LA GUERRA CONTRA EL CAMPO MEXICANO
Por: Víctor M.
Quintana S.*
Si el campo
mexicano se encuentra hoy, hoy, hoy en situación de emergencia social,
económica y ambiental es por los efectos acumulados de una guerra de desgaste a
que ha sido sometido desde hace 20 años.
1. Cuando el
campo producía alimentos.....y votos.
Desde la mitad
de los años treinta hasta mediados de los sesentas el campo mexicano fue la
plataforma del desarrollo nacional. Produjo alimentos baratos para la ciudad y
materias primas para la industria en continua expansión. A pesar de que los
precios rurales se sacrificaban a favor del sector industrial, la agricultura
mexicana conoció tasas de crecimiento anuales que ya quisiera el presidente Fox
para engalanar sus mejores promesas.
Dos factores,
sobre todo, influyen en el agotamiento de ese modelo, ya en 1965: la
subvaloración de los productos agrícolas, es decir, la enorme transferencia de
recursos del sector agropecuario a otros sectores de la economía. Y la
manipulación política de los campesinos. Porque el campo produjo muchos granos
básicos, pero también muchos votos. Y en el manejo del campesinado como masa de
maniobra del PRI a través de la ahora “arrepentida y combativa” CNC se fincaron
también la corrupción, el control y sofocamiento de cualquier esfuerzo de
organización campesina independiente.
Los gobiernos de
Echeverría y López Portillo intentaron relanzar la agricultura nacional. Le
inyectaron enormes recursos e hicieron repuntar un poco la producción y el
crecimiento. Sin embargo, con un canal viciado de raíz: todo lo que los
regímenes corporativos priístas hicieran por el campo iría fatalmente marcado
por la demagogia, el acarreo, y el privilegio de la producción de capital
político sobre los alimentos y materias primas.
En cualquier
charla con los campesinos chihuahuenses dirán que el último año bueno fue el
1981, no sólo porque llovió, sino porque fue el último año en que funcionaron
los precios de garantía y el esquema oficial de subsidios y apoyos.
2. Las etapas
de la guerra.
El punto de
quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 1982 En agosto de ese año, aprovechando la
declaración de quiebra de México hecha por el Secretario de Hacienda, Silva
Herzog, se impone a México el Primer Paquete de Medidas de Ajuste Estructural..
La imposición corre a cargo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se le llama a este trío “El
Consenso de Washington”.
El hambre se
junta con las ganas de comer. Porque las medidas de ajuste de la economía
impuestas por el trío anterior son bien recibidas por la generación de
tecnócratas educados en las universidades norteamericanas precisamente para que
aplicaran estas políticas de ajuste. Así, desde 1982, se liberan los precios de
los insumos agrícolas: energéticos, fertilizantes, maquinaria. Se controlan los
precios de garantía y se empieza a reducir la inversión y el gasto
gubernamentales en apoyos, extensión e investigación agrícolas. Al mismo
tiempo, comienza a abrirse la economía nacional a las importaciones
agroalimentarias del extranjero con el ingreso de México al GATT en 1986. Esta
es la primera generación de medidas de ajuste estructural en el campo.
Al llegar
Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste
estructural de la economía. La postura del salinismo en agricultura la resume
bien uno de sus altos representantes al decir: “En el campo mexicano sobran
muchos millones de campesinos, pues su contribución al producto interno bruto
es muy desproporcionada con su participación en el total poblacional. Por lo
tanto, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 millones”. Con eso
todo estaba dicho.
Salinas continúa
reduciendo los apoyos al campo a la vez que controla los precios de garantía y
reduce el número de productos que cuentan con ellos. Pero su estrategia hacia
el campo se centra en dos políticas: privatización de la propiedad agraria y
negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
La primera la
logra imponiendo una Contrarreforma Agraria. Desde 1992 y con el apoyo de los
diputados del PRI y del PAN, las tierras ejidales se pueden enajenar y las
compañías por acciones pueden poseer propiedades rurales. El resultado de esta
apuesta salinista es el fracaso: actualmente ni el uno por ciento de la
inversión extranjera directa que llega a México se dirige hacia la agricultura.
La segunda
política desemboca en la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, en 1994. Ocho años después el Secretario de Agricultura,
Javier Usabiaga, reconoce que “estuvo mal negociado”, que no se defendió
adecuadamente al sector agropecuario. Pero en aquellos momentos el inicio de la
integración económica (selectiva) con los Estados Unidos tuvo el consenso de
todos quienes se fueron de boca con el salinismo. Sólo las organizaciones
campesinas independientes, aquí en Chihuahua el Frente Democrático Campesino y
luego la rebelión del EZLN en Chiapas se atreven a criticar la utopía
librecambista de Salinas.
A pesar de los
errores de diciembre y en buena parte a causa de ellos, Zedillo continúa la
guerra contra la agricultura nacional. Desaparece los pocos precios de garantía
que quedaban, continúa con la apertura comercial, tolera las importaciones más
allá de los cupos permitidos, sigue reduciendo el presupuesto agrícola y cierra
la Conasupo. Con ella tiró el agua sucia de la corrupción, pero también al
niño, es decir, al último mecanismo de regulación de precios en el campo.
Tan sólo dos
datos que nos hablan del cambio de políticas oficiales hacia el campo. Entre
1982 y 2001 la inversión en fomento agropecuario se redujo en 95.5% y el gasto
público, en un 73.3%. Por otro lado, el volumen global de crédito agropecuario
se redujo en un 64.4% entre 1982 y 2001. (J. Luis Calva. El Universal, 8 de
noviembre).
3. El
recuento de los daños.
Si nuestros
políticos se hubieran propuesto más explícita e intencionadamente acabar con la
agricultura nacional, no lo hubieran hecho con más eficacia. Según el
economista José Luis Calva, la producción de alimentos per cápita se ha
derrumbado ostensiblemente desde que se ponen en marcha las políticas de
ajuste: entre 1981 y el 2001, el producto interno bruto agropecuario y forestal
per cápita se ha disminuido en 14.3%. La producción per cápita de los ocho
principales granos ha caído en 21.8% y la de carnes rojas en 28.8%. La
producción
Por otra parte,
el TLCAN ha significado, sobre todo incremento de las importaciones
agroalimentarias. En 1995, importamos de los Estados Unidos 3.254 millones de
dólares y exportamos, 3.835 millones. En 2001, nuestras importaciones se
dispararon a 7.415 millones de dólares y nuestras exportaciones a 5.267
millones. Es decir que en los primeros siete años de vigencia del tratado,
nuestra balanza agroalimentaria que tenía un superávit de 581 millones de
dólares se tornó deficitaria en 2.148 millones.
Más, en 1990 el
promedio anual de importación a México de los diez cultivos básicos (maíz,
fríjol, trigo, sorgo, arroz, etc..) era de 8.7 millones de toneladas. Para el
año 2000 llegó a 18.5 millones de toneladas, 112% de incremento. De maíz lo más
que llegamos a importar antes del tratado fueron 2.5 millones de toneladas, en
2001 ya importamos 6 millones 148 mil toneladas.
México ya no
tiene soberanía alimentaria. Importa 95 por ciento de la soya de consumo y la
dependencia en arroz llega a 58.5 por ciento, en trigo al 49 por ciento, en
maíz a 25 por ciento. Importamos además el 40% de la carne que consumimos.
A consecuencia
de la competencia desleal de las importaciones extranjeras el valor real de los
productos del campo se ha derrumbado. Entre 1985 y 1999 el maíz perdió 64% de
su valor y el fríjol, 46%, sin que esto significara de ninguna manera un abaratamiento
de la comida para los consumidores.
Todo esto ha
empobrecido aun más a los habitantes del campo mexicano. De los 8.2 millones de mexicanos que trabajan en él
la mayoría está en pobreza extrema,
según Rodolfo Tuirán de Sedesol. En 1992, el 35,6% de la población rural estaba
en pobreza alimentaria, hoy, el 52.4%. En 1992, el 41.8% estaba en pobreza de
capacidades, ahora el 50%. (Reforma, 16 de octubre de 2002). El propio Banco
Mundial reconoce que los índices actuales de indigencia en el agro nacional
superan los prevalecientes hace una década.
La pobreza
expulsa a la población campesina hacia las ciudades y los Estados Unidos. Según
la propia Sedesol, un promedio de 600 campesinos dejan su tierra cada día. En
el estado de Chihuahua, en 1995, el 19.4% de la población ocupada se ubicaba en
el sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pesca. Para
el 2000, ese porcentaje se había reducido al 8.9%. Un campo sin campesinos, el
sueño salinista cumplido por principio de cuentas en nuestro estado.
4. La
ofensiva final...y la contraofensiva.
La contundencia
de estas cifras no ha mellado el blindaje cerebral de Fox y de su Secretario de
Agricultura. Ellos siguen reciclando las mismas políticas de Salinas y de
Zedillo hacia el campo. Piensan que su discurso llamando a que los productores
actúen como empresarios y se hagan competitivos será suficiente para detener e
incluso ganar la guerra desatada contra nuestra agricultura.
Y no. Porque
estamos peleando contra la agricultura más poderosa del mundo. Los Estados
Unidos producen 3.5 veces más kilogramos de maíz por hectárea que México y tres
veces más kilos de fríjol. Un trabajador agropecuario norteamericano genera 20
veces más valor en términos económicos que un mexicano, pero allá hay 1.6
tractores por trabajador y acá, 2 tractores por cada 100 trabajadores. Pero
también disponen de más recursos naturales, 20 veces más tierras de cultivo, 10
veces más de tierras irrigadas por trabajador que en México. Y los subsidios
son en promedio de 21 mil dólares por trabajador agrícola en los Estados Unidos
contra sólo 700 en México.
Pero el 13 de
mayo se promulga en Estados Unidos la Ley de Seguridad para las Granjas e
Inversión Agrícola (Farm Bill) que eleva hasta en un 80% los subsidios, sobre
todo a la exportación. Con esto, las corporaciones del agronegocio,
exportadoras de granos y oleaginosas a México, y hasta los productores de
manzana tendrán un sustantivo apoyo
para invadirnos a sus productos. Así, el presupuesto neto de Washington para su
sector agropecuario ascenderá a 118 mil millones de dólares en 2002 contra sólo
tres mil 500 que ejercerá el gobierno de Fox. Más de 20 veces más cuando
nuestra agricultura sólo es seis veces más pequeña que la estadounidense.
Y aún hay más. El
primero de enero viene la penúltima ofensiva contra nuestra agricultura. Ese
día se desgravan por completo todas las importaciones agroalimentarias
procedentes de los países del TLCAN, salvo el fríjol, el maíz y la leche en
polvo que se desgravarán en 2008. No cuotas y no aranceles para lácteos,
carnes, frutas, verduras, granos, oleaginosas. los productores de pollo dicen
que perderán 30 mil empleos en un sólo año. Y es muy creíble: los costos de
producción en Estados Unidos son 68% menores que en México. Al quitarse el
arancel de 59.4% a las importaciones de pollo, nuestros productores de aves
serán especie en extinción. Los porcicultores señalan que estarán en riesgo el
70% de los 300 mil empleos que generan.
Ante esta doble
ofensiva el gobierno de Fox ha
propuesto un blindaje agropecuario para proteger el sector. Después de
mucho hablar lo da a conocer el pasado 18 de noviembre. Hay algunas medidas
interesantes, pero nada que de verdad proteja nuestra agricultura. Aunque se
manejan mañosamente partidas presupuestales, no hay un sólo centavo de recursos
frescos para el campo. Todo lo contrario, el presupuesto de la Secretaría de
Agricultura se reduce en términos reales cuando menos en un 7 por ciento. Y
amor que no se traduce en el presupuesto.....no es amor.
Por eso, doce
organizaciones campesinas nacionales y regionales, entre las que se encuentra
el Frente Democrático Campesino han propuesto un verdadero blindaje desde
abajo. Es un plan de Seis propuestas para la salvación y revalorización del
campo mexicano.
Parten de que no
es posible reconstruir nuestra agricultura y nuestra economía toda si no hay
una tregua en esta terrible guerra. Por eso la primera propuesta es la
moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Esto implica que el Senado
declare la situación de emergencia social, económica y ambiental del campo
mexicano y de acuerdo con el capítulo VIII del tratado decrete la suspensión
provisional del mismo durante tres años, tiempo que se aprovechará para
reconstruir las cadenas productivas alimentarias básicas. Simultáneamente el
Senado deberá instruir al Presidente de la República para que inicie la
renegociación del TLCAN en materia agropecuaria en términos que no afecte
nuestra soberanía alimentaria ni las condiciones de vida de las familias
campesinas.
Todo esto debe
ir acompañado de una serie de medidas de fomento para reconstruir nuestra
devastada agricultura: organizar una Comisión de Estado, con participación del
Ejecutivo, del Legislativo, de los productores, de las universidades y centros
de investigación para planear el desarrollo del sector agropecuario con
carácter de emergente para 2003 y la reforma estructural del mismo para 2020. Se
requiere también de incrementar sustancialmente el presupuesto destinado al
sector, del 0.6% al 1% del PIB, lo que sería incrementarlo de 34 mil a 60
mil millones de pesos. Y de organizar
la nueva financiera rural como una verdadera banca social de fomento.
Estamos en
tiempos de guerra. No en vano Bush le llama a su nueva ley agrícola “Ley de
Seguridad para las Granjas....” No en vano declara al promulgarla :“Un país es
fuerte cuando produce sus propios alimentos”. Hasta ahora los diferentes
gobiernos que ha tenido México desde 1982 han traicionado a la patria
entregando el arma alimentaria al extranjero. Ahora los campesinos hacen un
llamado a defenderla. El Ejecutivo sigue ciego y sordo como en tiempos de
Salinas. Veremos qué hacen el Legislativo y la Sociedad Civil. El que nuestra
patria produzca sus propios alimentos y ofrezca condiciones de existencia digna
a quienes los producen es el principio de la paz.
* Investigador e historiador. Universidad
Autónoma de Chihuahua, Ciudad Juarez. Miembro y activista de las organizaciones
Equipo Pueblo y Frente Democrático Campesino, en el Estado de Chihuahua. Este
artículo fue enviado para su publicación en el portal del MOIR.