación de esos criterios,
amén de otros claramente discriminatorios, es la
disminución en cinco años a casi la mitad del número de cooperativas y de un
descenso sustancial en el de los puntos de compra. Paralelo con ello cobra más
importancia la red privada de compradores de café, sobre todo la vinculada
estrechamente con los grandes grupos internacionales, que ya exporta las tres cuartas
partes de todas las ventas de Colombia al exterior. Esto expone nuestro grano a las maniobras que esos
consorcios ejecutan a escala global, incluidas las lucrativas
reexportaciones, hasta de grano verde.
UNIDAD
CAFETERA
reclama del gobierno atención especial al mantenimiento y apoyo a la red de
cooperativas de caficultores para garantizar su permanencia en el comercio
interno del café y, en ese sentido, tomar las medidas que las hagan viables en
un mercado tan incierto como éste. Si se continúa deteriorando la red
cooperativa, los empobrecidos caficultores de Colombia quedarán inermes ante
las grandes comercializadoras y empresas procesadoras multinacionales, que
quedarían acá como “Pedro por su casa”, con una posición dominante absoluta. La
experiencia de otros países donde dicho dominio se consolidó es suficiente para
obrar en la dirección que indica esta resolución.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN
SOBRE LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA
Fuera de los salvajes estragos propiciados a nuestras
tribus aborígenes en las épocas de la Conquista y la Colonia españolas, desde mediados del siglo XIX, las comunidades
indígenas de Colombia fueron casi
completamente despojadas de sus territorios. En la región del Cauca, con las
medidas relacionadas con la disolución de resguardos, se fraguó el desarraigo
de quienes de manera natural tenían el derecho
a la propiedad sobre ellos. Pasaron cien años de lucha, entre las que
cabe mencionar la de Quintín Lame, para que el Estado colombiano, mediante
normas y sentencias constitucionales, resarciera con la devolución de las
tierras originarias a las comunidades
indígenas, unas tierras ricas en diversidad y agua pero que además deben
garantizarles su progreso económico en la medida en que se les otorguen posesiones
aptas para el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria.
En 1999, mediante el decreto 982, el Gobierno
Nacional reconoció la heredad de los
pueblos guambianos y nasas sobre una serie de predios y decidió adquirirlos
para entregarlos a sus demandantes. Transcurridos seis años, está acción no se
ha cumplido a pesar de que los indígenas han recurrido a todas las vías legales
para que se realice. Por tanto, desde
septiembre de 2005, han procedido a la recuperación física por lo cual sólo han
recibido la represión, la muerte y la
agresión de varios de sus miembros y las evasivas y los condicionamientos
ilegales del gobierno actual.
Recientes estudios del INCODER reafirman que, si bien
las comunidades indígenas caucanas poseen 542.000 hectáreas, el 70% de ellas son páramos, bosques, o
laderas erosionadas, lo cual quiere decir que para cerca de 70.000 familias las
tierras aptas para la producción no superan las dos hectáreas para cada una.
Vale resaltar que un gran número de ellas están dedicadas al cultivo de café.
UNIDAD CAFETRA se solidariza en la justa lucha por la recuperación de tierras,
que libran las comunidades indígenas del Cauca para mejorar sus precarias condiciones de producción y para
fortalecer su proyecto de autonomía NASA, y reivindica sus reclamos al gobierno
nacional para el cumplimiento de los pactos acordados sin vacilaciones ni
triquiñuelas.
Leída y aprobada en
Asamblea Nacional realizada en
Pereira el 12 de diciembre de 2005
Pereira, diciembre 12 de 2005
Doctor
Antonio
Hernández Gamarra
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Bogotá
Señor
Contralor:
Quinientos delegados de 120 municipios de Colombia,
pertenecientes a UNIDAD CAFETERA y a la
Unión Cafetera Colombiana reunidos en
Asamblea Nacional, en la ciudad de Pereira hemos conocido en el día de hoy los hallazgos que el Informe Especial de Auditoria
que la entidad a su cargo adelantó para el año 2004 al FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.
Deseamos manifestarle que existen asuntos realmente
espinosos en ese Informe que desdicen
del manejo que la Federación Nacional de Cafeteros le está dando a la
administración de los recursos y bienes públicos que están bajo su cuidado para preservarlos e
incrementarlos. No es cosa de menor cuantía lo acaecido con los dineros
públicos invertidos en ACES y que según reza textualmente su Informe “se
utilizaron para salvar a una empresa privada”. Es igualmente insólito que no se
tenga certeza del monto real de los inventarios de café verde que son casi una
tercera parte del patrimonio del FONDO y que, acorde con las importaciones de
café hacia Colombia, parecen ser mucho menores de lo que se cree. Este punto debe
ser esclarecido cuanto antes ya que la Federación emite títulos valores para
conseguir capital de trabajo fundados en el aforo de ese patrimonio.
También, como algo que se ha vuelto costumbre, la
Contraloría se ve precisada a hacer
glosas sobre el modo como la Federación ha permitido de manera licenciosa
usufructuar la marca JUAN VALDEZ, a una
empresa privada de la que es socia. Esa
marca no se ha registrado a nombre del FONDO, sigue a nombre de la
Federación, ni tiene un avalúo de
público conocimiento ya que, de acuerdo
con su Informe, la Federación se
empecina en no difundirlo, fundamentada en que el estudio correspondiente para
tal fin fue pagado con sus recursos particulares. Tampoco se ha registrado contrato alguno de
uso de ella ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Estos sucesos nos llevan a cuestionar el fenecimiento de la cuenta extendido por
la Contraloría a la administración del
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y, a
la vez, solicitarle la constitución de una veeduría ciudadana que pueda
conocer, vigilar y seguir el desarrollo de estos hechos ya que
de su evolución depende que no se extinga esta propiedad pública que según los
conceptos de parafiscalidad deben
aplicarse al ingreso del caficultor y es realmente lo único con que cuentan
medio millón de familias rurales para no quedar en la inopia.
Cordial saludo,
AURELIO SUÁREZ
MONTOYA
Presidente Unión Cafetera Colombiana.
Personería Jurídica xxxx del ministerio de
Agricultura.