La Economía Agrícola de la DEA

AURELIO SUAREZ MONTOYA

Un seminario sobre “Globalización y Paz” y dos artículos de sendos ex ministros neoliberales proponen de nuevo el debate sobre la relación entre agricultura y narcotráfico. En el evento donde los funcionarios gringos tuvieron vocería, éstos repitieron como fórmula mágica para la erradicación de cultivos ilícitos la fumigación con glifosato y en los mencionados escritos se reiteran, por otro lado y haciendo alarde de elevado ingenio, las mismas teorías y soluciones del Plan Colombia al respecto.

No se diferencia la propuesta del promocionado libro LABRAPAZ de Oscar Marulanda, que “propone una lista de productos, esos sí, con claras ventajas comparativas y una comprobada capacidad de producción en el país: palma africana, espárragos, palmitos, ñame, los denominados hortofrutículas (sic), el caucho, el plátano y la yuca”, con lo dicho hace dos años por el Plan Colombia, “La modernización esperada de la agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical requieren de inversiones y créditos sustanciales puesto que son de rendimiento tardío”. Pero el objetivo no es discutir sobre la originalidad de la idea sino sobre lo dañino que en ella hay para la prosperidad nacional.

Un escrito, “El mal colombiano” de Rudolf Hommes, canta igual al afirmar que “la mayoría de las dificultades de los agricultores se pueden atribuir directamente a la existencia de la producción de coca y amapola”. También, en este sentido, reza el Plan Colombia: “En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano y las labores del gobierno, han sido frustradas por el narcotráfico”. Sustenta su tesis con los influjos del lavado de dinero en los precios relativos, perjudicando al sector rural por varias vías, y en la revaluación, flujos que Hommes, fundamentado en un conocido texto de Ricardo Rocha, reconoce entre el 5% y el 3% del PIB, entre 1985 y 1.998.

La insistencia en la fórmula, “apertura, cultivos tropicales, glifosato y maquila”, es insólita. Después de quince años de fracaso, incluido el del café tropical, no es posible que al país se le proponga lo mismo. Un dato, omitido por Hommes, que tiene el mismo libro de Rocha (pág. 49), permite hacer objeciones a la vieja pócima presentada con nuevo empaque. En 1.987 había sembradas en los 7 departamentos de la Orinoquía - Amazonía, 30.200 hectáreas de maíz, 86.900 de arroz secano y 3.030 de soja. Para 1.990 esos cultivos habían crecido a 102.700 hectáreas, a 120.100 y a 29.320, respectivamente, a un ritmo anual para el maíz y la soja mucho mayor de lo que crecían la palma africana y la yuca. En 1.996, después de haber sido decretada la apertura, los cultivos transitorios cayeron en esa zona, como en el resto del país, en picada. El maíz rebajó, entre 1990 y 1996, 14.000 hectáreas, el arroz perdió 40.000 y la soja casi desapareció al bajar más de 22.000. En total se perdieron 85.000 hectáreas, que no fueron absorbidas por los reputados cultivos tropicales, los que apenas se ampliaron en 20.000, y casi todas las otras, 65.000, se destinaron a cultivos ilícitos, los que allí crecieron, entre 1992 y 1998, de 20.000 a 72.000 hectáreas. ¿ Nada tiene que ver la rebaja de aranceles agrícolas con esta “singular” sustitución o es que “el mal colombiano” está, en últimas, como también afirma la DEA, en la “perversidad natural” de los colombianos, es su “ventaja comparativa”?

Ese tipo de sustitución -aclara el mismo Rocha- se favorece en zonas de abandono institucional, como en otras, diferentes, se dio hacia la ganadería. Lo mismo con las migraciones; ¿ O es que no son los “raspachines” quienes ayer trashumaban recogiendo las cosechas semestrales hoy inexistentes? Y, en cuanto a precios relativos se refiere, cualquiera sabe que, en la economía campesina, los ingresos se destinan a cubrir los costos de producción pero, especialmente, a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el consumo de alimentos y bienes que no elabora, “produce para comer”. En ese orden de ideas, ¿ no fue más perjudicial suprimir en 1993 el IDEMA que tenía como misión llevar estos géneros baratos a los sectores marginales, provisión que hoy está intervenida hasta por la especulación financiera?

Y en cuanto a los Flujos de Capitales Encubiertos (FCE) es peor. Hommes cuando inauguró la expedición de títulos y bonos de deuda, para ser adquiridos en las Bolsas de Valores hasta por personas naturales anónimas, creó una nueva “ventanilla siniestra”; ¿Vamos a echarnos el cuento de Caperucita que con el libre flujo de capitales y mercancías no se favorecen el “lavado de dólares” y el contrabando? Este último también con nuevas figuras como la subfacturación y la sobrefacturación o el “ingreso lícito” de mercancías adquiridas a dólar de menor costo. El “mal colombiano” no está en la maldad de los colombianos, está en el modelo económico neoliberal que además potencia todas las secuelas de la economía subterránea. La incidencia real de ésta sobre toda la organización no debe englobarse artificiosamente para tapar las causas últimas del desastre, el verdadero origen de la fiebre. A esos ardides se dedican los neoliberales criollos, diplomados por la DEA, ya no el Departamento de Economía de los Andes sino la Drug Enforcement Administration.

Publicado en La Tarde, Pereira Noviembre 19 de 2002