IMPACTOS
DEL AFTA (Andean Free Trade Agreement)
Por Aurelio Suárez Montoya, Director Ejecutivo de
la ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA- Colombia- y
Presidente de UNIDAD CAFETERA.
Pronunciado en FORO realizado en el edifico Rayborn
del Congreso de los Estados Unidos el 10 de noviembre de 2005, auspiciado por
la representante demócrata de Illinois – Jan Schakovsky.
La población rural de Colombia es de doce
millones de habitantes, más de ¼ de la población total. Según el Ministerio de
Agricultura, en 2004, siete de cada diez de estos habitantes se encuentran por
debajo de la línea de pobreza, más del doble que en 1992, según lo registró
entonces el Banco Mundial. Actualmente, en el campo colombiano se aprovechan 50
millones de hectáreas y se pueden diferenciar tres grandes sectores
productivos: el sector que produce especialmente para el mercado interno
(arroz, maíz, soya, cereales en general, papa, fríjol y otras leguminosas,
algodón, panela, frutas y algo de aceite de palma), el sector dedicado con
prioridad a las exportaciones (cultivos tropicales permanentes, como banano,
café, plátano, azúcar, flores y algunas frutas tropicales) y el sector pecuario
(principalmente de ganado de carne y leche, avicultura y porcicultura). Entre
1991 y 2001, el PIB agropecuario anual creció en promedio 1,25%. Los campesinos
e indígenas participan con el 67% de la tierra cultivada en productos
agrícolas.
El total de la tierra con vocación agrícola es de 14
millones de hectáreas, de las cuales se están explotando sólo algo más de 5
millones. En sentido contrario, la ganadería, que representa hoy el 43,5% de la
producción agropecuaria, ocupa 40 millones de hectáreas, sobrepasando por más
de 20 millones la cantidad de tierra clasificada con este uso potencial. Otros
5 millones están en bosques.
Los cultivos tropicales, incluyendo el café, son el
40% del PIB agropecuario y el resto (16,5%) lo completan los cultivos dedicados
al abastecimiento del mercado nacional. Antes de 1990, previamente a la
liberalización de la economía, la ganadería era tan sólo el 33% de la
producción rural total, los cultivos tropicales para exportación representaban
el 41, 5% y los proveedores de alimentos y productos agrícolas para el mercado
colombiano eran el 24,5%. Lo perdido en cultivos semestrales, casi un millón de
hectáreas, se trasladó en una buena proporción a la ganadería. Los géneros
tropicales, a pesar de la caída del café en más de 300.000 hectáreas,
mantuvieron su participación en el PIB debido al crecimiento en cultivos de
palma africana y caña de azúcar.
Aunque quienes poseen ganado son varios centenares de
miles de propietarios y el tamaño promedio del hato es de 10 reses, las mayores
y casi las mejores extensiones de tierra, las del 1% de los ganaderos con hatos
de más de 500 ejemplares, se han destinado a la cría y engorde de ganado, a
ganadería no especializada. La producción de bienes exportables como flores,
azúcar y banano, exceptuando el café, está controlada por grandes propietarios,
grupos empresariales o empresas internacionales, algunas de las cuales también
administran el comercio de esas exportaciones. La producción de cereales,
oleaginosas y alimentos en general reposa en pequeños y medianos productores.
Este arreglo productivo está asociado a una desigual distribución de la tierra
en Colombia, la cual ha sido una constante en la historia del país; y, desde la
apertura de la economía se volvió aún peor. Cálculos prediales recientes
estiman que los dueños de más de 500 hectáreas, que son el 0,6% de los
propietarios, poseen el 62,6% de la tierra.
Las
importaciones agrícolas pasaron, de 1990 hasta 2004, de 700.000 toneladas a más
de 10 millones, incluyendo los artículos procesados; los principales
perjudicados por la sustitución de bienes nacionales por importaciones fueron
los pequeños y medianos productores. Solamente entre 1990 y 1998 las compras
externas de maíz, cebada, trigo y soya sumaron 17.879.000 toneladas y las de
todos los géneros agrícolas, en el mismo período, más de 26 millones de
toneladas. Entre 1990 y 2000, la producción colombiana de trigo por habitante
se redujo en 69%, la de arroz en 13%, la de cebada en 87%, la de maíz en 13% y
la de papa en 12%,
2. La política agrícola en Colombia
Las políticas de apoyo al sector agrario
colombiano fueron desapareciendo durante el período de aplicación de las
reformas estructurales del Consenso de Washington, a comienzos de los 90. En
2001, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue, en términos nominales,
la mitad del que estaba establecido en 1996 y en los últimos tres años ha sido
inferior al 1% del presupuesto nacional. La iniciativa pública en ciencia y
tecnología es el 10% de ese presupuesto, el crédito de fomento desapareció y
apenas el 15% del crédito con tasas de interés comerciales se coloca en
pequeños productores La principal protección para los productores campesinos y
pequeños y medianos empresarios que cosechan para abastecer el mercado interno
consiste en los aranceles fijados para algo más de ciento veinte posiciones,
acordes con el Sistema Andino de la Franja de Precios, que suman 1.400 millones
de dólares al año. En el AFTA está convenido que, al menos en cuanto a las
importaciones provenientes de Estados Unidos, tales aranceles serán eliminados.
Solamente quedan, principalmente orientados a apoyar las exportaciones, algunos
Fondos de Estabilización de Precios. Las ayudas estatales no hacen parte de la
política sectorial y se recurre a ellas exclusivamente en situaciones de suma
emergencia y en no pocas ocasiones ante las manifestaciones de inconformidad de
indígenas, campesinos y productores, reprimidas la mayor parte de las veces con
exceso de violencia oficial, con agresiones e incluso muertes.
La especialización en productos tropicales,
que se presenta en el AFTA como una gran oportunidad para los campesinos y
productores agropecuarios de Colombia, tiene en el café un triste antecedente.
Siendo éste el principal producto de la economía agrícola colombiana, que ocupa
en la actualidad el 30% de la fuerza de trabajo rural, el 8% del empleo
nacional y el 18% del área cultivada, sufrió serios quebrantos desde la
eliminación del Pacto Mundial de Cuotas del Café. Desde entonces se han perdido
trescientas cincuenta mil hectáreas sembradas, la producción anual descendió de
16 millones a 11 millones de sacos de 60 kilos, la participación en las
exportaciones mundiales cayó de 16% a 9%, desplazada por cafés robustas y de
calidades inferiores, y hoy los peores índices de desempleo están en las zonas
cafeteras, que, según las Naciones Unidas, vienen mostrando los mayores
deterioros en términos de desarrollo humano y calidad de vida, tanto que ya se
habla de la presencia de cultivos ilícitos en extensas áreas donde
históricamente no existían.
Colombia pasó de ser el segundo exportador mundial a
un tercer lugar, desalojado por Vietnam, y ahora, de manera insólita, es
seguido por Alemania, país que ya reexporta un volumen casi igual a las ventas
anuales externas colombianas de café. El ejemplo de la caficultura, que ha
gozado de reconocidas y tradicionales ventajas comparativas en calidad, sirve
de enseñanza para las iniciativas comerciales en este tipo de productos
tropicales, cuyas ofertas a escala mundial terminan superando la demanda al ser
lanzados a este tipo de bienes los productos agrícolas de más de 60 países del
mundo con tales características ecológicas. Allí, el mercado escoge por los precios,
y, así, se libra una tenaz competencia
entre los proveedores de los distintos orígenes para ingresar a él con bajos
precios, lo que se traduce en ruina y miseria para todos.
Estados Unidos ha venido acometiendo una calculada
estrategia para participar con mayor valor e incidencia en el mercado mundial
cafetero, en menoscabo de los países productores y, en particular, de los que
benefician las mejores calidades. Para reingresar a la Organización
Internacional del Café (OIC), demandó la eliminación de la Resolución 407 de
esa organización, que prohibía el comercio exterior de los granos que mostraban
alguna proporción de defectos en cada lote y grados de humedad por fuera de los
estándares permisibles. Dicha resolución fue sustituida por la 420, que sólo
exige que los despachos contengan la clasificación según la calidad, pero no
exime de contrato de compraventa a ningún embarque, cualquiera que sea. Ya no
es obligatorio inhibirse de comercializar ningún embarque.
Como si lo anterior fuera poco, los negociadores
estadounidenses en el AFTA, en la mesa de Normas de Origen, han solicitado la
presencia de terceros países en los cafés solubles, tostados y molidos. Eso
significa que la industria tostadora norteamericana podría exportar esas
mercancías a Colombia, Perú y Ecuador, pero ahora procesadas con café de países
centroamericanos, africanos, de Brasil o asiáticos. Es realmente una solicitud
inaceptable, que golpea con rigor a caficultores colombianos que hoy surten con
un millón y medio de sacos el consumo nacional, como también afecta a la
industria procesadora colombiana. Una proposición que crea más problemas de los
que resuelve, pero que se enmarca dentro de las características dominantes del
libre comercio cafetero, a saber: el incremento en la participación en el
mercado de las calidades inferiores, como los robustas y los arábigos no
lavados, y la reexportación del 30% del café transado mundialmente desde los
grandes mercados hacia mercados subsidiarios, como Alemania lo hace con Europa
Oriental o Estados Unidos con Canadá, ganando todavía más en la renta final del
negocio y quebrantando la de los países productores.
Si bien es
innegable la afectación del AFTA a toda la agricultura colombiana, y así lo
comprueban estudios del mismo gobierno, existen casos más severos en los cuales
las negociaciones han consolidado ya posiciones demasiado desventajosas.
Según el Ministerio
de Agricultura, la producción de trigo, cebada y avena está concentrada en los
departamentos (regiones) de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. Allí un conglomerado
humano de 25.000 familias, ubicadas en zonas secas, frías y elevadas, vive
directamente de la producción de estos cereales y son el 100% de lo que de
ellos todavía se produce en Colombia. Según el mismo Ministerio, en Boyacá el
72,53% está por debajo de la línea de pobreza y 4 de cada 10 personas es
indigente, en Nariño la situación es más o menos igual. En la negociación del
AFTA ya se acordó que el trigo, la cebada, la avena y todos sus subproductos
industriales ingresarán a Colombia desde la iniciación del Tratado con arancel
del 0%. Es evidente que dichas familias no tendrán cómo competir con productos
que llegarán a precios por debajo del costo de producción.
En el caso del maíz
y del algodón sucede algo similar. En la región de Córdoba se origina la mitad
del algodón de Colombia y una tercera parte del maíz. Allí la población por
debajo de la línea de pobreza es del 72% y más de tres de cada diez personas es
indigente. En las negociaciones ya se acordó que el algodón ingresará también
sin arancel desde el inicio del AFTA y Estados Unidos aspira a un contingente
de más de un millón y medio de toneladas de maíz con arancel cero desde el
primer año.
En cuanto al arroz, la producción en riego se
hace en más de la mitad del total nacional en la región del Tolima, la que en
2005 presenta, por los fracasos de otros productos como el café, el mayor
índice de desempleo de Colombia, 21%. Estudios oficiales insisten en la alta
dependencia de esta región de la suerte del arroz. En 40 localidades del Tolima
el cultivo del arroz es fuente vital para la economía local.
Las ayudad internas a los
productores de Estados Unidos juegan un papel clave en la definición de la
competencia en todos estos bienes ya que, en costos por tonelada, con excepción
del maíz y la soya, son menores los colombianos que los estadounidenses.
En 1992, de 211.700
hectáreas sembradas en hoja de coca, en Colombia había 37.100. A pesar de los
esfuerzos y recursos gastados en las políticas antidrogas de los gobiernos de
Estados Unidos y Colombia, en 1999 alcanzó a 160.000 hectáreas y en 2005
subsisten 90.000. Esa política, fundada en la aspersión por vía aérea de
glifosato en alta concentración sobre más de 1’00.000 hectáreas en los últimos
diez años, de desmantelamiento de laboratorios procesadores y de decomisos de
embarques, no ha minado el narcotráfico en este país. Las mayor parte de las
siembras en 1995 estaban en la región del Guaviare, en 2000 se trasplantaron a
la del Putumayo y ahora están en la de Nariño.
Los desastres de la
agricultura campesina e indígena mucho tienen que ver con lo ocurrido. Las
difíciles condiciones de competencia por la imposición de bajos precios internos
para las cosechas, muchas veces por debajo de los costos de producción, con dumping, hacen muy difícil la
subsistencia de miles de familias rurales. El 60% de esa producción está en
manos de pequeños productores; en la zona suroccidental de Colombia, la que ha
presentado mayores niveles de minifundio; están involucradas casi 70.000
familias. Documentos de la ONU, al estudiar la agricultura de las regiones
Amazonia y Orinoquia, donde se han cultivado los mayores volúmenes de hoja de
coca, muestran que allí las hectáreas de cultivos semestrales o transitorios
decayeron en más de 90 mil hectáreas, entre 1990 y 1996, mientras que las de
cultivos de hoja de coca, para esos mismas provincias, alcanzaban en 1998 más
de 70.000 hectáreas, el 85% de todo el país. Y ratificando lo anterior, en la
región de Nariño, en el mismo año 1998, había escasamente 100 hectáreas de
coca, pero en diciembre de 2004 ya había 14.200 hectáreas, cerca del 16% del
total sembrado.
¿Cuánto más crecerá
el cultivo de coca allí con la quiebra del trigo, del cual ahora viven más de
una decena de localidades nariñenses? Similar pregunta podría hacerse para el
caso del algodón en Córdoba, de la cebada en Boyacá o del arroz en el Tolima.
Puede concluirse que los impactos del AFTA
sobre la agricultura colombiana serán una ampliación de los ocurridos en la
primera etapa de liberalización del comercio. AFTA lleva ese proceso a límites
extremos. Por consiguiente, lo esperado es el incremento de la pobreza, el
desempleo, la concentración mayor en la tenencia de la tierra, la disminución o
desaparición de los cultivos de cereales y oleaginosas y de los que hoy
abastecen el mercado interno, en muchos de los cuales la ruina no se da por
altos costos sino por la competencia desleal que se pactó en la mesa de
agricultura. El sector agropecuario queda casi completamente desamparado.
Finalmente, hay evidencia suficiente para suponer un
incremento o, al menos, la persistencia en cultivos de hoja de coca y amapola
con las secuelas de violencia y desplazamiento que ello trae consigo. La
estrategia del gobierno de Colombia de “entregar porciones del mercado interno
para alcanzar nuevas porciones en el externo” no es consecuente con la realidad
ni con la experiencia vivida en frutos como el café. La relación
costo-beneficio del AFTA para el sector agropecuario colombiano es negativa y
ello tendrá repercusiones en el resto de la sociedad colombiana en términos de
estabilidad social y bienestar general, incluyendo los efectos en materia de
dependencia alimentaria al abandonar el cultivo de los productos que componen
la dieta básica de la población y especializarse en productos tropicales. Es
difícil pensar que la nación y la sociedad de Estados Unidos quieran esto para
el pueblo colombiano. No es fácil creer que en las negociaciones no sea un
sentimiento solidario el que se esté reflejando.
Muchas gracias.
Washington, noviembre de 2005.
IMPACTS OF AFTA
ON THE COLOMBIAN AGRICULTURAL
SECTOR
Por Aurelio
Suárez Montoya, Executive Director, ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN
AGROPECUARIA- Colombia- and Unidad
Cafetera’s President.
1.
The Colombian Agriculture panorama
The rural population of
The total amount of land classified
as suitable for agriculture is 14 million hectares, of which only 5 million are
cultivated. On the other hand, cattle
which represents 43.5% of agricultural production, occupies 40 million
hectares, exceeding by over 20 million hectares the amount of land classified
for this use. Another 5 million hectares
are held in forests.
Tropical crops, including coffee,
represent 40% of the GNP from agriculture and the rest (16.5%) comes from crops
dedicated to supplying the national market.
Prior to 1990 and before the liberalization of the economy, cattle
represented only 33% of the total rural production, tropical crops for export
represented 41.5% and the suppliers of agricultural products and foods for the
Colombian market represented 24.5%. The
nearly one million hectares that were lost in production of seasonal crops were
transferred to a large degree into cattle production. The tropical
crops, despite the loss of coffee in
more than 300,000 hectares, maintained its participation in the GNP due to
growth in the production of African palm and sugar cane.
Although cattle is held by
several hundred thousand owners with the average herd consisting of 10 animals,
the largest and best extensions of land belong
to 1% of the ranchers with herds of more that 500 animals and have been
designated for raising and fattening of cattle and non-specialized cattle
raising. The production of exports such as flowers, sugar and banana, with the
exception of coffee, is controlled by large landowners, business groups or
international companies, some of which also administer the trade of these
exports. The production of cereals, oils
and food in general rests is carried out by small and medium producers. This production arrangement is associated
with unequal distribution of land in
. Between 1990 and 2004, agricultural imports
grew from 700,000 tons to over 10 million tons, including processed goods;
those principally impacted by the substitution of national goods by imports
were the small and medium producers. Between 1990 and 1998 alone, foreign
purchases of corn, barley, wheat and soy totaled 17,879,000 tons and foreign
purchases of all agricultural commodities for the same period totaled more than
26 million tons. Between 1990 and 2000
Colombian production of wheat per inhabitant was reduced by 69%, rice 13%,
barley 87%, corn 13% and potatoes 12%.
2. Agriculture Policy in
Support policies for the Colombian
agricultural sector were dismantled during the period of application of the
Washington Consensus structural reforms beginning in the 1990s. In 2001 the budget for the Ministry of
Agriculture, in nominal terms, was one half of what had been established in
1996 and in the last three years it has been less that 1% of the national
budget. The public spending on science
and technology is 10% of this budget, promotional credit disappeared and only
15% of the credit at commercial interest rates is placed with small
producers. The principal protection for
peasant producers and small and medium business people who harvest to supply
the domestic market consists of fixed tariffs in over 120 positions, in
accordance with the Andean System of Price Bands which amounts to $1,400
million dollars per year. Under AFTA
these tariffs would be eliminated for imports coming from the
3. The experience of
Colombian coffee and the opportunity of the open market
The specialization in tropical
products which is presented in the AFTA as a great opportunity for Colombian
peasants and farmers has a sad precedent in the case of coffee. As the principal product of the Colombian
agricultural economy, currently occupying 30% of the rural work force, 8% of
national employment and 18% of cultivated land, coffee suffered serious damage
with the elimination of the International Coffee Agreement. Since then, 350,000 hectares have been lost
and annual production dropped from 16 to 11 million 60 kilo sacks. Coffee’s share of exports fell from 16 to 9%,
and what remained tended to be Robusta and lower quality coffees. Today, the
worse indices for unemployment are in the coffee growing regions. According to
the United Nation, these regions demonstrate the greatest deterioration in
terms of human development and quality of life – and the presence of illicit
crops in extensive areas where historically they have not existed is now
acknowledged.
The
As if this were not enough, in AFTA
US negotiators on Rules of Origin have requested the presence of third
countries in soluble, roasted and ground coffees. This means that the North American roasting
industry could export its products to
4. Sensitive Products in the
Free Trade Agreement
The negative impact of AFTA on all Colombian
agriculture is undeniable, as demonstrated by the government’s own
studies. Beyond that, there are
particularly severe cases where the negotiators have already taken extremely
disadvantageous positions.
According to the Ministry of
Agriculture, the production of wheat, barley and oats are concentrated in the
departments (regions) of Boyacá, Nariño and Cundinamarca. Some 25,000 families live in these dry, cold
and elevated zones, relying on the production of these cereals and producing
100% of what is still produced of these grains in
In the case of corn and cotton the
situation is similar. Half of the cotton
and one third of the corn produced in
Over half of the irrigated rice
production at the national level comes from the region of Tolima, which due to
failures in other crops such as coffee, has an unemployment index of 21%, the
highest in
Domestic support to US producers
plays a key role in the definition of competition for all of these goods
because in terms of cost per ton, with the exception of corn and soy, these
supports are less in
5. Illicit crops and free
trade
In 1992, of the 211,700 hectares planted in coca leaf,
37,100 were in
This situation is linked to the
agricultural disasters experienced by peasants and indigenous. Difficult conditions for competition due to
the imposition of low internal prices for crops, often many times below the
cost of production through dumping, make the subsistence of thousands of rural
families very difficult. Sixty percent of coca production is in the hands of
small producers. In the southwestern
zone of Colombia which has presented the highest levels of minifundio; almost
70,000 families are involved. United
Nations documents examining agriculture in the Amazon and Orinoquia where the
greatest volume of coca leaf has been cultivated, demonstrate that the hectares
dedicated to seasonal or transitory crops fell by more than 90,000 hectares
between 1990 and 1996 while the cultivation of coca leaf in these same regions
reached more than 70,000 hectares in 1998 – 85% of the country’s total
production. To further underscore this
point, in the region of Nariño, in the same year -1998- there were scarcely 100
hectares of coca however by December of 2004, there were already 14,200
hectares - nearly 16% of the total cultivation.
With the collapse of wheat, which is
currently the means of subsistence for over 12 localities in Nariño, how much
more land will go into coca production?
A similar question can be posed for the case of cotton in
6. Conclusions
From what has been stated, it can be concluded that the impact of AFTA
on Colombian Agriculture will be an expansion of what has occurred in the first
stage of trade liberalization. AFTA
takes this process to extreme limits. As
a result, what can be expected is an increase in poverty, unemployment, greater
concentration of land ownership, and the reduction or elimination of the
production of cereals and oils that currently supply the domestic market? In many cases, the collapse will be provoked
not by high costs but by unfair competition which has been agreed to in the
agricultural negotiations. The agricultural sector is left virtually
defenseless.
Finally, there is sufficient
evidence to assume an increase or at minimum a persistence in the cultivation
of coca leaf and poppy as well as the violence and displacement that is linked
to the cultivation of illicit crops. The
Colombian government’s strategy of “surrendering portions of the domestic
market in order to capture new portions of the external market” is not
consistent with the reality or the lived experience in fruits such as
coffee. The cost-benefit relation of
AFTA for the Colombian agricultural sector is negative and will have
repercussions in the rest of Colombian society in terms of general social
welfare and stability as well as the effects of food dependency as a
consequence of abandoning production of crops which compose the basic diet of
the population in order to specialize in tropical products. It is difficult to conceive that the country
and the people of the
Thank
you very much.
November,
2005