COMUNICADO DEL
SENADOR JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO
En el caso de los medicamentos genéricos Uribe
Vélez cedió a las exigencias de Estados Unidos
Con la
expedición por parte de Álvaro Uribe Vélez del decreto 2085, el cual le
prohibirá a la industria farmacéutica nacional la producción de nuevos
medicamentos genéricos, hasta por cinco años, el gobierno, como era previsible,
se sometió a los intereses de las multinacionales, que a través del gobierno de
los Estados Unidos venían presionando para que se impusiera esa decisión
antinacional, bajo el sofisma de la protección de los derechos de propiedad
intelectual.
Indigna aún más
el apresuramiento mostrado en producir el decreto, para usarlo como carta de
presentación en la visita a Washington, que advirtió perentoriamente que las
"ventajas" que Colombia obtendría con la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas, Atpa, estarían en entredicho si no se tomaba esa
determinación. En síntesis, Uribe concedió mansamente una prerrogativa que
afectará la salud de la población y golpeará la industria farmacéutica
nacional, a cambio de unos beneficios comerciales dudosos, que principalmente
benefician a las propias compañías norteamericanas que son las que hacen la
mayor parte de las exportaciones del país.
Las graves
consecuencias de esta decisión son incalculables en el mediano y largo plazo. Pero
baste decir que los medicamentos "de marca" son más costosos que los
genéricos entre 60% y 80%; que las entidades de salud pública deberán asumir
costos anuales de cientos de miles de millones de pesos más, y que las
condiciones de competencia de la industria nacional con las trasnacionales se
complicarán aún más.
Resultan falaces
todos los argumentos utilizados para defender la decisión oficial. En primer
lugar, el de que los famosos derechos de propiedad intelectual estimulan las
iniciativas que conducen al desarrollo, cuando se sabe que uno de los baluartes
del progreso de los países industriales fue, durante todo el siglo XIX y parte
del XX, su explícita negativa a aceptarlos, y cuando los avances científicos
deben ponerse al servicio de la solución de las carencias de la humanidad y no
en provecho de los magnates del mundo. Pero también los hechos han demostrado
que no era cierto, como se dijo a comienzos de la década pasada, que si
Colombia se allanaba a la introducción de patentes, como en efecto se hizo, se
dispararía la inversión extranjera en el sector. Lo que sucedió fue que las
factorías extranjeras de drogas pasaron de 31 a 11, y el promedio de su
inversión anual que entre 1994 y 1998 fue de 70 millones de dólares, bajó,
entre 1999 y 2000, a 37 millones. Además, sus importaciones superaron los US$
420 millones.
La decisión
gubernamental también confirmó los temores expresados por empresarios
nacionales del sector, que advirtieron oportunamente sobre los "tremendos
costos económicos y sociales" que ocasionaría, y quienes también han
denunciando que el gobierno ha permitido que en las reuniones en las que se
define la posición colombiana frente al Área de Libre Comercio de las Américas
(Alca) participen masivamente los abogados de las trasnacionales que operan en
el país.
Lo que sigue,
entonces, es preparar la resistencia civil de la mayoría de los colombianos,
para que ni las medidas contra la producción de medicamentos genéricos, ni la
grave amenaza del ALCA logren concretarse.
Septiembre 25 de 2002