Pasado, presente y
futuro de la agronomía y el sector agropecuario en los tratados de libre
comercio
por Ángel María Caballero
Ponencia presentada en el Foro
realizado por
la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos,
en Bogotá, el 24 y 25 de noviembre de 2004
Felicitamos a todos los
colegas por su aniversario de los 90 años de esta sufrida profesión. El
ingeniero agrónomo, a pesar de ser parte de la columna vertebral del campo
colombiano, no ha sido apreciado por los agricultores, con la complicidad
nuestra, las transnacionales y los diferentes gobiernos, que no han diseñado
políticas para el desarrollo integral de la profesión, provocando un
canibalismo tarifario que demerita nuestro trabajo, aumentando los problemas
fitosanitarios donde no se prestan nuestros servicios, lo cual ha permitido que
esta labor no tenga el reconocimiento que merece. Algo parecido sucede con las
instituciones del Estado que prestaban apoyo al sector agropecuario y que se
han desmantelado sin prisa pero sin pausa, casi desde finales de la década de
los 80, cuando llevaron hasta la extinción a instituciones tan importantes como
el Idema y el ICA. Instituciones y programas de apoyo que sí mantienen los
países con los que debemos competir en los diferentes tratados comerciales que
se están negociando.
Practiqué
la agronomía en la década de los 70, como muchos de ustedes, siendo asistente
técnico en el departamento del Tolima, y como empresario he trabajado siempre
de la mano con las comunidades indígenas y del sector agropecuario, para
afrontar los grandes retos y amenazas que asedian al campo colombiano. Así
estuve en la defensa del río Saldaña contra la explotación aurífera por parte
de Mineros de Antioquia, en Ataco, y la construcción de la prensa en cubos de
baja cabeza, lo que evitó la pérdida de la cosecha de los arroceros de
Usosaldaña en 1997.
Con los
usuarios de nuestro Distrito de Riego, con la Unidad Cafetera y su presidente
en ese entonces, el hoy senador Jorge Enrique Robledo, y un puñado de
agremiaciones agrarias organizamos en abril de 1998 la Asociación Nacional por
la Salvación Agropecuaria, que tiene como única meta la defensa de la
producción nacional y sus empleos, y hemos llevado a cabo grandes
movilizaciones contra las importaciones de arroz y los productos del agro, con
el único propósito de revertir la lapidaria frase que casi sirve de ejemplo a
nuestra organización desde su nacimiento: “En Colombia había trigo, había soya, había sorgo, había
algodón”, y poder algún día decir: “En Colombia hay trigo, hay arroz, hay soya, hay
algodón”, y que el agro colombiano sea una realidad, no una parte de nuestras
nostalgias o de nuestros sueños. Desde 1999 avizoramos los peligros del ALCA,
todavía no se hablaba del TLC, y emprendimos nuestra lucha contra ese proceso
de recolonización.
Salvación
Agropecuaria es una organización gremial, en ella confluyen todas las
vertientes de la diversidad política existente en el país, las cuales son
respetadas y oídas por igual, siempre convencidos de que con la diversidad se
construye la democracia y que lo más importante es “que sea más lo que nos une,
que lo que nos separa”, para que los productores y trabajadores rurales
defendamos con patriotismo la verdadera reactivación económica del sector
agropecuario, postrado por las políticas aperturistas.
Los
neoliberales afirman: “El país debe importar alimentos baratos para bajar la
inflación, vengan de donde vengan”. Para ellos seguridad alimentaria es “llenar
los anaqueles de los supermercados con alimentos importados para los habitantes
de las ciudades”. En nuestra organización afirmamos todo lo contrario: creemos
que “Lo
más caro para un país es lo que no es capaz de producir”,
porque las importaciones por baratas que sean destruyen el empleo contrayendo
la demanda y el desarrollo económico de nuestra nación, además está comprobado
que los intermediarios de estas operaciones son los más beneficiados con
ingentes utilidades “No hay almuerzo gratis”. Si no tenemos capacidad para
producir nuestros alimentos, bienes y servicios, más adelante tendremos que
comprarlos al precio que los quiera vender el mercado, y nuestro pueblo no
tendrá recursos para adquirirlos como hoy sucede, siendo la mayor causa de la
postración de la economía al marchitarse la demanda por falta de empleo
justamente remunerado.
El mercado interno del país, que se negocia en el TLC, está representado en el agro por los productos de la dieta básica del pueblo colombiano, como el arroz y los demás cereales, lácteos, azúcar, oleaginosas, carnes de res, cerdo y pollo, es un mercado que mueve al año un PIB de más de 25 billones de pesos, 14% del PIB nacional, convertido hoy en gran trofeo del TLC; representa cuatro millones de empleos en nuestros campos, donde habita el 22% del pueblo colombiano, en 1.050 municipios. En nuestras comarcas rurales se desarrolla el conflicto armado que se nutre del narcotráfico y, por tanto, también tiene que ver con la seguridad nacional, motivo más que suficiente para repensar los riesgos que se corren en estas negociaciones. Apoderarse del mercado de nuestros productos básicos es para los negociadores del imperio el premio mayor, pero para Colombia representa ser o no un país libre y democrático. No podemos entregar el mercado interno, en un acuerdo comercial mal negociado; sería aumentar la pobreza y el sufrimiento del pueblo colombiano hasta límites insospechados.
Después
de esta breve introducción, donde delineamos una parte de la diversidad de
las ideologías económicas, entramos al
tema que nos ocupa: “La agronomía y los tratados comerciales en el sector agropecuario”.
Vemos con mucha preocupación
estos acuerdos comerciales, y para hablar de ellos se debe analizar la historia
del agro, lo cual haremos producto por producto a través de los tiempos.
A los
propietarios de maquinaria en el Tolima nos tocó en la década de los 80 ir a la
sabana cundiboyacense a comprar repuestos para combinadas Massey Ferguson
modelo 82 y 92, que fueron importadas en la década de los 60 para recolectar
trigo. Las viejas máquinas del altiplano las encontramos arrumadas a la
intemperie, en potreros enmalezados que fueron antes hermosos trigales; sus
dueños nos manifestaban sus amargos recuerdos, porque el trigo colombiano había
sido desplazado por el norteamericano. Esas máquinas las adaptamos para arroz y
todavía funcionan para la recolección de nuestras cosechas.
Podemos
deducir que desde tiempos remotos los empresarios, campesinos y productores
agropecuarios, empezamos a padecer los efectos de esta primera apertura
económica. En esa época se supo de una misión norteamericana llamada Cáritas,
que regalaba el trigo y la harina, y no sabíamos porque lo hacían, hasta que a
punta de importaciones baratas acabaron con el cereal nacional. Posteriormente
importamos el trigo integral, luego la harina de trigo y hoy también el pan
Bimbo, del consorcio méxico-norteamericano, que completa la destrucción de la
cadena, afectando al pequeño panadero que no puede competir con la economía de
escala de los grandes consorcios. Lo poco que queda de este cultivo en Nariño y
Boyacá, fue entregado, lo mismo que la cebada, la soya, el algodón, el sorgo y
otros, en la penúltima ronda del TLC en Tucson Arizona, en el mes de noviembre.
Los califican como “no sensibles” para el país. ¡Qué absurdo!
Nación
pequeña que cree poder entrar en las grandes ligas del comercio a abrir sus
mercados sin tener preparación y competitividad, y sin el apoyo generoso del
Estado a sus productores, es arrasada, como fueron arrasados los cultivos de
trigo y cebada en la década perdida de los 60.
En nuestra memoria viven
estos hechos como un recuerdo del pasado, que los productores rurales no
debemos olvidar porque “el que no tiene memoria para recordar el pasado está
condenado a padecerlo”. La historia del trigo se empieza a replicar en el TLC
con el arroz y con los demás productos de la dieta básica del pueblo
colombiano. Una gran empresa como Bavaria, que se nutrió de nuestros campesinos
cundiboyacenses, antes los mayores productores de cebada y por decenas de años
los más grandes consumidores de cerveza, les dio la espalda importando la
cebada y desplazando el producto nacional, porque la conseguía más barata
debido a los grandes subsidios que dan los países industrializados a sus productores.
El año pasado en los 29 países más ricos de la tierra, agrupados en la OCDE,
los subsidios llegaron a 318 mil millones de dólares, situación que hasta el
propio ministro de Agricultura denuncia ambiguamente en todos los foros,
subsidios con los cuales no podemos competir. Esto sería motivo principal para
excluir el arroz y casi todo el sector agropecuario de las negociaciones del
TLC.
El arroz en las
negociaciones del TLC
El último editorial de la revista Fedearroz muestra la desilusión y el desconcierto del gerente
general de esa Federación, cuando afirma categóricamente que nos esperan tres escenarios con el TLC:
“El primer escenario
posible es que al arroz como a cualquier otro producto se le otorgue un período
de desgravación para alcanzar el libre comercio en 10 ó 15 años, en este primer
escenario todos los actores de la cadena arrocera colombiana estarán liquidados
en 10 ó 15 años. En el segundo escenario puede ser que el país empiece a
recibir arroz blanco empaquetado en bolsitas transparentes con algunas leyendas
en inglés, en el mediano plazo
protegido con un pequeño arancel
de las franjas de precios para compensar en una pequeña proporción los
abultados subsidios que el gobierno americano
otorga a sus productores y a los exportadores del grano. Algunos
productores, algunos industriales y algunos comerciantes sobrevivirán a
expensas de pírricos márgenes. Y un tercer escenario en el que se busque un verdadero
mecanismo de protección que compense plenamente los subsidios concedidos tanto
a la producción como a la exportación del arroz por el tiempo que sea necesario
hasta que el precio de exportación de este producto refleje los costos de
producción y las verdaderas ventajas comparativas de los países; este nos
dará tiempo y espacio para que los productores podamos seguir mejorando nuestro
nivel tecnológico, para que la industria reafirme su voluntad para invertir en
el país, para que el mercado mejore las imperfecciones y para que el consumidor
también pueda verse favorecido por estas nuevas tendencias del mercado”.
Compartimos la preocupación de Fedearroz, pero todavía nadie nos ha explicado
cómo mejorar nuestro nivel tecnológico para producir arroz paddy a 50 mil pesos
carga en un TLC o en el ALCA y lograr la competitividad tan anhelada por el
Gobierno, si los subsidios en Estados Unidos para el arroz en el año 2003
fueron de 1.270 millones de dólares y el valor de la producción del cereal de
este país fue de 1.300 millones de
dólares. Como está planteada la desgravación arancelaria a largo plazo, por sí
sola no da competitividad y más temprano que tarde correremos la misma suerte
de México en el Nafta o de los países Centroamericanos en el Cafta, donde se
está llevando el cultivo casi a su extinción.
Estados Unidos ratificó que los
subsidios internos se negociarían en la OMC, por lo cual creemos que la suerte
de este producto se definirá como sucedió en el Cafta en Centroamericana, donde
el arroz los desgravaron a 15 y 18 años y ya se perdió más de 70% de la
producción arrocera en los primeros años; en Costa Rica se pasó de 80 mil a 15
mil hectáreas de arroz (el molinero más grande se quedó con esas tierras); en
el Nafta, México pasó de 300 mil a 40 mil hectáreas de arroz, aumentando las
importaciones de 200 mil a 800 mil toneladas, y también perdió carne, maíz,
café y azúcar. En enero de 2003, a los 10 años de firmado el tratado, se habían
dejado de cultivar 6 millones de hectáreas; mientras tanto el país “campeón”
del libre mercado Estados Unidos, redujo el precio del cereal en los últimos 6
años el 51% e incrementó los subsidios en un 80%. La asimetría de las economías
es de tal magnitud que queda plasmado en las siguientes cifras, el presupuesto
nacional de Nicaragua el año pasado, fue de 900 millones de dólares, luego es “pelea
de toche con guayaba madura”.
Sin firmar el TLC, los colombianos ya
estamos perdiendo porque en las postrimerías de la administración Gaviria,
Colombia firmó en la OMC que a partir del 1 de enero de 2004, el Ministerio de
Agricultura no podría fijar precio para las cosechas en Colombia y debía entrar
al libre mercado con importaciones por subastas, lo cual tuvo como consecuencia
que en diciembre del año pasado diseñaran a las carreras un nuevo mecanismo
llamado “Contingentes Arancelarios” o “Subastas Agropecuarias”, que para el
caso del arroz y cereales quedó reglamentado así:
1.
Exista o no arroz en Colombia, cada año
obligatoriamente fijarán un contingente de importaciones de 75 mil toneladas de
paddy seco o su equivalente en blanco.
2. La
importación adicional a esta cifra será concertada en el Consejo Nacional del
Arroz, el cual es manipulado por la molinería que maneja las estadísticas de
consumo y producción al igual que los precios de paddy, con el único propósito
de justificar las importaciones y en su gran mayoría con la complacencia del
Ministerio de Agricultura y de una parte de los integrantes del concejo; la
importación es aprobada con un arancel bajo, y el beneficiado por cada tonelada
importada deberá comprar alrededor de 4 ó 5 toneladas de la cosecha nacional,
pero no se le obliga a pagar al productor ningún precio para la compra de la
misma, sino que recibe como premio un incentivo al almacenamiento subsidiado
por el Estado, para almacenar el arroz mientras pasan los tacos de cosecha.
Este incentivo es libre disposición del importador tomarlo o no. Este año la
gran molinería no lo tomó y fue el origen de la catástrofe arrocera, lo cual
muestra la imperfección del mecanismo.
3. Indudablemente
el mecanismo no funciona porque la industria molinera impuso su posición
dominante, al fijar los precios a su antojo, siempre en contra de los
productores. Estas importaciones, en cantidad de 100 mil toneladas de arroz
tailandés y 200 mil de Venezuela por Pacto Andino y de contrabando, causaron la
gran ruina este año para el sector arrocero en Colombia. El arroz tailandés
entró con un arancel de 20% y el venezolano con 0% de arancel, afectando el
mercado nacional con precios inferiores entre 15 y 25%. El caso de Venezuela en
competitividad es patético con la bonanza petrolera, pues trabajan con
agroquímicos más baratos que Colombia, hasta en 50% y por ley presidencial
fueron excentos de impuestos de renta e Iva por un año, además triangulan de
contrabando arroz de terceros países, lo cual es de conocimiento del mismo Gobierno
y hasta de la misma
población.
Esta experiencia nos dejó lecciones amargas al no existir ningún control en
frontera por parte del Gobierno, ni tener nuestro arroz competitividad con el
venezolano y, para completar la película, nos informaron que la mayoría de los
agroquímicos con los que trabajan en Venezuela son fabricados en Colombia.
Todo lo anterior dio como
resultado la Marcha por la dignidad arrocera realizada el 19 de octubre de 2004,
que se llevó a cabo con la participación de los productores del Tolima, Huila y Meta, en la cual se
comprometió el Gobierno nacional a no importar arroz en el 2005.
4. A
pesar de lo malo del “Mecanismo de Contingentes Arancelarios” para la producción
nacional y de los desastres que nos causó, no ha sido aceptado por los
negociadores gringos en el TLC. Igual sucede con las franjas de precios, que es
la única defensa para el sector agropecuario nacional. El mecanismo de
contingentes arancelarios no es nuevo y ya fue aplicado en Honduras y Nicaragua
en el Cafta, con resultados nefastos para los productores de arroz. Sin embargo
lo peor está por venir, ya que los negociadores del Gobierno en reunión del 16
de diciembre de 2004 en Bogotá, para exponer el estado de las negociaciones,
afirmaron: Que se está estudiando un “mecanismo de salvaguardias arancelarias”
por parte de los negociadores nuestros, que debe reemplazar al de “franjas de
precios” que defiende la producción nacional de las importaciones, por uno
nuevo, que denominan con una palabreja ambigua llamada “requisitos de
desempeño” y con la novedad que
en el TLC a los importadores no se les obligará a la compra de cosecha
nacional, es decir, “cualquier mecanismo por malo que sea es susceptible de
empeorar”.
A estos sectores les tocó
recoger la quiebra del agro colombiano de la pre y postapertura. Sorgueros,
maiceros, trigueros, algodoneros y cafeteros arruinados, encontraban como
solución comprar ganados de carne o leche para mitigar la crisis en tameros y
potreros en rastrojos. En esta forma la lechería en la década pasada, creció
hasta llegar a más de 300 mil productores, la mayoría de minifundio, que hoy
van a ser víctimas del TLC, pues la leche fue declarada desde la Ronda de
Guayaquil como “no sensible” y se negociará en Colombia en una mesa especial.
Los pequeños lecheros hoy se encuentran al borde de la miseria, con el precio
congelado por las transnacionales que lo comercializan en el país a 400 pesos
el litro desde hace 10 años.
Con el argumento que
Colombia tiene excedentes de 50 mil toneladas de leche al año para exportar,
las grandes comercializadoras a la cabeza de Colanta, solicitaron el libre
mercado para este producto, argumentando que es competitivo a nivel nacional,
lo cual no es cierto, porque Colombia
produce tonelada de leche en polvo a 1600 dólares y en el mercado
internacional cuando hay sobreoferta vale 800 y 1000 dólares la tonelada. Su
propósito no es el más noble, desean exportar los derivados de la leche como
yogurt y quesos frescos fabricados con leche barata de los pequeños campesinos
a precios de miseria e importar leche en polvo vencida o próxima a vencerse muy
económica como ya lo ha hecho Nestlé, para adicionarle agua y empacarla en
cajas de larga vida con jugosos rendimientos; esta situación va a terminar de
deteriorar la ya menguada economía de los pequeños campesinos lecheros.
FEDEGAN afirma que
Colombia puede exportar
competitivamente carne a Estados Unidos, los negociadores de este país dicen
que las exigencias fitosanitarias lo permiten siempre y cuando la carne sea
libre de aftosa pero sin vacuna, lo cual es materialmente imposible e impide el
acceso de nuestra carne al mercado gringo.
La historia se repite en
cultivos tropicales con café y banano
En la primera parte de la
década de los 90, César Gaviria aplicó la apertura económica bajando la
protección arancelaria de nuestro sector, siendo ministro de Desarrollo el hoy
embajador en Washington, Luis Alberto Moreno y ministro de Hacienda Rudolf
Hommes, los mismos que siguen detentando el poder en la diplomacia
internacional o asesorando al Gobierno. La realidad es que los favores contra
la soberanía nacional son muy bien remunerados. La historia se repite.
Colombia, después de perder el trigo y la cebada, liberó el mercado del café en
1989 con el rompimiento del pacto de cuotas en la OIC (Organización
Internacional del Café), proceso liderado por Estados Unidos y por las
transnacionales tostadoras del grano, acabando con la regulación del mercado,
lo que representó la miseria para nuestros productores, porque ellas imponen
precios de ruina al contar con la producción barata de países asiáticos como
Vietnam, Laos, Indonesia, India, financiados por el Banco Mundial después de la
guerra en la Península de Indochina. Hubo gran cantidad de préstamos en dólares
para producir café barato, deprimiendo los precios que llevaron a la quiebra a
500 mil familias de productores colombianos, 90% de los cuales cultivan menos
de cinco hectáreas. Precios de ruina que llegaron a menos de 60 centavos de
dólar la libra, cuando el punto de equilibrio para nuestros productores es de
80 centavos, y debemos competir con cafés vietnamitas que lo producen a 20
centavos, competencia que se extendió a Brasil que también produce cafés
robustas con costos similares en tierras planas y mecanizadas.
El café
colombiano, a pesar de la calidad, no puede competir en el mercado
internacional, porque es monopolizado y regulado por los grandes consorcios y
tostadoras como Nestlé, General Food, Cargill y otras que mueven al año
capitales superiores al Producto Interno Bruto de Colombia, dando como
resultado que 90% del precio total quede en manos de estos pulpos y que sólo
menos de 10% llegue al bolsillo de los productores nacionales. Cuando a un
productor de café en Colombia le pagan 70 centavos de dólar la libra, en los
supermercados de Miami y Nueva York una libra de café tostado se vende por
encima de los 12 dólares.
Con los anteriores
resultados, excelentes para ellos, perdimos en la década pasada también los
cultivos de sorgo, algodón, maíz y soya. Pero con la complicidad de nuestros
gobernantes, quieren aplicar la teoría de “las ventajas comparativas”, que es
orientada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con la
falacia que los países deben especializarse en lo que sean capaces de producir
más barato y con los más bajos salarios. Dicho en otras palabras: debemos
exportar el hambre de nuestros trabajadores, y producir cultivos tropicales que
ellos no pueden cultivar debido a las estaciones; por esta razón entra para
firma presidencial una Ley, que en forma mentirosa afirma que estos cultivos
son más generadores de empleo que los transitorios, según lo ratifica el
Ministro Cano y por lo tanto quedará reglamentada la exención tributaria
durante 10 años. Quieren que caigamos en la trampa de la especialización en
cultivos tropicales como cacao, palma africana, higuerilla, uchuvas, pitayas,
alas de mariposa, palmitos y cultivos exóticos que tienen nichos de mercado
estrechos. Con esta teoría el país perderá la seguridad alimentaria, que es
planteada por George Bush, así: “Que los granjeros norteamericanos produzcan la
dieta básica alimenticia de la nación y que exporten sus excedentes a los
países que no la puedan producir”. Lo que para ellos es una cuestión de
seguridad nacional y soberanía alimentaria, para nuestros neoliberales es bajar
la inflación.
El
reingreso de Estados Unidos a la OIC no fue gratis y para nuestros cafeteros
puede ser otra pesadilla, al imponernos la legalización de los cafés basura y
sus mezclas en el comercio, demeritando con ello los precios de los cafés
suaves. En el TLC se aprobó que se puedan importar y exportar cafés procesados,
con lo cual nos llegarán cafés pasilla mezclados y de diferentes sabores,
entregando el ya maltrecho mercado de nuestro grano.
Otro de
los cultivos tropicales que sufre el vía crucis del café es el banano, cuyo
precio oscila desde hace 10 años entre 3 y 4 dólares la caja de 18 kg. Manejado
por Chiquita Brand, Dole, Uniban y otras transnacionales que mercadean el
producto en el mundo y manipulan los precios a su antojo. En el departamento
del Magdalena, a los cultivadores de banano los obligan a fumigar hasta 20
veces por cosecha, como requisito impuesto para la compra de la fruta, con
agroquímicos que ellos importan y venden a altos costos. Después de que el
productor entrega la cosecha al precio que define la transnacional, con altos
descuentos por las tablas fitosanitarias, les dan vueltas a su antojo, y a esto
lo llaman libre mercado, con ventajas comparativas incorporadas y cero
rentabilidad. Los cultivos tropicales los producen los países del tercer mundo
pero son controlados por los grandes conglomerados que no los pueden cultivar
en sus países de origen por el clima. Estos cultivos tropicales, con
superproducción mundial pues decenas de países los acogen como su salvación y
tienen que competir entre sí para colocarlos para el consumo de los mismos
clientes, llevan implícito el sudor y la ruina de nuestros productores. Es la
resurrección de la época de la colonia.
Algodón
El algodón, después del tabaco, es el
cultivo que mayor empleo genera por hectárea; más que el arroz, el maíz y el
sorgo. Colombia llegó a cultivar en
1977 alrededor de 370 mil hectáreas, 70 mil de las cuales fueron sembradas en
el departamento del Tolima. El país exportaba la mitad de la fibra que
producía. El Ministerio de Agricultura recomendó a comienzos del actual año
sembrar algodón; en febrero el precio en el mercado internacional era de 80
centavos de dólar la libra, pero ya en agosto, fecha de recolección, valía 45
centavos de dólar. Los industriales, representados en Diagonal, no querían
comprar la cosecha del interior, del semestre A de 2004, pues estaban
inventariados de importaciones más baratas, del orden de 30 mil toneladas, y le
replicaron al Gobierno manifestando que en el TLC no podían competir con
algodones de 80 centavos de dólar cuando la competencia asiática los compraba a
45 centavos, y que ellos, además, tendrían en el año 2005 la competencia de las
confecciones chinas y centroamericanas. El Gobierno entregó entonces subsidios
por 45 mil millones de pesos para poder cumplirle a los algodoneros el precio
de cuatro millones de pesos la tonelada de fibra, y el ministro Cano, en junio
de este año, entre sorprendido y despistado, manifestó en El Espinal: “El único
problema que tiene Colombia con el cultivo de algodón es que el valor de la
producción de esta fibra en Estados Unidos vale 3.200 millones de dólares y los
subsidios valen 3.600 millones de dólares, lo que quiere decir que valen más
los subsidios que la producción. Ellos pueden vender algodón entre 30 y 80
centavos de dólar la libra, nosotros lo producimos a 60 centavos y nuestros
productores recuperan los costos de producción con tres toneladas por hectárea,
las cuales sin riego son difíciles de recolectar; luego es un cultivo que en un
libre mercado no puede competir sino con subsidios del Estado”. Igual pasará
con la mayoría de los productos de la canasta básica familiar en un mercado
abierto; de lo anterior nace la imperiosa necesidad de excluirlos de las
negociaciones del TLC, lo cual se debió hacer al comienzo del proceso, cuando
Estados Unidos manifestó que no negociaba los subsidios en el TLC sino en la
OMC (Organización Mundial de Comercio). Sin embargo, a pesar del discurso del
Gobierno a favor del algodón, declarándolo cultivo estratégico no solo por los
empleos que genera en el agro sino en la industria, ya fue entregado en el TLC
como producto no sensible en el mercado internacional y quedó para negociarlo
en la próxima ronda de enero de 2005 en Colombia.
Transgénicos
El
Ministerio de Agricultura está imponiendo a ultranza los cultivos transgénicos.
Lo malo de la ciencia es que no se desarrolle en nuestro país. No podemos
combatir estos paquetes tecnológicos per
se, pero criticamos que nuestras universidades no dispongan de equipos y
presupuesto para impulsar la investigación. Establecer un instituto de
investigación científica con los equipos básicos para desarrollar variedades
transgénicas adaptadas a las condiciones ambientales tropicales de Colombia
tiene un costo mínimo de cinco millones
de dólares. Por ejemplo, entender como se lleva a cabo la modificación genética
que conlleva a la resistencia innata, de la nueva variedad de soya transgénica
al ingrediente activo del glifosato, o aprender como mediante la transformación
genética se logró un maíz transgénico resistente a lepidópteros, gracias a la
integración de una enzima perteneciente a la bacteria Bacillus thuringiensis en la célula del maíz para que estos mueran
al ingerir sus hojas. Y para poder juzgar si estas nuevas tecnologías tienen
efectos secundarios o no sobre el organismo humano, los animales o el medio
ambiente. Debemos exigir al Estado, soluciones para los problemas de atraso e
ignorancia con procesos de investigación desarrollados por nuestras
universidades y la recuperación de nuestros centros de investigación; de lo
contrario el futuro de los agrónomos con el ALCA y el TLC será cargar las
maletas a los funcionarios de las transnacionales para aplicar estos paquetes
tecnológicos de ingeniería genética que vienen. Nos parece improcedente
importar materiales transgénicos y biotecnologías desarrolladas para otras
latitudes, negando a nuestras instituciones la posibilidad de desarrollar
programas de investigación autóctonos, y en adición creando el grave riesgo de
importar problemas fitosanitarios que no existen en nuestra agricultura.
Es
vergonzoso que el presupuesto de Colciencias para el año entrante fuera
rebajado a 56 mil millones de pesos, o sea, 0.025% del PIB nacional, cuando los
países industrializados con los que tenemos que competir en estos tratados,
invierten entre 2.5% y 4% del PIB en ciencia. Igual pasa con el presupuesto de
investigación de nuestras universidades.
Modelo exportador
El ministro
de Industria y Comercio, Jorge Humberto Botero, nos quiere vender el modelo
exportador como el gran motor de desarrollo del país y en todos los foros lo
escuchamos afirmando: “País que no aplique este modelo es país que se atrasa,
que no se desarrolla”. Falta a la verdad con esta afirmación, porque los que no
defienden la producción nacional son los que nunca salen del subdesarrollo. Las
naciones más industrializadas, como Alemania, Japón y Estados Unidos, entraron
en el modelo exportador después de haber desarrollado su mercado interno, haber
educado a su pueblo e impulsando la investigación y las ciencias hasta
conseguir un gran poder tecnológico. Estados Unidos fabrica tractores y combinadas desde 1930 y actualmente fabrica
tractocarros para explorar la luna, nosotros todavía no fabricamos ni los unos
ni los otros.
Hay
países de África más pobres que Colombia y exportan 90% de su PIB, porque son
exportaciones de productos primarios sin valor agregado, que no generan riqueza
por los precios bajos a que los compran las transnacionales. En estos
planteamientos queda plasmada la falacia del modelo exportador, aplicado por el
FMI (Fondo Monetario Internacional) para los países más pobres con alto índice
de endeudamiento y pobreza.
ALCA, TLC, ATPA y Atpdea en
los tratados comerciales
Entrando
ya en el origen y causas de estos tratados comerciales, George Bush, padre,
planteó el ALCA a principios de la década de los 90, como producto de los
buenos resultados del libre mercado para su país y señaló que era un proyecto
que iba a revolucionar y desarrollar las economías de la América desde Alaska
hasta la Tierra del Fuego, en la Argentina, y que beneficiaría e integraría a
800 millones de personas de 34 países, con un PIB total de 14 billones de dólares.
El proceso de discusión del ALCA comenzó a avanzar hasta hace dos años, y por
un gran obstáculo en el camino se detuvo temporalmente, ya que Brasil y
Venezuela le dijeron a Estados Unidos que ellos negociaban el acuerdo pero si
Estados Unidos eliminaba los subsidios a sus agricultores, e hicieron
introducir el capitulo del sector agropecuario, que no figuraba, que además no
cederían nada en propiedad intelectual porque se afectaría la salud de los más
pobres y que no negociaban las drogas y agroquímicos genéricos, ni patentaban
la biodiversidad. Tenían toda la razón porque los subsidios en el país del
Norte pasaron de 120 mil a 180 mil millones de dólares para 6 años, a partir de
octubre de 2003, en plenas negociaciones del ALCA. Por cada dólar que invierte
un agricultor norteamericano, el Estado le regala 60 ó 70 centavos de dólar.
El
fracaso en las negociaciones del ALCA llevó a Estados Unidos a firmar gran
cantidad de acuerdos bilaterales como el TLC, para no quedar rezagados respecto
a la Comunidad Económica Europea que integró 25 países de la región con una
única moneda y sin visas, con permisos de trabajo, algo completamente diferente
al TLC, donde no hay negociación de visas ni movilidad laboral, la cual existe
únicamente para ellos. Una vez firmado este tratado, supuestamente el año
entrante, el Tío Sam continuará las negociaciones del ALCA.
Después de seis rondas en las
negociaciones del TLC, se encuentra virgen el tema del sector agropecuario,
igual que la propiedad intelectual, donde se incluyen los agroquímicos y drogas
genéricas. Hasta ahora no ha sido aceptado nada por los negociadores gringos, y
en los nuestros no existen sino ilusiones y esperanzas. Quedan dos rondas, una
en Colombia a finales de enero y otra en Washington, en febrero o marzo, según
lo anunciado. El gobierno colombiano afirma que en Tucson, Arizona, se
desempantanaron las negociaciones del sector agropecuario al aprobar que se
separaran los productos sensibles de los no sensibles, para comenzar a negociar
producto por producto. Dentro de los sensibles quedaron el arroz y el maíz, lo
que para nosotros no es ningún avance. El hecho de quedar estos productos para
la última ronda nos trae un mal presagio, ya que Estados Unidos solicitó en la
ronda de Guayaquil medirnos la camisa del Cafta (TLC con los países
centroamericanos) y tomarlo como modelo a imitar. En este tratado se firmó que
la desgravación del arroz sería entre 15 y 17 años, pero en los primeros años
las importaciones en la región llegaron a 400 mil toneladas, eliminando el 50%
de la producción arrocera de países como Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Creemos que en estas negociaciones se va aplicar el modelo centroamericano y
luego los del Gobierno nos tratarán de convencer al final de la entrega de que
esta desgravación diferida a largo plazo era lo mejor para el país, porque de
lo contrario perderíamos el Atpdea. Sin embargo, la situación será peor para
los que fueron considerados no sensibles, que serán negociados a finales de
enero en Colombia, entre los cuales quedaron soya, carne, fríjol, algodón, papa y aceites vegetales, la leche quedó
para negociarla en Colombia en una mesa
especial. La lectura que se da a esta categoría es que son competitivos en un
libre mercado, lo cual no es cierto y debería ser la manzana de la discordia
para no firmar el TLC. Estados Unidos no ha cedido nada en Tucson y continúa
con las mismas exigencias que ha recitado desde el primer día, persiste en
eliminar nuestras franjas de precios y en sostener sus salvaguardias sanitarias
y fitosanitarias, lo cual impide el acceso de nuestros productos al mercado
gringo.
El arribo de George Bush a Cartagena
fue el último desengaño para los ilusionados con un buen arreglo en el TLC.
Cuando le trataron el tema sólo dio a entender: “Ustedes fueron los que lo pidieron, ahora quieren que se les excluya
todo, que se les trate con cuidado su sector agropecuario”. Lo que sí
quedó claro, es que él no desautoriza a los negociadores de su país, ni al
Congreso Norteamericano, que impone las pautas de la negociación por
anticipado. Para dar un ejemplo, en el tema de las salvaguardias sanitarias y
fitosanitarias, cualquier modificación que se quiera hacer debe ir con 6 meses
de anticipación al Congreso Norteamericano, así el Gobierno de Colombia nos
quiera hacer creer lo contrario. Por tanto, las exportaciones de mango, uchuva,
carnes y lácteos están condicionadas a las negociaciones de las salvaguardias
mencionadas anteriormente. Lo contrario sucede con el Congreso de Colombia, que
una vez firmado el tratado, lo toma o lo deja sin poderlo modificar. Este es el
nuevo escenario en el que nos moveremos el año entrante, después de la firma
del tratado. Por ello las gentes del sector agropecuario tendrán que
movilizarse en todo el país para evitar la aprobación del TLC, presionando al
Congreso de la República, y de no lograrlo ir a la Corte Constitucional, porque
se violan los artículos 64 y 65 de nuestra Constitución. Pero la clave está en
lograr grandes movilizaciones.
De lo anterior se deduce que no hay
todavía una luz en el oscuro túnel y, además, en propiedad intelectual no se ha
negociado nada y lo quieren todo, desde la ampliación del periodo de las
patentes, pasando por patentes de segundo uso y de la biodiversidad, hasta la
eliminación de drogas y agroquímicos genéricos. Se comenta que el Gobierno ya
cedió al reconocer el tiempo que demora Invima para hacer los estudios,
ampliando este periodo de gracia en la duración de la patente. Parece que esto
se tramita como información reservada, dentro de la cláusula de
confidencialidad de las negociaciones, impuesta por los norteamericanos al
comienzo de la negociación.
Bush padre, a principios de la década
de los 90, aprobó el ATPA, tratado de preferencias arancelarias que nos
permitía exportar a Estados Unidos cinco mil géneros y especies de productos
sin aranceles, a cambio de la eliminación de los cultivos ilícitos en Colombia.
El año pasado Bush hijo lo renovó llamándolo Aptdea, que hoy Estados Unidos lo
condiciona no solamente a la eliminación de los cultivos ilícitos sino a la
firma en las negociaciones del TLC. Con el ATPA las exportaciones a Estados
Unidos llegaron en esa década a 5.700 millones de dólares al año, 75% de los
cuales fueron materias primas (carbón, café, banano, petróleo, flores) y menos
de 20% fueron productos procesados. ¿Porqué no se incrementaron más las
exportaciones de confecciones y manufacturas, cuando tuvimos la oportunidad de
hacerlo en la década pasada? Sin embargo, las exportaciones de productos
procesados no llegaron a más de 700 millones de dólares al año.
Con datos y hechos como los
mencionadas anteriormente, ¿se justifica arriesgar en un TLC el empleo del
sector agropecuario nacional, cuando nuestro mercado interno anualmente vale
más de ocho mil millones de dólares? Nos venden la idea de que el modelo
exportador per se, lleva a los países
al pleno empleo y al desarrollo. Pero ya señalamos que algunos países de
África, más pobres que Colombia, exportan más de 93% de su PIB, como Guinea y
Angola, por lo cual creemos que no se justifica imitar su desarrollo social y
económico. Si exportamos materias primas e importamos los productos de nuestra
dieta básica, quedaríamos peor que en la década pasada, donde le fue mal al
sector agropecuario porque pasamos de importar 600 mil toneladas a siete
millones de toneladas de alimentos, que perfectamente se pueden producir en
Colombia.
Pero si a nuestro sector le fue mal,
con crecimiento de 7% entre 1993 y 1999, o sea, 1% anual, al sector industrial
le fue peor en el mismo periodo, pues decreció 6%; la deuda externa de
Colombia entre 1992 y 1998 pasó de 17
mil a 36 mil millones de dólares; el déficit acumulado de la balanza comercial
entre 1993 y 2000 fue de 20 mil millones de dólares; los impuestos pasaron de
7.85% a 13.36% del PIB entre 1990 y 2002; vamos para la cuarta reforma
tributaria en los últimos dos años y el índice de pobreza llega a 60%; el
crecimiento de la economía nacional estará en el año 2004 alrededor de 3.3%,
inferior al de países como Ecuador, Perú, Bolivia y Nicaragua. Si en la
apertura de Gaviria nos fue mal, con pérdidas de 1 millón de hectáreas entre
cultivos transitorios y permanentes, en el TLC nos irá peor, con una agenda
interna tardía que hasta la presente no se ha terminado de elaborar y en su
diagnóstico ni siquiera mencionan los puntos vitales para desarrollar la
competitividad del sector agropecuario. El único sector que creció en esa
década además del lechero, fue la palma africana en 150 mil hectáreas, y hoy
creen que los deben excluir del TLC porque su producto no tiene comercio en
Estados Unidos.
Agenda
interna
Como gran solución a la posible
entrega del sector agropecuario aceptando la desgravación arancelaria a 10 o
más años, que nosotros denominamos “quiebra diferida a mediano plazo”, nos proponen
una agenda interna de competitividad después de la firma del tratado, en marzo
o abril de 2005, que consiste en 2.500 km de vías y el túnel de La Línea, que
¡Claro!, los deberemos pagar los usuarios, pues en su gran mayoría se
construirán por concesión, y hay quienes afirman que gran parte de estas vías
no tienen que ver con TLC por los sitios escogidos, los cuales en una buena
parte fueron seleccionados a dedo en las regiones por los políticos afectos al
gobierno. Lo anterior no quiere decir que estemos en desacuerdo con el
mejoramiento de la red vial y con la ampliación de puertos y aeropuertos,
pero brillan por su ausencia en dicha
agenda temas tan importantes como las tasas de interés, que en Estados Unidos son de 2% anual; tampoco está el control al
costo de los agroquímicos, que en Colombia
incrementan su precio entre 10% y el 25%, mientras en Estados Unidos
viven congelados. A nosotros antes nos decían que se incrementaban por la
devaluación en la moneda, hoy con revaluación de 15% siguen incrementando sus
precios. El ministro Cano lleva dos años haciéndonos creer que esto no tiene
que ver con la cartera de Agricultura y que ya notificó al Ministerio de
Industria y Comercio. Igual pasa con el doctor Álvaro Uribe, quien en todos los
consejos comunitarios los agricultores y ganaderos se lo recuerdan. Los altos
intereses a los productores y la revaluación son dos factores que afectan la
competitividad en 25%, igualmente la inflación más la revaluación afectan la
misma en un 21%, dando el último factor pérdidas para nuestros exportadores en
el transcurso del año de 3,2 billones de pesos.
Tampoco mencionan los subsidios de
70% o más a los productores norteamericanos; ellos pueden producir arroz a 199 dólares
la tonelada y venderlo en el mercado internacional a 140 dólares, el arrocero
más competitivo de Colombia de la meseta de Ibagué que produce 10 toneladas por
hectárea tiene como costos por tonelada 220 dólares. En los distritos de riego
de Estados Unidos el Estado subsidia el valor del agua; las tarifas de energía
y transporte de cosechas son 50% más costosas en Colombia; la maquinaria
agrícola la fabrican y el Estado subsidia con tasas de interés de 3% anual el
pago de la misma. En todos los estados arroceros de Estados Unidos, trabajan
con más de 20 variedades de arroz y tienen rotación de cultivos con soya, maíz,
sorgo, algodón. Nosotros, desde la apertura de Gaviria, perdimos esta
posibilidad y trabajamos antitécnicamente encareciendo los costos de producción
y empobreciendo los suelos, ya que el arroz, por la protección arancelaria que
existió, fue el único cultivo que sobrevivió en aquella época al libre mercado
y al huracán de la apertura.
Para nuestro sector agropecuario, sin
mencionar los problemas de orden público, los puntos anteriores son la cuota
inicial para una verdadera agenda interna de competitividad, pero el gobierno
los ignora, ni siquiera los menciona y quiere que todo el esfuerzo de la
realización de esta agenda sea costeada en su mayor parte por el sector
privado, lo cual no tiene ninguna presentación y nos hace sentir la ausencia
del estado para defender la soberanía alimentaria que descansa en el mercado
interno.
Se requiere entonces, moldear el más
amplio y democrático movimiento de unidad y resistencia nacional de todos los
sectores de la producción no solo agropecuaria, sino industrial, intelectual,
cultural, de usuarios de servicios públicos, etc., para impedir que cristalicen
los afanes de recolonización que desvelan a las multinacionales, con la
complacencia de los vendepatrias criollos y encaminarnos a la reconstrucción de
nuestra nación sobre la base de dignas y justas relaciones
internacionales.