Jorge Enrique Robledo Castillo
Quienes estamos atentos a lo que ocurre en el sector agropecuario de Colombia y el mundo, sabemos que el 2003 viene siendo un año de grandes protestas sociales entre los agricultores y productores pecuarios mexicanos, que han incluido tomas del Congreso y de vías por parte de campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios. Incluso, el primero de enero de 2003, doce organizaciones agrarias de ese país crearon el movimiento el Campo no Aguanta Más, que tiene como primer objetivo la moratoria del apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la causa principal de los problemas que los impulsan en sus protestas, y que resumen así:
“Hoy, en este primer minuto de año, primer minuto del décimo año del TLCAN, se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y Canadá, con excepción del maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar de caña (que mantendrán alguna protección hasta el 2008). Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía un precaria subsistencia de las cadenas básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidios del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México”.
El acabose del campo mexicano empezó en 1982, cuando el Fondo Monetario Internacional impuso un Plan de Ajuste Estructural que golpeó los precios de compra garantizados para los productos del campo y redujo la inversión pública en el sector para apoyos, investigación y extensión, al tiempo que empeoró los créditos especializados, con lo que se preparó el país para el abaratamiento de las importaciones agropecuarias que empezaron a dispararse desde 1986, con su ingreso al GATT, el instrumento de las grandes potencias que le dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese entonces –y con una franqueza que aún no se ha visto en Colombia– el ministro de agricultura mexicano señaló que “En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos... de 25 millones hay que reducir la población a unos cinco millones”, política que se viene cumpliendo porque, según cifras oficiales, la miseria expulsa 600 campesinos cada día.
Algunas cifras ilustran el desastre que el “libre comercio” le ha provocado a los mexicanos: en 1995, las importaciones agropecuarias de Estados Unidos eran 3.254 millones de dólares y las exportaciones a ese país llegaban a 3.835 millones de dólares. Y en 2001 –todavía con niveles importantes de protección, hay que recordarlo– lo importado pasó 7.415 millones y lo exportado a 5.267 millones, con lo que de un superávit de 581 millones se pasó a un déficit de 2.148 millones. Esto porque, en 1990, las importaciones de los diez productos básicos llegaban a 8.7 millones de toneladas, en tanto que en el 2001 sumaron 18.5 millones. A tanto han llegado las cosas, que la carne de res importada representa el 38 por ciento del consumo.
Las razones de la incapacidad de mexicanos para competir con los gringos son fáciles de ilustrar: cada trabajador del campo mexicano genera 20 veces menos valor que cada uno de los estadounidenses, porque mientras en Estados Unidos hay 1.6 tractores por cada trabajador en México hay dos por cada 100, en buena medida porque los subsidios estatales llegan a 21 mil dólares por trabajador en Estados Unidos, contra solo 700 en México.
Bogotá 9 de
Abril de 2003