Jorge García Orjuela
en
el Seminario Regional sobre Negociaciones Comerciales
Mincomercio
y Confecámaras
Ibagué,
abril 15 de 2004
Las economías de los países por efectos de las comunicaciones, el
transporte, las innovaciones tecnológicas y los desarrollos productivos se han
universalizado, al punto de que la institución de los estados-nación ha entrado
en crisis, las fronteras han empezado a desaparecer paulatinamente y los
regímenes políticos y las autonomías económicas, fiscales, arancelarias y
cambiarias van camino del comunitarismo, tal como ocurre en Europa.
Es
evidente que los acuerdos y los bloques comerciales están jugando un papel
trascendental en la dinámica comercial del mundo, y quien esté por fuera de
esos círculos no tendrá grandes opciones de lograr consolidar sus propósitos de
crecimiento y desarrollo. En ese
sentido, Colombia debe seguir preparándose para afrontar esta nueva realidad,
ganando experiencia subregional, acumulando conocimientos técnicos, escuchando
las inquietudes sectoriales, evaluando los resultados de los acuerdos firmados
por las naciones vecinas y analizando
minuciosamente los efectos de estas decisiones dentro de la economía interna. Sin perder de vista, que en los mercados
internacionales lo que vale es el nivel de competitividad. Allí asumen una trascendencia inusitada los
costos de producción, los índices de productividad, los avances en innovación,
ciencia y tecnología, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
capacidad gerencial, la calidad de los productos, la continuidad de los
procesos productivos, la oportunidad en los tiempos de entrega, la
infraestructura del transporte, la eficiencia de las comunicaciones y la
modernidad del sistema financiero.
Sería
un suicidio económico si Colombia se queda al margen de los acuerdos de libre
comercio, pero sería irresponsable sentarse en una mesa de negociaciones sin
tener clara las posiciones que se van a defender y los sectores que requieren
cláusulas de protección y salvaguarda.
El país debe ser signatario de los tratados pero negociar largos
periodos de transición y condiciones de tratamiento especial y diferenciado.
Lo más juicioso es que el gobierno, sus empresarios y los trabajadores encuentren inicialmente un consenso sobre los puntos centrales de un acuerdo comercial, y ello sólo se logra si hay debates amplios, sinceros y técnicamente planteados, en los que no existan exclusiones ni prevenciones. Lo peor que le puede ocurrir al país, es que cerremos los escenarios de discusión pública a temas tan delicados y controvertidos. No sería democrático ni responsable imponer el unanimismo conceptual de algunos defensores o contradictores acérrimos. Aquí de lo que se trata es que se escuchen muchas voces para poder asirnos a lo mejor que ofrecen estos acuerdos y prepararnos para rechazar o corregir lo que lesiona nuestros intereses.
La
ronda de seminarios regionales sobre negociaciones comerciales internacionales
auspiciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Confecámaras es
un buen principio para cumplir con el postulado de conocer qué piensan tanto el
gobierno como los actores de la economía colombiana con relación a dos hechos
que se avecinan y que tendrán impactos sustanciales en nuestro futuro: el TLC y
el ALCA. Por el momento los distintos
estamentos nacionales al desconocer las estrategias oficiales, no puede
contribuir con sus posibles agregados técnicos, académicos, económicos,
regionales y políticos a la preparación de una posición consensuada que refleje
los necesarios y verdaderos intereses del país y por ende todo lo que se diga o
se proponga no dejará de ser mera especulación, porque como lo dice el
Contralor General, “sigue siendo imprecisa
y ausente de definiciones claras la estrategia del gobierno colombiano en estos
asuntos”.
Recordemos
que a comienzos de la década de los años 90 se nos vendió la idea de que la
Apertura sería nuestra salvación, dado que tendríamos abiertos los cielos del
mundo para hacer negocios y que la oferta laboral sería insuficiente para la
demanda que se exigiría. Muy pocos
dieron el debate y en general hubo una actitud complaciente con la posición
oficial. Después de varios meses de
iniciarse la política aperturista, entendimos que no contábamos con una
industria moderna, que la productividad era casi nula, que la experiencia en
los negocios internacionales era escasa, que la mano de obra no estaba lo
suficientemente calificada, que no todos los estándares de calidad eran los adecuados, que el equipamiento
tecnológico estaba en su mayoría desueto y que nuestra política cambiaria era
equivocada. Evidentemente hizo falta diálogo nacional. El resultado fue una
gran decepción y una crisis económica cuyos coletazos todavía siguen
produciendo efectos perversos en la producción, la generación de empleo y la
calidad de vida de la gente.
En
esta primera fase de discusión y cuando falta un mes para el inicio de las
negociaciones bilaterales con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre
Comercio, se ha hecho evidente en un sector de la opinión la teoría de que él
es la panacea para enfrentar el desempleo, conseguir más altos niveles de
productividad y aumentar sustancialmente la actividad exportadora. Se han puesto como ejemplos las experiencias
chilena y mexicana e incluso se ha manifestado desde la óptica oficial que el
libre comercio sería el mejor tributo y la mejor ayuda a los pueblos más pobres
del país. Pero también se han hecho
advertencias sobre las asimetrías existentes entre las economías colombiana y
norteamericana, la falta de preparación de nuestro gobierno para abordar el
tema e incluso se dice que ésta no será una negociación sino una imposición del
coloso del norte, con lo cual el discurso se vuelve apocalíptico y las dudas
crecen como espuma mientras la versión oficial no es aún consistente ni
clara. Además, se habla que México
después de diez años no ha obtenido los beneficios que esperaba, que las
negociaciones con Centroamérica fracasaron por una propuesta paupérrima de los
estadounidenses y que comparar la economía chilena con la nuestra es un
exabrupto.
Como
se puede notar, hay posiciones para todos los gustos, pero lo que nadie niega
es que si nos miramos internamente encontramos que nuestra estructura de costos
fijos y variables es muy alta dado el atraso de los factores de producción, lo
cual incide, obviamente, en que la productividad sea baja y no se tenga pleno
control sobre la calidad de los productos, la velocidad de respuesta del
sistema de transporte y el compromiso del sistema financiero nacional para
participar en los riesgos de inversión.
A esto se le debe agregar una cierta incredulidad de los agentes
económicos sobre los beneficios que podrían alcanzar con el comercio
internacional.
Los más reacios a estos acuerdos comerciales son los empresarios asociados al campo. Y en buena parte tienen razón porque la agricultura es el sector más frágil frente a un proceso de apertura de mercados, especialmente cuando los competidores reciben subsidios y tienen la capacidad de exportar a menos de la mitad de los costos de producción, socavando las economías pobres. En este sentido, el Ministro de Agricultura de Colombia reveló que los subsidios otorgados mundialmente al campo en 2002 fueron de 318.000 millones de dólares, de los cuales 71.000 millones de dólares correspondieron a Estados Unidos y sólo 1.100 millones de dólares a Colombia.
Históricamente el sector agropecuario colombiano ha demostrado no tener una gran consistencia y adolece de políticas de fomento agrario, modernización productiva, investigación aplicada, cadenas de producción eficientes y potentes planes comerciales. El campo nacional no camina en su conjunto a buen ritmo y los pocos éxitos se deben a golpes de astucia de los inversionistas privados.
Si Colombia llega a una negociación internacional donde los productos agropecuarios se puedan comercializar de forma libre y abierta se estará firmando de entrada su partida de defunción, pues según el Presidente de la SAC en los últimos doce años en la zona rural se vio crecer el nivel de pobreza del 68 al 82 por ciento, mientras la miseria subió del 35 al 45 por ciento. Por estas y muchas otras razones, el campo debe ser protegido por el gobierno, que debe liderar su proceso de modernización tecnológica y productiva para tener en el mediano plazo la posibilidad de hacerlo competitivo en los mercados externos, porque como decía el líder gremial de la SAC “no se puede olvidar que la suerte del sector va a establecer la diferencia entre la paz y la guerra”
Los juegos turbios de economías que se vuelven más asimétricas con los subsidios, se deben evitar. El equipo negociador de Colombia, así como los miembros del “Cuarto del Lado” a nombre de los empresarios y la sociedad civil, tienen la obligación de defender reglas claras de intercambio. Sería fatal firmar un tratado de libre comercio donde Estados Unidos, por ejemplo, exporte libremente hacia Colombia sus productos agrícolas sin renunciar a subsidiar internamente la producción de sus agricultores o a evitar que los productos originados de ese subsidio se exporten con esas ventajas. La obligación es debatir de frente al país los efectos perversos de la competencia desleal de agriculturas fuertemente subsidiadas comparadas con los débiles y atrasados procesos productivos de nuestro campo. Como dice el senador Robledo, el campo es un problema de seguridad nacional que no se está atendiendo adecuadamente, ya que en los últimos tres lustros se pasó de importar un millón de toneladas de comida a seis millones de toneladas.
No
es una tarea fácil la que enfrenta el gobierno nacional. En este tema confluyen muchos elementos e
intereses que están en juego, entre ellos la libre exportación de capitales,
las órdenes perentorias del Congreso norteamericano a su negociador de acuerdos
comerciales, la búsqueda de nichos para los excedentes de producción, el
aprovechamiento de los procesos revaluacionistas y la oferta de mano de obra
barata.
Los colombianos debemos proteger nuestra economía de las amenazas externas. Pensemos sólo por un momento, ¿qué le ocurrirá a los algodoneros y arroceros tolimenses una vez los acuerdos de libre comercio se echen a andar sin que se hayan tomado todas las previsiones de protección? La respuesta no es difícil de encontrar, pero la solución frente a las devastadoras consecuencias, sí.
La
economía del departamento del Tolima depende en gran parte del sector
agropecuario a pesar de que este disminuyó en los últimos seis años en el 42
por ciento su participación del PIB regional, cediéndole el paso de la
preeminencia económica a los servicios y el sector financiero. Las exportaciones netas anuales en el último
lustro son negativas y la dinámica de las negociaciones con el exterior no
superan los 10 millones dólares. Como puede verse, regionalmente no tenemos la
capacidad de competir eficientemente en los mercados internacionales, y por el
contrario, los tratados de libre comercio podrían llegar a afectar las cadenas
de algodón-textil-fibras-confecciones, arroz – molinería, lácteos y cárnicos.
Nuestra
realidad social no puede ser más crítica.
De los 1.3 millones de habitantes, 866 mil se ubican en la línea pobreza
y 268 mil de ellos en la miseria. La
tasa de desempleo afecta a 120 mil tolimenses y el subempleo impacta a otros
288 mil ciudadanos. El número de
desplazados del departamento asciende a 52.700, los analfabetos llegan a
61.000, el 44 por ciento no tiene acceso al sistema de seguridad social y
34.000 niños se quedan anualmente por fuera del sistema educativo. Ante un panorama tan sombrío, es de mínima
humanidad que se evite por todos los medios que las asimetrías existentes con
algunas economías del continente provoquen aquí un mayor descalabro social, que
pueda desencadenar en más desequilibrios sociales y más violencia.
Nuestro
llamado es a que el debate siga abierto.
A que no generemos tantas expectativas sobre los acuerdos. A que definamos las relaciones entre
crecimiento económico, desarrollo social, aumento de la producción e incremento
de las exportaciones. A que el gobierno
tenga claras sus posiciones y establezca sus estrategias. A que el Congreso esté vigilante. A que los empresarios y la sociedad estén
oportunamente informados. No creemos que sea prudente seguir caminando sin
todos los instrumentos en un aspecto tan crucial para el futuro económico del
país.
Muchas
gracias,