Una Reforma Tributaria contra el trabajo agrícola
Aurelio Suárez Montoya
El gobierno de
Uribe Vélez, como lo manifestó en Washington, "está haciendo las
tareas". Y la más importante es el cumplimiento en el pago de los
préstamos contratados, en tanto los flujos de capital financiero tienen en el
crédito público el primero de sus filones. El endeudamiento de la Hacienda
Nacional es la variable más determinante de la política económica; la política
fiscal, orientada a vivir del crédito y para el crédito, cada vez causa mayores
estragos. Nadie puede olvidar que Colombia pasó de adeudar 9,5 billones de
pesos en 1990, por los cuales en 1991 pagó $850.534 millones de intereses y
amortizaciones, nueve pesos por cada cien que tenía prestado, a deber casi 90
billones en 2001 por los cuales deberá cancelar en el transcurso de este año más
$22.5 billones, cerca de $25 por cada cien que adeuda. Es decir, la deuda
pública creció en tamaño y en costo. Lo más grave es que, al relacionarla con
la producción nacional en 1.995, era el 27% del PIB y ahora es el doble: el
54%. La honra de los pagos de intereses y amortizaciones en el año 2002 nos
valdrá a los colombianos $63.000 millones diarios. Una suma insostenible para
los hogares y para el Estado.
Esta situación
se gestó desde 1990. La apertura económica, que significó el libre ingreso de
mercancías y capitales y que produjo importaciones superiores a las
exportaciones, causó el mayor desequilibrio en la balanza de pagos del país en
su historia. Por tal motivo Colombia se entrampó en la financiación de dichos
déficits originados en el comercio exterior con los capitales que cayeron a
granel para tal propósito. Al principio, los creadores del monstruo, Hommes y
Junguito, el uno como Minhacienda y el otro como gerente de Banrepública,
estaban felices porque los dineros foráneos, incluidos algunos ilícitos
repatriados, permitían una financiación fácil por la vía de la expedición de
Títulos del Tesoro, TES. Poco a poco, "la maquinita" de TES se fue
volviendo más explosiva: los déficits externos, creados tanto en el comercio
como en la balanza de capital, exigían su febril funcionamiento. Esos déficits
se repitieron en 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, hasta sumar, año por año, más
de 26.000 millones de dólares. En 1999 y 2000, a pesar de los excedentes
mercantiles ocasionados por el petróleo y la recesión, los compromisos de pago
también produjeron, por sí solos, operaciones externas negativas. Los ingresos
corrientes del país cada vez alcanzaban menos para financiarlas y se inició,
por un lado, una cascada de reformas tributarias y, por el otro, el derrumbe de
la economía, tanto por los quebrantos infligidos por la apertura como por las
nuevas secuelas acarreadas: los ciclos alternos de altas tasas de interés y de
fuertes devaluaciones según los requerimientos de financiación del Estado, ora
en pesos ora en dólares. En 1999, ante la gravedad de los hechos, intervino el
FMI y, con la anuencia de los neoliberales criollos, volvió dogma la
"reducción del gasto público, con excepción del pago de los intereses de
la deuda". En este drama de doce años se han sucedido seis reformas
tributarias y dos "conmociones interiores" con sendos tributos
especiales, 3 X1000 y Bonos de Guerra. La principal herramienta impositiva ha
sido el incremento de la base de artículos gravables y el porcentaje del IVA. Al
respecto debe conocerse que el recaudo tributario, en pesos reales entre 1990 y
2001, creció un 75% y, como lo recibido por renta e importaciones se redujo en
30% y 50% respectivamente, por concepto del IVA interno, con sus onerosas tasas
y su universo gravado que ya llega hasta el 50% de la canasta familiar, se
incrementaron los ingresos tributarios en un 150% en el mismo lapso. También el
IVA a las importaciones que, al final, lo pagan los hogares, creció en un 133%.
La política
económica de Uribe es la misma en esencia, sólo que más agresiva. El proyecto
de Reforma Tributaria que soporta el Presupuesto de 2003 llega a terrenos
vírgenes de la producción y el consumo que sus antecesores no se atrevieron a
hollar. No quedó casi especie animal o vegetal, producto agropecuario, bien o
servicio excluido del ingreso al régimen del IVA, desde las gallinas hasta los
marranos, aguacates y chirimoyas, pasando por las semillas, el café, incluso
tostado; empaques, herramientas de mano agrícola, guadañadoras, equipos de
ordeño, los cereales procesados, la fumigación aérea o terrestre; los abonos,
agroquímicos nitrogenados, fosfatados y potásicos; los insecticidas,
herbicidas, fungicidas, además las materias primas con que se producen; el
riego para cosechas, la recolección mecanizada de las mismas, la preparación de
la tierra y su limpieza, el desmote de algodón; la trilla, el secamiento y el
acopio, la asistencia técnica del sector y tractores, entre otros. De los $1.4
billones que vienen de la ampliación de la base gravable del IVA, el campo
aportará una proporción considerable y, aunque este impuesto lo termina
sufragando el consumidor, serán muchos los casos en que los campesinos y
productores no podrán efectuar los descuentos ni trasladar todo lo pagado con
lo cual sus costos de producción subirán y la exigida competitividad cada vez
será más lejana. ¡Ahí si no chilla Armando Montenegro, defensor de las
importaciones de alimentos a nombre de los consumidores y de la baja inflación!
Entiende que esta plata es para cumplirles a sus clientes prestamistas del
capital financiero.
Uribe sigue
desfalcando las esperanzas de quienes las cifraron en él. Ahora el reto
corresponde a los congresistas que tanto hablaron en defensa del campo. Los
Gómez Gallos, Mehregs y Hurtados Canos que ondearon estas banderas deberán
actuar en consecuencia así sea a costa de que los revoquen. Las organizaciones
agropecuarias consecuentes no tienen más camino que rechazar el engendro y
llamar a la resistencia contra él.
Octubre 15 de 2002