SALVAGUARDIAS ESPECIALES AGROPECUARIAS: EL GUAYUCO DEL TLC

Aurelio Suárez Montoya, Marzo 17 de 2005

El ministro de Agricultura, Andrés Arias, tiene una pérfida tarea en el futuro inmediato: convencer a Colombia que el abandono en las negociaciones de Agricultura en el TLC del principal mecanismo de protección a la producción rural nacional, el Sistema Andino de Franjas de Precios, que  impide a los productos extranjeros con precios distorsionados a la baja entrar al mercado interno sin impuestos aduaneros, será bien sustituido por las Salvaguardias Especiales Agropecuarias.  Arias cuenta para su labor, además del aparato propagandístico del establecimiento, con una ventaja adicional: el ámbito técnico en el cual se da la discusión no facilita una comprensión masiva rápida del trascendental asunto.

Las Salvaguardias Especiales,  como se deriva de su mismo nombre, no se aplican a todos los cultivos sino que están limitadas a los productos que se consideran “especiales” o “sensibles”. Por “sensible” en la jerga contemporánea se entienden aquellos que son “importantes para la economía rural” o que “tienen impactos importantes en los ingresos fiscales”. Para Estados Unidos se han catalogado como tales: nueces, tabaco, lácteos, azúcar  y sustitutos de la mantequilla. Colombia anda definiendo los suyos en medio de la negociación del TLC pero parece que no van a estar, entre otros, lácteos, papa, soya, algodón y, tal vez, el maíz blanco y el trigo. 

No obstante,  el producto que se considere “sensible” tampoco queda a salvo. Sea el caso del arroz. La Salvaguardia Especial consistiría, como se negoció en el Tratado de Estados Unidos con Centroamérica, en la fijación de un cupo máximo de arroz gringo que puede entrar libre de aranceles (arancel cero) al país desde que se inicia el acuerdo. Si ese cupo se quiere superar en el mismo año, las cantidades adicionales entrarán pagando un arancel tope que se ha establecido, que para el caso de las importaciones de arroz Tailandés el año pasado fue del 20%. En la medida en la cual van pasando los años, el arancel se va reduciendo y el cupo libre va aumentando. La mal llamada Salvaguardia opera cuando en cualquier año el cupo de importaciones libre de impuesto autorizado por el Gobierno, por cualquier motivo, ha superado un 10% de la cantidad permitida, entonces se le aplica al resto un arancel máximo de castigo u otro acorde con los que se hayan registrado bien en el TLC o en la Organización Mundial del Comercio por un tiempo que se establece en el mismo Tratado.

De lo anterior queda claro que la salvaguardia especial no obliga a la compra de cosecha nacional y pasaremos de guatemala a guatepior.

Para cualquiera surgen inquietudes como: ¿Es posible que sean las cantidades y no el precio lo que dispare la Salvaguardia? En Centroamérica, para el arroz, se calculó que para una verdadera protección el arancel debería ser del 45% con una cotización de 200 dólares tonelada, valor que nunca ha alcanzado; esto es: por alto que sea el impuesto nada detiene una avalancha de precios bajos. Dicha avalancha puede no parar ya que sobre la causa principal de los bajos precios, sobre todo en cereales, oleaginosas y lácteos, entre los principales, que son los subsidios gringos que permiten a sus comerciantes exportar los productos a precios por debajo de los costos de producción, no hay correctivo; antes bien, con el tiempo los aranceles llegan a cero.

Las Salvaguardias conviven con esos subsidios, permanecen intocables, mientras Colombia  y los países andinos bajan sus defensas. Pero hay más: Estados Unidos exige que la célebre Salvaguardia sólo opere hasta cuando el arancel sea igual a cero; es decir desaparecerá en 10, 15 o 18 años. Es, al final, un instrumento transitorio de protección. La otra ganancia es que la superpotencia consigue para sus productos, de entrada con el acuerdo, que Colombia aplique impuestos inferiores a los que tiene registrados en la OMC, como no lo hacen países como la India, Brasil en unos casos o Venezuela. Y algo más: si acaso un producto como el arroz llega a ser castigado, otro sustituto como el trigo podría remplazarlo o, en el peor de los mundos, también  un producto manufacturado como el mismo arroz blanco si es que como bien industrial goza de impuestos inferiores.

El ministro Arias deberá entonces embaucar al país con las Salvaguardias, diciendo que “es mejor que lo que tenemos”, que es “mejor el guayuco que el abrigo”. La experiencia mejicana en el TLCAN brinda evidencia contraria: desde 1994 persiste  allí el sistema de Tarifas Arancelarias Cuotificadas para el maíz y ha arrojado que, contrario a lo previsto, la cuota libre sin sanciones se superó tres veces en 1996, 1998 y 1999; hasta 2000 las compras de maíz costaron 3.682 millones de dólares y las importaciones de arroz en México pasaron de 200 mil a 800 mil toneladas y el área cultivada de 300 mil a 40 mil hectáreas.

Pese a todas las secuelas, “los trabajos sucios” como el que le corresponde a Arias no dejan del todo malos balances personales: quienes los ejecutan después van al FMI o al BID  y al final se pensionan como codirectores del Banco de la República.