Correo
Aurelio Suárez- 09 de Octubre de 2006.
LA MÁS REGRESIVA LEY AGRARIA DE LA HISTORIA DE COLOMBIA
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
En la
comisión Quinta del Senado, con cuestionados procedimientos y mínima mayoría,
se aprobaron cerca de 140 artículos de los más de 160 que componen la Ley de
Desarrollo Rural o Estatuto Rural. Este proyecto, el de trámite más avanzado en
la agenda del segundo gobierno de Uribe, concreta la intervención del Estado
para el ordenamiento del agro colombiano a tono con el TLC y con los
arreglos acaecidos en las áreas rurales de Colombia en los últimos veinte años,
en los que fueron desplazados 3.6 millones de personas, el 82% en
la última década. La producción de “bienes transables de tardío rendimiento,
bosques y servicios ambientales” y el “ajuste radical” de la economía campesina
son las directrices de ese Estatuto.
Al
desconocerse el mandato constitucional de brindar “debida protección a la
producción de alimentos”, se recurre al manejo autócrata del territorio a fin
de imponer la meta gubernamental para 2020 de siete millones de
hectáreas sembradas en cultivos tropicales como palma aceitera, cacao,
yuca y forestales y demás de las cadenas agro exportadoras. El instrumento para
los fatales fines es el INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Las
orientaciones emanadas del ministerio de Agricultura y del Consejo Directivo de
ese Instituto, donde el poder se concentra en esa cartera, en la de
Planeación y en la de Medio Ambiente, guiarán la gestión en Proyectos Productivos
que demanden apoyo estatal, en Reforma Agraria, en Asistencia Técnica, en
Adecuación de Tierras y Riego, en delimitación de Resguardos Indígenas y
Consejos Comunitarios de Negritudes, en Extinción de Dominio de bienes rurales
y clarificación de la propiedad y deslinde de tierras, en administración de
baldíos, incluyendo zonas de colonización, de reserva campesina y de Desarrollo
Empresarial.
Los
lineamientos del Estatuto para imponer políticas son los más regresivos
consignados en la legislación colombiana. Se condiciona el crédito y la
promoción gubernamentales a la producción vinculada a la exportación, la acción
institucional en la asistencia técnica se limita a “estimular la creación” de
prestadores del servicio por el que los clientes rurales pagarán, igual pasará
con las obras adecuación, para las que los usuarios recibirán un subsidio
que “ayude” en el pago correspondiente, y se avisa que la administración de los
actuales distritos podría darse a entes distintos a las asociaciones de usuarios.
El Estado abandona vitales funciones, las privatiza.
Lo más
perverso corresponde a lo que como burla se insiste en llamar Reforma
Agraria. Se reduce a un subsidio, entregado a los supuestos beneficiarios, para
completar el pago efectuado a los oferentes de la tierra en un mercado donde el
Estado juega el papel de “asistir” la transacción; esto si y sólo si existe un
plan productivo aceptado por INCODER. Se contempla la reestructuración de los
Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios, verificando sus límites
desde las cédulas coloniales y prohibiendo su ampliación, si ha lugar,
con predios invadidos o que “se pretendan invadir”. Los planes de colonización,
especiales de adjudicación y de reservas campesinas tienen como demarcación la
Unidad Agrícola Familiar (UAF).
Mientras esta
receta se brinda a quienes solicitan tierra, el Estatuto prescribe que
empresas “que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la
ganadería, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos” sin la restricción
de la UAF , justificadas en “facilitar la
incorporación de sistemas modernos de producción que requieren alta inversión
de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia”. En igual
sentido, evadiendo el contexto de desplazamiento, establece que, quien
“creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías”, hizo explotación
económica y estable de un predio por cinco años, podrá exigir el dominio a su
favor y, así mismo, cambia la expropiación de los predios improductivos por su
compra según avalúo, aunque la mantiene para macroproyectos de “interés y
conveniencia estratégicos”. Mezquindad con los necesitados y regalías con
multinacionales, consorcios y rentistas y con quienes puedan legalizar
muchísimas hectáreas venidas del despojo.
Entregar
territorios a extranjeros para el desarrollo de la agricultura fue una
propuesta de Francisco de Paula Santander en los albores de la República; este
gobierno, que ve caer en picada la producción y el empleo rurales,
la resucita como “modernización”. Sin duda, la expedición del retrógrado
Estatuto, complemento del TLC, concretará más expulsiones de otros millones de
familias indígenas, negras, campesinas y agricultoras, ellas irán de la
agonía a la aniquilación.