Colombia no canta mal las rancheras
Víctor Quintana
S.; La Jornada, julio 6 de 2003
El campo
colombiano tampoco aguanta más. Es una de las premisas que muy diversos actores
rurales, académicos y políticos han externado en el foro El espejismo del
ALCA y el libre comercio, celebrado hace unos días en Bogotá. Convocan más
de 40 organizaciones de la sociedad civil y acuden más de mil 200
representantes de todo Colombia y dos invitados mexicanos.
Son las
políticas económicas de ajuste, y no tanto la violencia y el narcotráfico, las
que han llevado al desastre al agro colombiano. La "apertura
económica", promovida por el gobierno de César Gaviria, se inicia desde
1990. Colombia llega tarde al programa de ajuste impuesto por el Consenso de
Washington, pero se aplica y recupera el retraso muy pronto: las barreras arancelarias
se reducen de 83 a 7 por ciento y las no arancelarias de 73 a uno por ciento en
promedio.
Posteriormente,
los países andinos signan con Estados Unidos un acuerdo temporal para la
sustitución de cultivos "ilícitos": la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés), el cual estipula que para incentivar
otro tipo de cultivos que no sea la coca, los estadounidenses abrirán sus
fronteras a algunos productos colombianos, sobre todo café, y que éste recibirá
un sobreprecio por buena calidad. Los resultados son muy claros: Colombia
reduce drásticamente el cultivo de granos básicos: trigo, cebada, sorgo, soya. Ahora
importa 95 por ciento del trigo que consume. En los primeros ocho años del ATPA
las exportaciones colombianas sólo suben de 2 mil 700 a 2 mil 800 millones de
dólares anuales, mientras las importaciones agropecuarias se disparan de 700 a
7 millones de toneladas.
Los beneficios
prometidos no llegan. Estados Unidos abre sus puertas al café colombiano, pero
su mercado se inunda con aromático de menor calidad procedente de Vietnam,
Brasil y otros países. El precio se derrumba y con él las divisas que reciben
los productores de Colombia. En 1997 exportan a Estados Unidos 20 millones de
sacos y reciben 5 mil 39 millones de dólares. En 2000 reciben menos de la mitad
en dólares: 2 mil 435 millones, prácticamente con el mismo volumen exportado.
La apertura y el
acuerdo con Estados Unidos han hecho que se dejen de cultivar 800 mil hectáreas
del agro colombiano. Se estima que se han perdido unos 200 mil puestos de
trabajo y han desaparecido prácticamente los cultivos de trigo y de algodón. El
cultivo de arroz está seriamente amenazado, pues dentro de la Iniciativa Andina
se contempla la compra de varios miles de toneladas a Ecuador. La papa, otro de
los cultivos-fortaleza de Colombia, no puede competir con los excedentes de
papas estadounidenses de Idaho.
Debido a la
falta de demanda de sus productos, así como a la caída del precio de los
mismos, y no tanto por la inseguridad y la violencia, muchos agricultores
vuelven a los narcocultivos. La agricultura, que da empleo a 4 millones
de personas, que representan 11 y medio millones de colombianos, ya es zona de
desastre económico y ambiental. Al productivismo se suma ahora el bombardeo con
glifosatos, promovido por Estados Unidos dentro del Plan Colombia, para
defoliar los cultivos de coca, pero que también arrasa con los cafetales.
Y cuando el
campo no está sano, la economía en su conjunto no va. Colombia vive la crisis
económica de fines de los años 90, la peor del pasado siglo, con graves déficit
comercial y fiscal, con cifras crecientes de miseria.
Ante la
perspectiva de aprobación y entrada en vigor del ALCA los colombianos
conscientes adelantan cifras del apocalipsis agrícola que se daría de firmarse
el acuerdo: se dejarán de cultivar 2 millones de hectáreas, se dejarán de
producir 6 millones de litros de leche, 560 mil toneladas de carne de cerdo, 92
millones de libras de carne de pollo y se perderán 480 mil empleos. Todo por el
espejismo de ganar nichos de mercado, muy reducidos y competidos en Estados
Unidos, como el de las frutas tropicales.
Los campesinos
colombianos no se cruzan de brazos, se han movilizado intensamente. Han creado
organizaciones como Salvación Agropecuaria, que ya ha realizado paros
nacionales y prepara una "toma de Bogotá" para el próximo 12
de agosto. Y con muy diversos sectores del país están demandando que la
decisión de sumarse o no al ALCA, impuesto por Estados Unidos, no quede en
manos de los 260 congresistas, sino que sea llevada a plebiscito para que sea
decidida por todos los colombianos.
La democracia
participativa se convierte ahora en el arma de los pueblos latinoamericanos
contra la globalización excluyente representada en el ALCA.