EL ENCUENTRO
AGROPECUARIO CONTRA LA POLÍTICA RURAL URIBISTA
Aurelio Suárez
Montoya
El 28 de marzo se realizó en Bogotá una trascendental
reunión de las organizaciones rurales de Colombia. Asistieron agrupaciones tan
importantes como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), los
usuarios campesinos de todas las vertientes y regiones, la Mesa de Unidad
Agraria, que acoge asociaciones y sindicatos como FENSUAGRO, Coordinador
Nacional Agrario, las organizaciones campesinas de la CGT y ANMUCIC ( de mujeres
rurales); etnias indígenas, como la embera-chamí, y cabildos del Norte del
Cauca, reunidos en ACIN; la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria,
con sus filiales, Unidad Cafetera, Unidad Panelera, Agameta, ACIA y Agropemca,
la Asociación de Productores de Trigo, basada en Nariño, y cultivadores de
maíz, tabaco, algodón, cereales, leche y arroz, de Boyacá, Caquetá, Tolima,
Huila, Antioquia, Santander, Cesar y Bolívar; sindicatos del sector como
Sintraincoder, Sinaltracorpoica, Sintrapalma y Sintrainal; el Proceso de
Comunidades Negras y organizaciones como FENACOA, ILSA, Semillas, CENSAT y
CECOIN. También estuvieron grupos de desplazados.
La declaración que emitió dicho Encuentro, divulgada
profusamente, no admite dudas: millones de pobladores rurales de Colombia
rechazan el TLC y la agenda rural del gobierno de Uribe, que no es otra cosa
que los instrumentos para implantarlo. Es un repudio, que no tiene antecedentes
por el consenso tan amplio, al modelo de desarrollo agrario que se pretende implantar.
Es evidente que la “empresarización” del campo no es otra cosa que la entrega
de los recursos naturales, institucionales y productivos a nuevos agentes,
empezando por el capital financiero nacional e internacional, para concretar el
perfil productivo colonial, caracterizado por la elaboración de géneros
tropicales, donde tienen preeminencia las materias primas para biocombustibles:
caña de azúcar y palma de aceite, y los forestales para madera, cuyo
procesamiento está en manos de oligopolios. Una forma explícita del objetivo
perseguido es el ofrecimiento de 6 millones de hectáreas de la Orinoquia que
Uribe le hizo a Bush para tales fines. ¡A ningún sector del agro nacional se le
ha hecho semejante oferta!
Los proyectos oficiales desechan a los campesinos,
indígenas y comunidades rurales afrocolombianas, a los productores nacionales
de alimentos, de todas las escalas, y
además tratan de hacerles imposible la vida en el campo; los requisitos
exigidos para el acceso al agua, al crédito, a la asistencia técnica y a la tierra cada vez son mayores. Se
denunciaron proyectos mineros que les restringen el riego y la producción en
Tolima, Risaralda y Boyacá, exactamente en Paz de Río, de compras a menos
precio de los productos, como el arroz en la Costa Atlántica, donde existe un
solo comprador, o como el fruto de la palma y la yuca amarga en el Cesar, se
acusaron los efectos que sobre todos los caficultores tendrá el alza de la
Contribución Cafetera para engrosar las arcas privadas de Federacafé, se avisó
de miles de agricultores que siguen entrampados en los créditos, a riesgo de
perder sus propiedades, y los males que les ocasiona la privatización, con
propósito de lucro, de muchas de las actividades afines a la producción rural y
que, en el colmo de lo insólito, cobija hasta a la Plaza de Mercado de Tunja.
La declaración del Encuentro se une a las voces de
otros miles de productores como los de arroz de los distritos de riego de
Tolima y Huila y del Meta y Casanare, y de bienes de clima frío de Cundinamarca, Boyacá y Nariño,
a los de los indígenas de los municipios del Nororiente caucano, y de otros
medios rurales que se manifestaron en consultas ciudadanas públicas contra su
inclusión en el TLC. En definitiva, no tienen ningún piso las afirmaciones del
ministro Arias y de sus segundos acerca de que su regresiva política
agropecuaria tenga el respaldo de los pobladores del agro nacional; las
acciones de Resistencia Civil que vendrán en adelante así lo reconfirmarán.