Ibagué, junio 23 de 2005
BOLETIN
DE PRENSA
SUSPENSIÓN
DE PARO ARROCERO “CATALOGO DE BUENAS INTENCIONES”
200 productores de arroz con los
directivos de los Distritos de Riego y líderes de los departamentos de Tolima y
Huila, reunidos en asamblea general hicieron un detallado estudio y analizaron
el pliego negociado entre el Ministro de Agricultura y Agameta, llegando a las
siguientes conclusiones:
Una de las principales causas de la
crisis son las importaciones autorizadas por Minagricultura y el contrabando de
arroz. Estos dos factores, ya se volvieron recurrentes y si a pesar de las
medidas que afirma el Gobierno se tomarán, continúa entrando arroz al país en
una u otra forma, como ha sucedido desde el año pasado muy posiblemente se
profundizará la misma.
“Una de las causas de los bajos precios del arroz, ha
sido la entrada de por lo menos 300.000 toneladas de arroz de contrabando desde
Venezuela en el presente año, afirmaba el Ministro Andrés Felipe Arias el año
pasado; estamos uniendo esfuerzos con la DIAN para controlar este flagelo”. (Diario El Tiempo, octubre
20 de 2004) Aquí el Ministro se refiere al arroz ilegal, pero en forma legal
fueron otorgadas importaciones de Tailandia por 180.000 toneladas con arancel
del 20%, que no entraron todas, no por voluntad de los importadores (léase
Industria Molinera y comerciantes) sino por haberse encarecido el precio en el
mercado internacional del cereal y China haberle comprado todo el arroz a
Tailandia en abril del año pasado.
Hacemos la observación que 300.000
toneladas equivalen a 5.000 tractomulas de 60 toneladas. Pero este año según la
industria molinera y los productores han entrado 150.000 toneladas en forma
ilegal que equivalen a 2.500 tractomulas de 60 toneladas que nadie tampoco ha
visto, a pesar de que son camiones de 18 ruedas. “Ojalá con el incremento de
100 policías en las fronteras de Cúcuta y Maicao se les mejore la vista a estos
funcionarios”. Este fue otro de los puntos tratados en la negociación y es el incremento de los agentes de aduana
en Cúcuta y Maicao.
Otro punto neurálgico del acuerdo
es, si de aquí al 7 de julio no se han puesto de acuerdo los actores de la
cadena: productores e industriales, para fijar el precio en el paddy de las
70.000 hectáreas del Meta que se comienzan a recolectar a partir de la 2ª
quincena de julio, Minagricultura el 15 de julio dará un precio por decreto
para suministrar el incentivo al almacenamiento en cantidad de 15.000 millones
de pesos, a los que se acojan al precio que se fije; suma igual a la entregada
el año pasado.
No olvidemos que en el 2004 la gran
industria molinera del Tolima, no tomó este incentivo y cuando el Gobierno fijó
por decreto un precio de $70.000 carga de paddy verde, ellos pagaron al
productor precios entre $64.000 y $67.000 con otro grupo de pequeños molineros del meta que tampoco entraron al acuerdo. Minagricultura
negó la posibilidad de intervención directa del estado en la crisis por medio
de precios, aduciendo que esto es “libre
mercado” y que
el juega únicamente de facilitador suministrando un Incentivo al
Almacenamiento.
El único molinero grande que se la
jugó el año pasado por los agricultores en el Meta fue Vicente Vaquero, el cual
tiene embodegadas 75.000 toneladas que hacen parte de las 260.000 T que existen
en inventarios en el Meta y Casanare desde el año en mención y que han causado
pérdidas a estos molineros, a productores y al agrocomercio por 150.000
millones de pesos en la región.
Estos puntos fueron
considerados por los asambleístas como la columna vertebral del acuerdo firmado
el 14 de junio, y como se observa el Gobierno juega de espectador y los
productores que somos los que menos tenemos que ver con la crisis, quedamos
dependiendo de que siga o no el contrabando y las importaciones legales,
igualmente que la Industria Molinera quiera o no tomar el incentivo al
almacenamiento o volverle a jugar a la baja igual que el año pasado, además
para añadirle otro elemento a la situación, Ecuador esta presionando para que
le permitan entrar 4.000 toneladas que tiene en la frontera y que según el
Gobierno es legal por Pacto Andino, pero depende de una salvaguardia. De todo
lo anterior se concluyó que el acuerdo firmado es un “catálogo de buenas
intenciones”.
Este acuerdo tiene otros elementos como unas
comisiones para analizar costos de agroquímicos y dar respuesta el 7 de julio
en el Consejo Nacional del Arroz; otra para estudiar prorrogas y refinanciación
de deudas conformada por FINAGRO y Banco Agrario, otra para socializar a los
pequeños productores los créditos asociativos de FINAGRO.
Minagricultura no
aceptó la exclusión del arroz del TLC ni de ningún producto, punto que tampoco
fue negociado.
Se concluyó la
reunión con dos proposiciones aprobadas por unanimidad por los asambleístas:
ANGEL MARIA
CABALLERO LIAN